La experiencia práctica e histórica ha demostrado que la mejor forma de garantizar el orden institucional, el progreso material y espiritual de la sociedad es con la puesta en marcha de políticas de Estado y no de los gobiernos de turno, que no permiten en muchos casos elaborar y ejecutar verdaderos planes y programas de desarrollo y territoriales de mediano y largo plazo, en tanto que las políticas de gobierno no solo no tienen continuidad en el tiempo ni en el espacio, sino que por regla general se constituyen en simples programas y medidas del gobernante de turno mediatizadas por las directrices de las clases o grupos sociales y políticos a los cuales representa y defiende el gobernante, quien por lo demás no asume ninguna responsabilidad política ni social ante la comunidad en general.
Varios son los ejemplos que pueden citarse al respecto, en nuestro país en momentos en que se habla de la necesidad de plantear una verdadera política de transición energética de las energías fósiles a las energías renovables o de garantizar materialmente los derechos económicos y sociales de los colombianos que demanda de la creación de condiciones reales y materiales para hacer efectivos tales derechos y asegurar la sostenibilidad económica y social, más allá de las promesas de los candidatos que aspiran a ocupar los altos cargos del Estado.
En anteriores columnas de opinión hemos expresado la tesis de que la política constituye una expresión concentrada de la economía y que aquella ejerce un papel fundamental en esta, ya sea estimulando su crecimiento y desarrollo o estancándolo; generándose con ello en este caso procesos que lindan con la recesión y la crisis económica.
Así las cosas, tenemos por ejemplo, que la política del gobierno del presidente Petro en lo que atañe a la transición energética, en lugar de avanzar en esta materia tiende a rezagarse, a pesar de haber dado algunos pasos para lograr su diversificación, en tanto se descarta de manera sistemática la posibilidad real de contar con ciertos elementos fundamentales como sería continuar con la exploración y extracción del petróleo y el gas para impulsar la política de transición y tener los recursos suficientes para conseguir dicho propósito en el mediano y largo plazo.
En este caso, se trata de desarrollar una verdadera política precedida de una visión del presente y futuro para la construcción de una política de Estado encaminada a lograr los objetivos esenciales de la transición y sostenibilidad energética y ambiental del país.
De esta manera se trata de corregir los errores en que finalmente se ha incurrido por parte de los gobiernos de turno, que no tienen en cuenta las complejidades de las transformaciones económicas, sociales y ambientales, lo que en la práctica ha traído como consecuencia grandes desequilibrios y frustraciones además de la pérdida de ingentes recursos económicos, tecnológicos y sociales.
La planeación integral debe constituir a mediano y a largo plazo uno de los pilares fundamentales de una política de Estado confiable y segura, producto de una visión más amplia del futuro que además permita aprovechar no solo las nuevas tecnologías sino organizar de manera funcional y operativa su desarrollo con probables resultados positivos para la nación.
Entretanto la verdadera política de Estado y no de gobierno no debe estar fincada en la inmediatez sino en la inversión continua y sostenible que demanda de una apuesta estratégica vinculada estrechamente con las condiciones reales existentes en el país, más allá de las consideraciones ideológicas y políticas no fundamentadas en el conocimiento científico ni en la experiencia práctica e histórica, con las cuales los gobiernos han manejado los destinos de una sociedad como la nuestra, agobiada por el peso de la violencia, la inseguridad, la demagogia y el populismo que tanto daño le han hecho al pueblo colombiano.
