El Valle del Cauca llega al final del cuatrienio con una frustración legítima: la Nación no cumplió compromisos estratégicos que definían el futuro económico y logístico del Pacífico colombiano. El Tren de Cercanías, la profundización del canal de acceso a Buenaventura y la vía Mulaló–Loboguerrero no avanzaron, a pesar de estar incluidos en leyes de presupuesto, en planes nacionales , Conpes e inclusive en contratos, y de haber sido objeto de acuerdos políticos reiterados. Frente a este escenario, surge una pregunta constitucional y política necesaria: ¿qué puede hacer el Valle cuando la Nación no cumple? La respuesta apunta a un camino estructural:
Impulsar que Colombia evolucione hacia un país de regiones.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, fue clara al afirmar que el Tren de Cercanías debía ser un proyecto vallecaucano. Su postura era coherente con una visión regional de desarrollo, pese a que Cali, su alcalde y el Concejo, no debieron meterse a cofinanciar, ante su crisis fiscal y la quiebra técnica y económica del MIO. La intención de modernizar el departamento mediante infraestructura férrea, logística y tecnológica era estratégica. Pero chocó con un límite esencial del orden constitucional vigente: Colombia continúa siendo un Estado unitario, según el artículo 1 de la Constitución de 1991, con una descentralización meramente administrativa.
Bajo este modelo, las grandes obras de infraestructura viales de la nación, férrea, o portuaria son competencias exclusivas del Gobierno Nacional. Los departamentos carecen de poder contractual para exigir cumplimiento; no existe bilateralidad jurídica como la que caracteriza a España y sus comunidades autónomas. Esta asimetría explica por qué el Valle carece de herramientas legales para forzar al Gobierno a ejecutar compromisos que afectan directamente su competitividad.
¿Puede el Valle impulsar una reforma constitucional para avanzar hacia un Estado regional? Sí. El artículo 374 de la Constitución prevé dos rutas: Acto Legislativo, con ocho debates, o Asamblea Constituyente. Una transición hacia un país de regiones implicaría cambios de fondo, empezando por la modificación del artículo 1, para reemplazar “Estado unitario” por “Estado regional”. Ello permitiría crear Estatutos de Autonomía Regional, similares a Andalucía, Cataluña o el País Vasco, y redefinir competencias: infraestructura férrea y portuaria, regalías propias, tributación compartida (IVA y renta territorial), policía regional y capacidad autónoma de endeudamiento.
El argumento vallecaucano tiene bases. El departamento aporta más del 8% del PIB nacional, pero recibe menos del 3% en inversión directa. Buenaventura maneja cerca del 40% del comercio exterior del país, pero su canal de acceso sigue sin profundización, la conexión Mulaló–Loboguerrero continúa aplazada, afectando la logística nacional. En contraste, otras regiones como Bogotá, Antioquia o los Santanderes han recibido grandes inversiones estratégicas, abriendo paso a un reclamo soportado en el principio constitucional de igualdad territorial.
La salida estratégica es clara: un acto legislativo por un estado regional, inspirado en España y Chile, que establezca autonomías funcionales, coparticipación tributaria, fondos de cohesión territorial y un nuevo pacto fiscal que garantice que regiones como el Valle manejen directamente recursos, impuestos e infraestructura. Solo así se evitará que cada cuatrienio dependa de la voluntad central, y se consolidará un verdadero país de regiones donde los territorios tengan capacidad real para cumplir su propio destino.
El futuro de Colombia está en las regiones: cuando cada territorio decide, el país avanza unido, fuerte y moderno.
Dilian, tiene la palabra..¡
