El gobierno del presidente Petro ha elaborado una estrategia en torno a la reactivación económica del país que contiene siete ejes temáticos según se desprende de lo manifestado por el jefe del departamento de planeación nacional-DNP- en reciente reunión realizada con diversos gremios y empresarios, quienes a su vez le habían solicitado al gobierno desde hace varios meses tomar las medidas necesarias para reactivar la economía en general, afectada con los procesos de desaceleración económica del país.
Se busca llegar a ciertos acuerdos en materia de política económica y social cuyo objetivo esencial es el de “cerrar las brechas y superar la pobreza”; para lo cual el gobierno está dispuesto a articular sus planes con los del sector privado
Los denominados ejes de la propuesta giran en torno a la reindustrialización sostenible, el turismo en armonía con la vida, las energías para la vida, la conectividad digital para todos, los caminos de paz y progreso, el campo productivo y la vivienda para la vida; para lo cual será necesario según se dice, que la ejecución presupuestaria sea similar a la de los gobiernos anteriores y de esta forma se puedan superar las crisis que están sorteando aquellos sectores estratégicos que han mostrado rezagos.
Por otra parte, el funcionario de Planeación Nacional agrega que el gobierno tiene el propósito de revisar los TLC para “salvar y proteger la producción nacional”, en tanto que le “apostamos a una revolución agraria”, lo que nos permitirá saber “cuál es la verdadera vocación real del territorio”. Pero, además se cuenta con un plan de inversión para cada uno de los sectores con el que podemos “caminar de la mano”, concluyó el director.
Con el fin de cumplir con dicho cometido y convertir en realidad sus iniciativas, el gobierno aspira como se dijo anteriormente, a realizar acuerdos con los gremios y empresarios, dispuestos a aceptar que el Estado intervenga en los procesos de reactivación económica con el compromiso de que se mantenga la libre competencia en el mercado generando a su vez mayores inversiones de capital para atender la demanda económica que garantice la plena libertad de las relaciones comerciales, al igual que la protección de la propiedad privada y de la seguridad jurídica del capital privado nacional y extranjero al que estén asociados.
La experiencia práctica e histórica ha demostrado que en las condiciones del capitalismo, dichos acuerdos solo han generado beneficios para el sector privado, en tanto se han incrementado la pobreza y la desigualdad social, al tiempo que el papel del gobierno calificado de izquierdista y progresista -según palabras del director de Planeación Nacional-, es el de servir de sustento económico y político de los procesos de concentración y centralización del gran capital que termina asociado con el poder público en lo que hoy se conoce como el “capitalismo monopolista de Estado”.
No obstante lo anterior, algunos círculos económicos consideran que por este camino se puede incluso reducir el nivel de la deuda pública y el déficit de la balanza comercial y de pagos, además de aumentar la capacidad para otorgar más y mayores subsidios a los sectores más vulnerables de la sociedad; en tanto se crea la posibilidad de mejorar la productividad del trabajo para poder así avanzar en materia de crecimiento económico y social, aumentándose con ello la inversión de capital en la producción de bienes y servicios. Si bien es cierto dichos aspectos revisten especial importancia económica y social, muy poco es lo que benefician a millones de personas que en muchos casos se quedan sin trabajo y sufren grave deterioro de su condición económica y social, mientras los verdaderos usufructuarios son los detentadores del gran capital financiero que se quedan con la mayor parte de la riqueza que se produce con el trabajo de miles de hombres y de mujeres que laboran bajo las condiciones del régimen capitalista globalizado.
Y de ahí que no sea casual que el grupo AVAL se haya comprometido con el gobierno a reducir las tasas de interés para financiar proyectos de vivienda de interés social, prioritario y para sectores medios de la población y ofrecer más crédito a las Pymes -pequeñas y medianas empresas-, como de la realización de planes y proyectos relacionados con las energías renovables y de infraestructura vial y de transporte, etc.; a la vez que anuncian que su participación será mayor en la medida en que el gobierno aumente los recursos de redescuento en los sectores estratégicos para la reactivación económica.
Más temprano que tarde quedará en evidencia que las propuestas del gobierno del cambio en materia económica y social no están dirigidas a resolver los problemas económicos y sociales del grueso de la población, convirtiéndose en una ilusión mediatizada con las promesas incumplidas de carácter demagógico y populista, con las cuales los dirigentes de la izquierda radical se proponen imponer a como de lugar, pero eso sí, sin tocar las bases mismas del régimen de explotación económica del trabajo en Colombia, caracterizado por un capitalismo deformado por cuenta de las supervivencias feudales y dependiente de los grandes monopolios transnacionales.
Las iniciativas relacionadas con la denominada “paz total” y ejecución de la reforma Agraria integral no tienen el aval de los sectores económicos y políticos del país, con los cuales no existe un acuerdo general que permita sacar adelante dichas iniciativas; circunstancia que influye negativamente en la reactivación económica que demanda el país, lo cual no se podrá resolver con la adopción de nuevas normas e instituciones que muy poco contribuyen a resolver los problemas que se viven en las regiones azotadas por la violencia, el narcotráfico y la apropiación de grandes territorios en los que el Estado ha venido perdiendo su soberanía, ante la ausencia sistemática de las autoridades y las garantías en materia de derechos y libertades en favor de los ciudadanos.
ADENDA: Las propuestas del presidente Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con el cumplimiento del acuerdo de paz suscrito en el 2016 entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, consisten en extender su vigencia por 7 años incluyendo la modificación de varias normas en materia de vigencias futuras y del plan fiscal de mediano plazo, así como introducir un cambio en la distribución del sistema general de participación para destinar los recursos en los territorios en donde se deben ejecutar proyectos de inversión productiva -PDET-. Además de excarcelar a los campesinos productores de la hoja de coca, de cara a la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos en camino hacia la agro-industrialización del campo., entre otros asuntos. Estas propuestas no parecen tener futuro si para ello no se crean las condiciones económicas, financieras, jurídicas, administrativas, reales y concretas que permitan en el tiempo y en el espacio convertir en realidad dicha empresa, que lamentablemente no cuenta con el apoyo de los sectores de la oposición política y de por lo menos la mitad de la sociedad fracturada con la polarización que la divide en medio de la profundización de contradicciones y conflictos de carácter ideológico y político que no se podrán superar entretanto, los integrantes de las clases dirigentes y de sus partidos y movimientos políticos no logren realizar lo que el propio presidente Petro ha denominado como el acuerdo nacional, el cual está muy lejos de poderse adelantar a pesar de que el país requiere de la paz social para avanzar por los caminos del progreso y del bienestar general, lo cual hace parte de las utopías de nuestra sociedad capitalista, cada vez más dependiente económicamente del gran capital monopolista transnacional, más violenta y más insegura desde el punto de vista jurídico en cuanto al ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y sus líderes sociales.
