La informalidad en el país es sin duda uno de los problemas más difíciles de resolver debido a diferentes factores relacionados con la desaceleración económica y la desconfianza e incertidumbre de los inversionistas de fomentar la producción de bienes y servicios, que se ha generado en torno a la inexistencia de políticas macroeconómicos que permitan el crecimiento del empleo formal; en tanto que de acuerdo con las estadísticas de cada diez de los puestos de trabajo que se crean, ocho corresponden al sector de la informalidad.
Lo cierto es que no obstante la aprobación de varias reformas laborales a partir de 1990 con la ley 50, no ha sido posible conjurar el problema de la informalidad pues al contrario, se ha aumentado; a la vez que muchos de los trabajadores que laboran en el sector productivo temen perder sus puestos de trabajo, debido en buena medida a la implementación de las nuevas tecnologías con las cuales se desplaza al trabajador formal.
Así mismo, resulta inquietante la quiebra y el cierre de varias empresas como acaba de suceder con Propal dejando sin trabajo a más de 500 trabajadores generando un gran problema social.
El ministro de la cartera laboral manifestó a través de los medios de comunicación el propósito del gobierno del presidente Petro de resolver en un gran porcentaje la informalidad que en Colombia está en el 56%. Sin embargo, para el ministro, el aumento de la informalidad viene determinado por la contracción del aparato productivo, debido a la vez a la disminución de la capacidad adquisitiva de bienes y servicios de los trabajadores, lo cual a su turno genera una merma en la demanda agregada que trae consigo mayor informalidad.
El mejoramiento de las condiciones económicas no mejora la capacidad adquisitiva de compra de los trabajadores si a la vez que aumentan los precios de los bienes y servicios, particularmente de aquellos que integran la canasta familiar, afectándose la capacidad de compra de los trabajadores y con ello la demanda solvente. Características estas que hacen parte de la lógica del mercado capitalista, que además traslada los mayores costos laborales y otros al consumidor final viéndose obligado a reducir su capacidad y poder de compra en general.
Según el ministro, esta situación de informalidad en Colombia solo puede resolverse con la implementación de políticas macroeconómicas como por ejemplo, las que el gobierno viene adelantando con los empresarios, a quienes se les entrega entre un 20 y un 35% del salario mínimo legal como incentivo para vincular a grupos de trabajadores que se encuentran en la informalidad, además de aquellos trabajadores vinculados mediante contratos de “prestación de servicios” especialmente en el sector de la salud.
De acuerdo con el plan de desarrollo se deben crear cien mil nuevos empleos formales a instancias del Estado de los cuales treinta mil ya están vinculados al servicio público.
La meta trazada por el gobierno es reducir la informalidad por debajo del 50%, que en principio no es imposible de lograr aumentando la burocracia del aparato estatal y promoviendo según el presidente Petro, el trabajo por cuenta propia que no es mas que una forma de encubrir la informalidad que crece exponencialmente en el país ligada a la economía de los servicios y que poco o nada tiene que ver con el trabajo estable y bien remunerado. Circunstancia esta que mas bien estimulará la informalidad que se abre paso en medio de la pobreza y la indigencia en que se encuentran vastos sectores de la población colombiana.
