Este 3 de julio, en la conmemoración del Grito de Independencia de Santiago de Cali, el Concejo Distrital y la Alcaldía realizaron una ceremonia especial para exaltar a cuatro caleños cuya trayectoria ha trascendido las fronteras del país y constituye motivo de orgullo para la ciudad. Fueron condecorados la científica Diana Lucía Bonilla, egresada de la Universidad del Valle y directora de un centro de cancerología en Estados Unidos; el ingeniero Andrés Jaramillo Botero, docente de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y director del Instituto Tecnológico de California en Estados Unidos; el historiador Alonso Valencia Llano, profesor de la Universidad del Valle y recientemente incorporado como académico de número de la Academia Nacional de Historia; y, de manera póstuma, el legendario atleta Jaime Aparicio Rodewalt.

Jaime Aparicio R. , que gran legado

La ceremonia en la plaza de Caycedo , con asistencia de la presidente del Concejo Daniela Plaza y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, , los concejales de la ciudad, se le hizo  un homenaje a Joaquin Caycedo y Cuerdo, con las academias de historia ,  que se convirtió en una verdadera gala de reconocimiento al mérito, la ciencia, la historia y el deporte, honrando a ciudadanos que han llevado en alto el nombre de Santiago de Cali ante Colombia y el mundo. El homenaje póstumo a Jaime Aparicio reivindicó el legado del primer medallista olímpico colombiano, impulsor de los Juegos Panamericanos de 1971, uno de los gestores  de Coldeportes ( Hoy Mindeportes )  y de la Escuela Nacional del Deporte. Fue una celebración que trascendió el protocolo institucional para destacar a quienes, desde distintas disciplinas, han engrandecido el prestigio internacional de la capital vallecaucana.

Un remezón y un mal gobierno

Treinta meses después de iniciar su mandato, el alcalde Alejandro Eder realizó el último remezón administrativo, una decisión que constituye un reconocimiento político de que su gobierno no logró consolidar la confianza ciudadana ni alcanzar el ritmo de ejecución que Cali esperaba. Al pedir un gabinete “más en el territorio” y orientado a entregar el mayor número de obras antes de diciembre de 2027, admite implícitamente que los primeros dos años y medio estuvieron marcados por lentitud, baja ejecución y resultados insuficientes. Cambiar siete altos funcionarios cuando resta poco más de un año de gestión efectiva evidencia que la administración entra en una etapa contrarreloj. Sin embargo, el verdadero examen ya no serán los discursos ni los nuevos nombramientos, sino la capacidad de ejecutar el presupuesto, culminar proyectos y recuperar la credibilidad perdida ante una ciudadanía que sigue esperando resultados concretos.

Promesas frente a una ciudad que exige ejecución

Los nuevos responsables llegan a dependencias decisivas con desafíos enormes. En Planeación, Vanessa López Rojas deberá recuperar el liderazgo técnico de la dependencia, conducir un POT que responda a los intereses de ciudad y no termine convertido en un documento construido por múltiples presiones, además de darle contenido real al Área Metropolitana del Suroccidente (AMSO), hoy prácticamente desaparecida del debate público. En Infraestructura, Daniel Montoya Ossa promete recuperar 800 kilómetros de vías y avanzar con el puente de Chipichape, una meta que contrasta con la incapacidad histórica de culminar los 250 kilómetros de rehabilitación de las Megaobras, de los cuales aún faltan más de un centenar, además de las obras del empréstito que difícilmente alcanzarán a terminarse. Participación Ciudadana, bajo Juanita Cataño, parte con ventaja por su experiencia; Cultura, con Julián Arteaga, trazó una agenda clara; mientras Bienestar Social, Paz y Cultura Ciudadana deberán demostrar que el diálogo también se traduce en indicadores, cobertura y transformaciones verificables.

Doce meses para construir un legado…

Los cambios realizados por Alejandro Eder ya no pueden justificarse en las dificultades heredadas ni en diagnósticos sobre administraciones anteriores. La ciudadanía evaluará exclusivamente la capacidad del gobierno para terminar obras, ejecutar recursos y resolver problemas estructurales como el MIO, las 21 Megaobras inconclusas, los proyectos financiados con el crédito, los parques pendientes y la renovación urbana que sigue esperando resultados. La EDRU, ahora con Mauricio Bonilla, tendrá que demostrar finalmente para qué fue creada, liderando la recuperación de Ciudad Paraíso y dejando atrás, ser administradora de contratos. Comienza una cuenta regresiva de 16 meses hasta la elección del nuevo alcalde, pero, en términos políticos y administrativos, el gobierno dispone de apenas doce meses efectivos para construir un legado. Después, la campaña electoral dominará la agenda pública, el Concejo concentrará sus decisiones en la sucesión y la administración entrará en la fase de empalme. Cambiar secretarios no garantiza cambiar la realidad de Cali; solo las obras terminadas, la ejecución presupuestal y los resultados medibles definirán el juicio ciudadano sobre el gobierno de Alejandro Eder.

