Funcionarios de la Casa Blanca en Bogotá le dijeron al diario El Tiempo que los fondos usados para gestionar la adquisición del software Pegasus se realizó con fondos lícitos dentro del Acuerdo de Cooperación existente entre los Estados Unidos de Norte América y Colombia, como parte de la lucha que se adelanta contra el narcotráfico exclusivamente.
Además, se dijo que dicha compra no fue consultada con el presidente de entonces Iván Duque, por ser parte de un procedimiento denominado “trámite de día a día” el cual se dejó de utilizar en el año 2022, antes de que el presidente Petro se posesionara de su cargo.
La investigación que se adelanta sobre este caso solicitada por el presidente Gustavo Petro toma un nuevo giro que pone de presente “la otra cara” de la política de Cooperación con USA, caracterizada por su afán de intervenir en los asuntos internos de los Estados con la complacencia o no de los gobiernos de turno, que se presta para este tipo de maniobras que en el fondo constituyen violaciones flagrantes del principio del derecho interno de los países y del derecho internacional público.
En esta ocasión tal situación constituye una forma velada de intervención que solo es posible en aquellos países que como Colombia son dependientes de los Estados Unidos desde el punto de vista económico, político y diplomático. Circunstancia esta que en el caso de Colombia se realiza a cambio de recibir de dicho país una suma de dinero para combatir el narcotráfico lo cual ocurre bajo la sombrilla de una aparente legalidad en los asuntos internos del país.
En este sentido el gobierno actual debe exigir no solo que se profundice la investigación sino de rechazar tal intromisión en los asuntos del país ya que dicho procedimiento de intervención constituye un acto de espionaje por cuanto no fue consultado con el gobierno legítimo anterior al del presidente Petro, en tanto no es improbable que dicho instrumento se haya utilizado subrepticiamente para espiar a personas y dirigentes políticos de la oposición o de ciertas organizaciones sociales, sindicales, de periodistas, etc., violándose con ello sus derechos a la libre expresión, de información y de prensa, etc.
Es un deber moral y político del pueblo colombiano a través de sus legítimos representantes en los diferentes órganos del poder público de exigir la realización de una investigación exhaustiva hasta sus últimas consecuencias ya que por ningún motivo es aceptable que otros Estados intervengan en los asuntos internos del país utilizando procedimientos con aparentes visos de legalidad que no deben repetirse en el inmediato futuro y menos aún al margen de toda decisión gubernamental como en principio se afirma por parte de los funcionarios del gobierno americano presidido por el presidente del partido Demócrata Joe Biden.
Dicha experiencia del actual gobierno, no deja de ser un hecho recurrente que se practica por diferentes gobiernos de los Estados Unidos en otras latitudes, generándose con ello grandes enfrentamientos políticos y sociales cuyas consecuencias traen consigo la existencia de toda clase de conflictos con los cuales se vulneran no solo el derecho interno de los países intervenidos sino la paz y el respeto a la soberanía nacional y estatal entre los países las cuales constituyen un derecho inalienable y soberano.
