Un empalme tortuoso

Diez días después de la jornada electoral que dio el triunfo a Abelardo de la Espriella como presidente electo, se iniciaron las comisiones de empalme entre el gobierno saliente y el entrante. El gobierno saliente delegó en Germán Ávila, actual ministro de Hacienda, y por el lado del presidente electo se delegó en el vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano. Se determinaron 22 mesas sectoriales.

El tema más complejo del ejercicio es la realidad fiscal que deja la administración saliente.

Al violar la regla fiscal, indicador financiero ortodoxamente introducido años atrás, conducente al manejo prudente del endeudamiento estatal, la deuda se incrementó en cuatro años en casi $500 billones, pasando de $800 a $1,200 billones, equivalente al 60.6% del PIB.  Consecuentemente, el servicio de la deuda no solo se incrementó por el mayor valor, sino que el gobierno Petro pactó intereses entre el 12 y el 13%, cinco puntos porcentuales superiores a los de la deuda anterior. Un buen comienzo es un nuevo perfilamiento de la deuda, con mejores plazos y tasas de interés.

Tal y como sucede en el más sencillo ejemplo de economía básica de un hogar, al momento en que los ingresos no alcanzan a cubrir el gasto, en primera instancia se acude al crédito, posteriormente se empiezan a evaluar la posibilidad de mayores ingresos, para lo cual el estado acude a mecanismos de reformas tributarias, y se exploran posibilidades de enajenación de activos combinando lo anterior con el prudente recorte del gasto y el redimensionamiento del núcleo.

Afortunadamente, la ventana de oportunidad que se le abrió al país con la elección de ADLE requiere un manejo prudente y ortodoxo, en contraste con la ideología progresista encaminada a la estatización del aparato productivo.

Por ello, es imperativo fortalecer la inversión privada. Se supone que inyectará recursos a la economía mediante el desarrollo socioeconómico equilibrado, aportando una base tributaria, a cargo del universo empresarial, desde la pequeña hasta la gran empresa, aportando a la formalización del empleo, que a la vez es fuente de ingresos tributarios.

Evitar la rampante corrupción del gobierno de Petro, estimada en $90 billones, es imperativo. El flagelo, en parte, se explica por la infinidad de agencias gubernamentales, que, a cada paso de la tramitología, imponen cargas, dádivas o ventajas a favor del funcionario público. La política del nuevo gobierno debe encaminarse al redimensionamiento del propio Estado. Reducir y fusionar los ministerios es un paso acertado. El redimensionamiento supone eliminar trámites y, por ende, reducir la telaraña de agencias inoficiosas e ineficientes, incluidas las notarías, dotadas de abultadas burocracias y focos de corrupción que impiden un desarrollo eficaz de los procesos productivos. Caso especial amerita la reducción de los entes de control fiscal, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, convertidos en fortines políticos burocratizados, que permitieron, que la corrupción alcanzara niveles de inmunidad.

La equivocada, fallida y comprobada ideología estatizante, convertida en ineficiencia, debe devolver al sector privado su operatividad. Las concesiones viales, que han sido motor de desarrollo al aprovechar mejores tiempos de recorrido y, de paso, impulsar el turismo, son prioritarias. Estatizar la operación aeroportuaria ha sido un fracaso, por lo que debe recurrirse a sistemas de concesión exitosos a nivel global.

La persecución a la exploración y explotación de hidrocarburos y minería extractiva fue otro desacierto. La empresa estatal más importante, Ecopetrol, merece un fortalecimiento institucional y, en consecuencia, aportaría recursos adicionales al fisco nacional. Existe la posibilidad de democratizar aún más la propiedad accionaria de esta empresa y de muchas otras, que también contribuirían a reducir el “hueco” fiscal.

Afortunadamente, el país supo elegir al no dar continuidad al despilfarro, la destrucción, la corrupción, la influencia de bandas criminales, el terrorismo y el narcotráfico que habían convertido el país en un modelo de gobernanza inviable.