La propuesta de intercambiar el 18,06 % de las acciones de Celsia por la central hidroeléctrica de Salvajina constituye una decisión patrimonial de enorme trascendencia que exige explicaciones contundentes. EMCALI pretende desprenderse de un activo financiero estratégico mientras enfrenta redes deterioradas, pérdidas de agua superiores al 50 %, necesidades urgentes de inversión y un componente de telecomunicaciones con graves resultados financieros. El alcalde Alejandro Eder, el gerente Roger Mina y la junta directiva deben demostrar, con estudios independientes, que la operación beneficia realmente a Cali, el mayor argumento es asegurar agua por 100 años, que no es cierto y Salvajina vieja , solo representa el 1.05% de la generación nacional. No es como dice el alcalde , que Emcali será la No 1 del país.
Salvajina: una central antigua no resuelve problemas de Emcali
Construida y puesta en operación en 1985, Salvajina cumple funciones importantes en la generación eléctrica y la regulación del río Cauca, pero adquirirla implica asumir responsabilidades técnicas, ambientales, financieras y operativas que deben cuantificarse rigurosamente. Su antigüedad obliga a examinar el estado de los equipos, las inversiones requeridas, los costos de mantenimiento y los riesgos hidrológicos. Tampoco puede presentarse la propiedad de la central como garantía automática de abastecimiento de agua durante cien años, pues deben distinguirse los derechos existentes, los contratos, las condiciones regulatorias y las proyecciones hídricas. EMCALI necesita demostrar que los beneficios económicos de Salvajina superan los rendimientos y las posibilidades de financiación que ofrecen las acciones de Celsia. Cali no puede repetir negocios ruinosos por decisiones insuficientemente sustentadas.
Cali necesita recuperar EMCALI, no entregar su activo financiero
La ciudad enfrenta prioridades que no admiten aplazamientos: rehabilitar redes de acueducto y alcantarillado, reducir pérdidas, mejorar la energía, transformar administrativamente EMCALI y resolver la crisis de telecomunicaciones, cuyas pérdidas acumuladas entre 2015 y 2025 se estiman en $1,2 billones. A estas dificultades se suman los cuestionamientos al proyecto de modernización del alumbrado público y la necesidad de fortalecer la transparencia contractual. Frente a este panorama, entregar las acciones de Celsia sin demostrar la conveniencia superior de Salvajina sería una irresponsabilidad patrimonial. El Concejo debe ejercer control político efectivo, mientras la administración publica los estudios técnicos, financieros y jurídicos. Cali necesita un pacto de ciudad por EMCALI, con controles anticorrupción y rendición de cuentas. La joya de la corona no se entrega mediante cambalaches: se protege con rigor financiero, transparencia y responsabilidad pública.
Santiago Castro: Agenda económica para Colombia
Santiago Castro Gómez representa una voz vallecaucana con trayectoria en el sector público y privado, expresidente de Asobancaria, exdirector de la Aeronáutica Civil y exconcejal de Cali. En entrevista con La Lupa Urbana de Caliescribe, abordó los desafíos del Congreso, las finanzas nacionales y las necesidades regionales, con énfasis en la responsabilidad fiscal y la calidad de las decisiones públicas. Entre sus iniciativas sobresale el proyecto de educación económica y financiera en los colegios, para enseñar ahorro, crédito, inflación y manejo responsable del dinero. También impulsa la eliminación gradual del gravamen del 4 por 1.000, mediante una reducción progresiva que alivie a los ciudadanos sin desconocer las necesidades de financiación estatal. Su agenda busca combinar formación, competitividad y mejores decisiones económicas.
Presupuesto nacional: rigor fiscal contra el despilfarro
Castro expresó preocupación por el presupuesto nacional de 2027, el endeudamiento público y las dificultades para garantizar recursos suficientes para cumplir las obligaciones del Estado. Defendió ajustes fiscales, austeridad administrativa y revisión del gasto, y estimó que una eventual ley de rescate económico podría generar ahorros de entre 20 y 25 billones de pesos. Asimismo, calculó en aproximadamente 150 billones las pérdidas acumuladas durante cuatro años por despilfarro, incompetencia y corrupción, cifra que debe entenderse como una estimación suya, no como un monto oficialmente comprobado. Su planteamiento exige fortalecer los controles, mejorar la ejecución presupuestal y sancionar las irregularidades. También cuestionó las ausencias parlamentarias y la falta de cuórum, comportamientos que deterioran la credibilidad institucional e impiden que el Congreso responda oportunamente a los problemas nacionales.
El Valle del Cauca necesita liderazgo y resultados
En su análisis regional, Castro destacó la recuperación de la vivienda como motor de empleo, inversión y crecimiento económico, especialmente ante las necesidades de las familias afectadas por el sismo. Reclamó atención no solamente para quienes perdieron sus hogares, sino también para los propietarios de ingresos medios que afrontan deudas, gastos de alojamiento y pérdidas patrimoniales. Sobre Cali, defendió la importancia de construir liderazgos con experiencia, capacidad administrativa y compromiso ciudadano, y descartó abandonar anticipadamente su curul para aspirar a la Alcaldía. La entrevista también examinó la percepción ciudadana sobre el Congreso y la representación vallecaucana. El reconocimiento a Santiago Castro se fundamenta en su trayectoria y agenda económica; el desafío será convertir sus propuestas en leyes, ejercer control político efectivo y demostrar resultados concretos para Colombia y el Valle del Cauca.
