Cali, 22 de junio de 2024
SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA
Doctor: NESTOR OSUNA PATIÑO
Bogotá D.C.
REF: PETICION URGENTE REUNION EN CALI CON VEEDURIA CIUDADANA Y COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS
Atención Señor Ministro:
La celebración del día del abogado coincide con el hecho de haberse logrado constituir el Colegio Nacional de la Abogacía que aglutina a más de mil profesionales del Derecho, colegios y organizaciones de juristas y académicos, para levantar su voz de protesta y REIVINDICAR EL EJECICIO DE LA PROFESION DE ABOGADOS en momentos en que desde las alturas del poder político se discute una nueva reforma de la Justicia, dando lugar a la inveterada tradición de introducir cambios que de acuerdo con el conocimiento y la experiencia práctica e histórica, muy poco han servido para resolver los graves problemas que en este caso afronta la administración de justicia en el país, que no solo tienen que ver con asuntos simplemente procesales sino con aspectos sustanciales que la han convertido en un ente alejado de la realidad y del acceso del ciudadano a tener una pronta y cumplida justicia.
Se trata señor ministro, de que a los ciudadanos en general y a los abogados en particular se les garantice el derecho a participar realmente en los análisis y discusiones que tendrán lugar con ocasión de la presentación de la nueva reforma de la administración de Justicia, la cual se viene debatiendo en los altos círculos de la capital de la república, dejando por fuera a los ciudadanos y abogados de las regiones a quienes no se les ha invitado a participar, teniendo en cuenta que la misma reforma afecta los intereses individuales y colectivos de todos los ciudadanos del país y de quienes cono nosotros, los abogados, no solo representamos y defendemos los derechos de nuestros poderdantes sino que además, debemos participar y colaborar en dicho proceso con otros sectores sociales, como una contribución al logro de la PAZ, LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL.
El hecho real es que con la proliferación de leyes y procedimientos no ha sido posible resolver los problemas seculares en materia de funcionamiento y manejo de las relaciones entre los funcionarios judiciales con los abogados y ciudadanos en general que actúan ante los juzgados, tribunales y altas Cortes, en busca de resolver sus conflictos no obstante el excesivo formalismo que en muchos casos desnaturaliza el derecho sustancial, cuando no es que con la implementación de las nuevas tecnologías los operadores y empleados de la rama judicial se descargan de gran parte de sus obligaciones laborales trasladándoselas a los abogados litigantes en materia laboral, civil, administrativo, de familia, penal, etc.
Durante muchas décadas se han adoptado toda clase de medidas encaminadas a agilizar la prestación de este servicio esencial para la existencia y desarrollo de una sociedad ordenada y en paz, sin que las mismas hayan sido suficientes y efectivas para resolver los graves problemas que aquejan a una justicia en crisis. Así las cosas, tenemos que el aumento de los juzgados o de las salas de tribunales y de las altas Cortes, los cambios de jurisdicción de los procesos a finales de los años 90, los traslados de procesos a otras jurisdicciones, la creación de juzgados adjuntos, la modificación de los códigos procesales, el incremento de los presupuestos para la rama judicial entre otras medidas, muy poco es lo que han servido para mejorar la prestación de este servicio público esencial, en tanto crece exponencialmente la demanda de justicia desbordando su oferta respecto de una justicia oportuna y creíble por parte de los ciudadanos.
A todo lo anterior, se agrega la politización de la justicia que además es utilizada como instrumento de lucha política en lo que se conoce como la judicialización de la política, con lo cual ha perdido su independencia e imparcialidad además de su credibilidad ante la sociedad.
Paradójicamente en el país existen dos clases de justicia: una para las clases y sectores más pudientes de la sociedad encargada de tramitar sus conflictos en los centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de Comercio y aquella justicia que se aplica a los ciudadanos comunes y corrientes o usuarios como los denomina la ley estatutaria de la administración de justicia, que se imparte en medio de las lujosas edificaciones de los denominados palacios de justicia que hoy se encuentran solitarios de abogados y ciudadanos en la medida en que se impone la justicia virtual con los avances de las nuevas tecnologías que han hecho más costoso para los ciudadanos y abogados litigantes el acceso a este servicio público, desvirtuándose el principio de la gratuidad de la justicia como un servicio a cargo del Estado.
Ante la inexistencia de condiciones para garantizar el derecho fundamental al acceso a la justicia en igualdad para todos los ciudadanos, se impone la necesidad de realizar un análisis riguroso e integral del sistema judicial que ya no ofrece las garantías de que tratan la Constitución y los tratados internacionales para beneficio no solo de los operadores y empleados judiciales e instituciones, sino para el conjunto de los abogados litigantes y ciudadanos en general, lo cual debe pasar por un cambio estructural de la justicia para hacerla más accesible y eficiente, equitativa y democrática para todos por igual.
Finalmente, la VEEDURIA QUE REPRESENTAMOS, nos permitimos solicitarle comedidamente al señor ministro de Justicia CONVOCAR A UNA REUNION en esta ciudad de Cali con el Colegio Nacional de la Abogacía, colegios y asociaciones de abogados de Cali y del Valle, con el fin de establecer un diálogo que esperamos sea fructífero en torno a la problemática de la Justicia en sus aspectos relacionados con el manejo de la parte administrativa, operativa y funcional del sistema judicial en general y en particular en esta región de Colombia.
