La práctica inveterada de modificar el orden jurídico e institucional del país, hace parte de la tradición del reformismo constitucional y legal que muy poco ha conseguido mejorar la condición económica y social del pueblo colombiano.
Este fenómeno tiende a reproducirse con la proliferación de una serie de proyectos de actos legislativos y de leyes que se tramitaron en el congreso de la república en las sesiones ordinarias que acaba de terminar, comenzando con los proyectos de ley presentados por el gobierno del presidente Petro, quien logró inicialmente el apoyo de algunas fuerzas políticas, sin que pudiera finalmente conseguir la aprobación de su totalidad, ya que tan solo logró la aprobación del proyecto de ley que contiene la reforma pensional, en tanto que los proyectos de ley de la salud y de la educación se hundieron, quedando pendientes de su tramitación y eventual aprobación el proyecto de ley en materia laboral.
La presentación de estas iniciativas gubernamentales ha generado una gran discusión en la opinión pública integrada por gremios, académicos, juristas, economistas y ciudadanos en general que consideran que las reformas tal como están concebidas, no resuelven los graves problemas que en materia laboral o pensional, de salud, o de educación, se han venido agravando en el país por cuenta de diferentes factores que en lo fundamental tienen que ver con la crisis que en materia económica, política y social se viene presentando con índices cada vez más bajos de crecimiento económico y desarrollo social y el aumento del parasitismo de las clases dominantes, que no poseen la vitalidad para dirigir los asuntos del Estado y de la sociedad, cuyo sistema capitalista ha entrado en un declive que se manifiesta en un proceso de descomposición a todos los niveles de la vida social.
Por su parte, el gobierno del presidente Petro pretende con sus reformas sociales de “estirpe estatista”, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en la Constitución Política del Estado, el cual se considera como la única organización política capaz de impulsar el desarrollo económico y social y asegurar la prestación de los derechos de salud, educación, trabajo, pensiones, servicios públicos domiciliarios, etc.
En otra ocasión hemos sostenido que las reformas no pueden considerarse como un fin en sí mismas, sino como un medio para avanzar en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y ciudadanos en general, particularmente en este caso si se trata de recuperar ciertos derechos, tal como sucede con los derechos individuales y colectivos de trabajadores contenidos en la nueva reforma laboral o de aquellos relacionados con aspectos esenciales como la salud, la educación, las pensiones, etc.
Ahora bien, aunque las reformas del gobierno conllevan varios aspectos positivos su aplicación práctica suscita una serie de interrogantes e inquietudes que finalmente no fueron despejados en medio de los debates que se presentaron en el seno de la corporación legislativa, los cuales han trascendido a la opinión pública por parte de diferentes organizaciones económicas, políticas y sociales, que no solo terminaron oponiéndose a las reformas, sino exigiendo cambios acordes con las condiciones reales y concretas de la realidad nacional y social, tal como sucede por ejemplo con la reforma laboral, que muy poco estimula la creación de empleo digno, estable y duradero y no simplemente ocasional y transitorio, particularmente en el campo en donde la informalidad asciende a un 84% y en general en un país como Colombia en donde no solo decrece el trabajo asalariado y aumenta la informalidad sino que las personas que aún conservan su trabajo, temen perderlo tal como sucede con la implementación de las nuevas tecnologías que se comienzan a implantar con la denominada “inteligencia artificial” la cual se extiende rápidamente afectando no solo a los trabajadores no calificados sino a las personas que ejercen las llamadas profesiones liberales, como abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, técnicos, etc., que en corto tiempo entrará a formar parte del ejército de desocupados y desempleados del país.
En relación con la reforma pensional, el reto que conlleva su aplicación práctica no es menos grande ya que se trata del manejo del ahorro pensional por parte de una entidad como Colpensiones que debe introducir cambios sustanciales en todo lo relacionado con la parte administrativa y el manejo de los ahorros pensionales para garantizar el pago de las mesadas pensionales a los cientos de miles de cotizantes que recibirá dicha entidad de los fondos privados, particularmente en caso de que llegue a presentarse un crecimiento de la población e incluso sí la misma decrece en medio de una economía inestable y deficitaria que por lo demás llevó a la ministra del trabajo a manifestar públicamente sobre la necesidad de presentar una nueva reforma en pocos años mediante la cual se eleve la edad y se aumenten las semanas de cotización de los aportantes al régimen de prima media. En estas circunstancias lo más probable es que los futuros gobiernos tengan que apelar a los recursos del presupuesto para cumplir con las obligaciones adquiridas, incrementándose con ello los déficits presupuestales para atender esta situación. .
Entretanto, la reforma de la Educación se hundió ante la presión ejercida por FECODE, debido a los desacuerdos que finalmente surgieron con la ministra de educación. Queda pendiente de tramitar, la nueva reforma a la Salud luego de haberse llegado a ciertos acuerdos con varias EPS que por lo demás se encuentran atravesando por una difícil situación económica y financiera, que podría terminar con la intervención por parte del Estado, tal como sucedió con la EPS SANITAS además de que algunas otras han anunciado su retiro del sistema de salud como es el caso de la EPS SURA.
En relación con lo expuesto anteriormente es preciso señalar que el gobierno del presidente Petro ha querido introducir algunos cambios a partir de la aprobación de sus reformas sociales, que sin embargo no tocan las bases mismas del sistema capitalista existente, advirtiendo que serán las fuerzas políticas y sociales de carácter democrático y progresista las llamadas a cumplir con las tareas cardinales de la lucha social por verdaderos cambios y siempre dispuestos a realizar las acciones que desaten las inmensas potencialidades del pueblo, para lograr que se materialicen las posibilidades reales de cambio y de construcción de una sociedad más justa y equitativa, con la cual han soñado los colombianos de todas las épocas.