Cali: una ciudad desbordada por el problema de las basuras
Cali, la antigua «tacita de plata» de Colombia, enfrenta una crisis de limpieza urbana que evidencia las limitaciones de una gestión concentrada en recoger residuos, sin garantizar su aprovechamiento y disposición adecuada. Aunque el servicio llega a toda la ciudad, persisten acumulaciones en calles, andenes, canales y zonas verdes, agravadas por la falta de cultura ciudadana, las deficiencias operativas y los arrojos clandestinos. Según cifras expuestas en La Lupa Urbana de Caliescribe, Cali genera aproximadamente 1.922 toneladas diarias de residuos y registra más de 200 puntos críticos de disposición ilegal, datos que requieren verificación oficial. La Alcaldía debe fortalecer la supervisión de los operadores, mejorar las rutas y horarios, atender las denuncias y sancionar a quienes deterioran el espacio público.
Recicladores: organización y control urbano
El desafío de Cali consiste en integrar a los recicladores al sistema de aseo, fortalecer sus organizaciones y garantizar condiciones dignas para recuperar materiales aprovechables, sin permitir que la actividad termine dispersando residuos en las calles. Harold García diferenció el trabajo organizado de quienes promueven el reciclaje de las prácticas informales que abren bolsas y dejan desechos sobre andenes y vías. La ciudad debe actualizar los censos, coordinar a los recicladores con los operadores y ampliar las rutas selectivas, la separación en la fuente y el aprovechamiento de materiales. Paralelamente, la Alcaldía y la Policía deben combatir los arrojos ilegales, incluidos muebles, colchones y escombros, mediante inspección y sanciones. Recuperar la limpieza exige integrar inclusión social, reciclaje eficiente, control institucional y responsabilidad ciudadana.
Cali herida: reconstruir el patrimonio sin destruir la historia
El sismo del 10 de agosto de 2026 puso a prueba la capacidad de Cali para proteger su patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. La emergencia no puede convertirse en excusa para demoler edificaciones que representan la memoria colectiva de generaciones. El arquitecto Benjamín Barney advirtió que la recuperación exige diagnósticos estructurales rigurosos, estudios del suelo y soluciones diferenciadas según las características de cada inmueble. La antigua iglesia de San Francisco, hoy conocida como La Inmaculada, y el Colegio de la Sagrada Familia evidencian la magnitud del desafío. La Alcaldía debe establecer cuáles edificios pueden restaurarse, cuáles requieren estabilización y cuáles presentan riesgos que demandan decisiones excepcionales. La seguridad ciudadana es innegociable, pero tampoco puede justificarse la destrucción patrimonial sin evaluaciones técnicas independientes.
Alcaldía de Cali: presupuesto, responsables y cronogramas para reconstruir
La reconstrucción patrimonial necesita pasar de los diagnósticos a un plan público, financiado y verificable. La Administración Distrital debe publicar un inventario de los bienes afectados, determinar sus niveles de riesgo, establecer prioridades y precisar los recursos, responsables y cronogramas de intervención. Según la información expuesta en La Lupa Urbana de Caliescribe, las autoridades reportaron cerca de 21.000 familias afectadas y 66 edificaciones con demolición aprobada, mientras otras 71 estructuras estaban en evaluación. Estas cifras reflejan la dimensión de la emergencia, pero requieren seguimiento y actualización oficial. Las iglesias y edificaciones históricas también representan espacios de encuentro, identidad y convivencia. Por ello, deben coordinarse recursos públicos, cooperación privada y participación comunitaria. Cali necesita reconstruir con rigor técnico, transparencia administrativa y respeto por su memoria.
Otros confidenciales
Renovación urbana en Cali: progreso para unos, desplazamiento para otros
La renovación urbana del centro de Cali, particularmente en el proyecto Ciudad Paraíso y el barrio El Calvario, plantea interrogantes sobre el costo social del desarrollo. Los autores Luz Betty Jiménez y Pablo A. Borrero cuestionan un proceso que, según su análisis, ha desplazado propietarios, arrendatarios y comerciantes, mientras sectores vecinos como San Bosco y Guayaquil afrontan problemáticas sociales y deterioro urbano. También señalan que la reducción de estratos y las expropiaciones habrían incidido en los avalúos y las condiciones de negociación de los inmuebles. El debate no consiste en rechazar la transformación urbana, sino en determinar quiénes reciben sus beneficios y quiénes soportan sus costos. Una ciudad moderna no puede construirse sacrificando el derecho a la vivienda digna.
Ciudad Paraíso: planificación, servicios públicos y justicia social
Los autores advierten que la renovación urbana no puede reducirse a construir torres de apartamentos y transformar el paisaje, sin evaluar previamente la capacidad de las vías, la movilidad, los suelos y las redes de servicios públicos. Cali necesita establecer si EMCALI dispone de recursos para ampliar y modernizar los sistemas de acueducto, alcantarillado y energía requeridos por los nuevos desarrollos. Asimismo, reclama participación efectiva de las comunidades afectadas, garantías de vivienda digna y mecanismos para evitar que la valorización del suelo expulse a sus habitantes tradicionales. La concentración de inversiones inmobiliarias, sin protección social suficiente, puede trasladar la pobreza y agravar las dificultades de los barrios vecinos. El desafío consiste en renovar sin expulsar, densificar sin colapsar los servicios y modernizar sin borrar la memoria urbana ni profundizar la desigualdad.