Cali, capital nacional del homicidio

El primer semestre de 2026 confirmó el más grave retroceso de Cali en materia de seguridad. Con 544 homicidios, un 10 % más que en igual periodo de 2025, la ciudad no solo perdió la histórica reducción del 17 % alcanzada en 2024, sino que volvió a ocupar el deshonroso primer lugar nacional en asesinatos, superando incluso a Bogotá, que tiene más del triple de población. Mientras Medellín redujo los homicidios en 20 % y Bogotá en 10 %, Cali recorrió el camino inverso, evidenciando el fracaso de una política de seguridad incapaz de contener el crimen organizado, recuperar el control territorial y proteger la vida de los ciudadanos. La ciudad volvió a ser el símbolo del deterioro institucional, consolidándose como la gran capital más violenta de Colombia, tanto por número de homicidios como por la tasa proyectada de 44 por cada 100.000 habitantes.

El mayor fracaso político del alcalde Eder

La seguridad terminó convertida en la derrota más contundente del gobierno de Alejandro Eder. Paradójicamente, el alcalde llegó al poder presentándose como un dirigente con conocimiento y liderazgo en este frente, pero dos años y medio después los resultados desmienten ese discurso. El relevo tardío del secretario de Seguridad, después de más de dos años de gestión, fue una decisión que llegó demasiado tarde y que no produjo ningún cambio en la tendencia criminal. Cali pasó de mostrar una esperanza en 2024 a registrar el peor balance de homicidios del país en 2026, reflejando una administración sin capacidad para anticipar, corregir ni controlar la expansión de la violencia. El problema dejó de ser únicamente la acción de las estructuras criminales; también es la ausencia de una estrategia eficaz y de un liderazgo que responda con resultados. La principal promesa de devolver la tranquilidad a los caleños terminó convertida en el mayor incumplimiento del gobierno distrital y en el indicador más severo del desgaste de su administración.

Un Estado sobredimensionado recibe al nuevo gobierno

El gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella, junto con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, inicia su mandato frente a uno de los mayores desafíos fiscales de las últimas décadas. Colombia llega con una deuda pública cercana a 1.169 billones de pesos, equivalente al 60,6 % del PIB, mientras el Presupuesto General de la Nación supera los 523 billones de pesos y el anteproyecto para 2027 asciende a 597 billones, antes de un ajuste estimado de 60 billones. El Estado gasta alrededor de 43,6 billones de pesos mensuales, pero recauda apenas 33,1 billones, generando un déficit estructural que obliga a financiar más de 125 billones con nueva deuda. Para el nuevo equipo económico, este modelo resulta insostenible y exige una profunda reorganización del gasto público.

Disciplina fiscal, refinanciación de deuda y recuperación de la confianza

El déficit fiscal proyectado para 2026, entre 6,4 % y 7 % del PIB, ubica a Colombia fuera de la senda de sostenibilidad establecida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y convierte la recuperación de las finanzas públicas en la prioridad del nuevo gobierno. José Manuel Restrepo ha advertido que será indispensable reducir el gasto improductivo, combatir la evasión, revisar el tamaño del Estado y preservar únicamente los programas sociales estratégicos. Por su parte, Miguel Gómez Martínez plantea refinanciar la deuda más costosa para disminuir el pago anual de intereses, que hoy supera los 80 billones de pesos, cerca del 15 % del presupuesto nacional. Solo después de estabilizar el déficit y recuperar la confianza de los inversionistas será posible avanzar hacia una reducción gradual de impuestos y un crecimiento económico sostenible.

El récord de la improvisación

La administración Eder exhibe alarmante inestabilidad. La Secretaría de Bienestar Social con cinco titulares, en 2.5 años: Ana C. Quijano, María I. Barón, Flavio Carabalí, Johana Caicedo y ahora Nigeria Rentería. Comunicaciones también registra cinco responsables: Guido Correa, Gina Betancourt, Juan M Caicedo, Ossiel Villada y Carlos A. Albán. Desarrollo Económico con 4 cambios con Edwin Maldonado, Melissa Vergara, Mábel Lara y Laura L. Arias. Planeación pasa por Diego F. Hau, Jhon Quinchua, Diego A. Giraldo y ahora Vanessa López; Gestión del Riesgo por Jocelyn Danna, María A. Pacheco, Nicolás Suárez y Breayner Ricardo Peñuela. La constante rotación revela falta de planeación, improvisación y escasa capacidad para consolidar políticas públicas.

2.5  años de inestabilidad

La crisis administrativa se extiende a otras áreas. La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana pasa de Johana Caicedo a Nigeria Rentería y ahora a Víctor Alfonso Barrera Miranda. Participación Ciudadana cambia de Alexander Camacho a Maritza Aponzá y luego a Juanita Cataño. La Jefatura de Gabinete ( Gobierno )  ha estado en manos de Andrés F Stapper, Diego Hau y Fernando Grillo; Movilidad, de Wilmer Tabares, Gustavo Orozco y Sergio J. Moncayo. En la EDRU estuvieron Raquel Garavito, María A. Pacheco y ahora Mauricio Bonilla Guerrero; CORFECALI pasó por Fabio A Botero, César A López y Felipe Salcedo. También salen Luz A Vásquez de Infraestructura y Leydi Higidio de Cultura, reemplazados por Daniel Montoya y Julián E Arteaga, respectivamente. El balance refleja un gabinete sin estabilidad ni continuidad en la gestión pública.

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