El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla anunció recientemente lo que considera el gobierno Petro será la política de reactivación económica. Con fundamento en el débil crecimiento de 2023, el cual fue de 0,6% y el registro del primer trimestre de 0,70%, presentará en la segunda legislatura del año (2024) una propuesta de alivios fiscales y tributarios con el fin de impulsar actividades de transición energética y turismo.
Para impulsar dinámicamente la reactivación, la orientación principal de recursos de reactivación será destrabar $ 16,8 billones de regalías, de los cuales aproximadamente el 50%, corresponden a recursos no ejecutados en vigencias anteriores por falta de planeación y priorización de proyectos territoriales, a cargo del mismo estado.
Si bien es cierto, el calendario de aprobación de los planes de desarrollo, enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Nacional, apenas terminó en los últimos dos meses en las respectivas asambleas departamentales y concejos municipales, hay duda sobre la posibilidad de ejecutar el inventario de 2,366 proyectos territoriales en el corto plazo, su impacto social y contribución a mejorar condiciones productivas.
La paquidermia del estado es el peor enemigo de la reactivación impulsada por el gobierno nacional como ejecutor, coordinador y articulador. Las mesas de dialogo temáticas se convierten en interminables discusiones. Los proyectos de infraestructura vial y transición energética deben cursar procesos de estudio, recomendaciones y eventual aprobación de licencias ambientales, cuyos tiempos son incalculables.
Pero el problema no radica en la paquidermia estatal únicamente. El peor enemigo de la reactivación propuesta estatizada es la corrupción, la cual en el gobierno Petro ha alcanzado descaradamente niveles exorbitantes.
Por citar una sola entidad, la UNGRD, los recursos que sobrepasan $ 1 billón, enmarañados en hechos de corrupción de los carrotanques y ollas comunitarias en la Guajira, de la ineficaz contratación de prevención de inundación de La Mojana, el giro a los Fondos de Inversión Colectiva de Corantioquia, Corpouraba, Girón, sin presupuestos ni proyectos sustentados tiende mantos de duda sobre la intención del gobierno nacional.
Al entregar en los próximos seis meses afanada y apresuradamente cuantiosos recursos a los entes territoriales cumpliendo compromisos políticos se convertirá en otro barril sin fondo de corrupción, con diferentes actores, pero con un fin similar.
Las hábiles cortinas de humo de Petro ocultando la realidad del desbordado e insaciable sed de corrupción de sus funcionarios es la preocupación ciudadana y empresarial al ver dilapidados las contribuciones fiscales aportadas, que con esfuerzo se han pagado, para que continúe el saqueo del estado.
Entregar $ 16,8 billones, camuflado bajo el disfraz de reactivación económica, es sencillamente ver “Al diablo haciendo hostias”.
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.