La práctica de los gobiernos al endeudamiento

Esta práctica se convirtió en tendencia de los gobiernos de turno que no les importa afectar las finanzas públicas, generándose con ello enormes déficits fiscales y presupuestales que traen consigo un desfase y desequilibrio entre los ingresos y los gastos del país, particularmente en tratándose de las entidades territoriales.

Para algunos sectores de opinión, si bien es cierto la deuda es crucial para impulsar el crecimiento económico y realizar inversiones a largo plazo que beneficien a las futuras generaciones, esto, a la larga implica pagar el precio que conlleva a la refinanciación de los créditos, lo cual implica subir los impuestos para pagar la deuda, convirtiéndose esa situación en un obstáculo para el crecimiento y desarrollo económico y social.

Factores como las altas tasas de interés de los préstamos otorgados a los gobiernos, el exceso de gasto para atender al sostenimiento del aparato del Estado burocrático y militar, la realización de grandes obras de infraestructura, el despilfarro de los recursos públicos, la rampante corrupción con la contratación oficial; contribuyen sin lugar a dudas a incrementar la deuda pública y la necesidad de endeudarse más allá de las posibilidades reales de contar con los ingresos suficientes para cumplir con los compromisos derivados de los acuerdos con el sector financiero.

En el 2024 Colombia cerró el año con una deuda equivalente de US$ 201.764 millones de dólares, incrementándose con ello el monto total de la deuda respecto de los años 2023 y 2022

Así las cosas, la tendencia de los gobiernos a endeudarse, lejos de garantizar el crecimiento económico contribuye a acelerar la crisis general que en la actualidad se extiende a todos los niveles de la institucionalidad, afectando con ello la situación económica y social de los ciudadanos que viven en la informalidad y carecen por tanto de los recursos para cubrir las deudas contraídas por el Estado, en tanto la riqueza social que se genera con el trabajo de cientos de miles de colombianos pasa a manos de los grandes monopolios financieros, que hoy gozan de privilegios y ventajas en materia tributaria y fiscal para el desarrollo de sus negocios privados y el incremento de sus ganancias.

A nivel territorial la situación es similar con la práctica reiterada de algunos alcaldes de endeudar a las ciudades capitales con préstamos multimillonarios con el sector financiero, aprobados previamente por los concejos municipales, haciendo parte de toda una tendencia enmarcada dentro de las políticas neoliberales de manejo de los recursos públicos, la cual se ha convertido en una grave amenaza para las finanzas de los entes territoriales y su estabilidad macroeconómica, cuyos ingresos por concepto del recaudo de impuestos, tasas y contribuciones no son suficientes para atender debidamente los gastos corrientes de sostenimiento del aparato administrativo y de inversión en aquellos proyectos y programas contenidos en el plan de desarrollo, como es el caso de Cali.

Recientemente el concejo distrital le aprobó al alcalde Eder un empréstito por 3.5. billones de pesos financiados a diez años y de los cuales consiguió con Bancolombia $365 mil millones  de pesos y con Davivienda un crédito por 600 mil millones de pesos, recursos que serán utilizados para  la ejecución de varias obras de infraestructura y de otra naturaleza, que sumirán a la ciudad en un gran déficit fiscal y presupuestal que finalmente se cubrirá con los impuestos que pagan los contribuyentes particularmente en el caso del impuesto predial unificado y del impuesto de  industria y comercio; circunstancia esta que agravará más la situación económica y social de miles de caleños que no tienen un trabajo estable y duradero y sus ingresos escasamente alcanzan para su subsistencia, lo cual contrasta con la opulencia de algunos sectores sociales y de aquellos contratistas que se enriquecen con los contratos que suscriben con la administración para la ejecución de obras que no siempre se terminan en los plazos convenidos, incrementándose con ello los costos de las mismas.

Lo grave de todo este asunto lo constituye el constante endeudamiento para el que no importa si la administración puede cubrirlo o, si alcanza o no para cumplir con los compromisos adquiridos, lo que en la práctica conduce a un aumento desbordado de la deuda pública en lo que podría calificarse como una especie de barril sin fondo que se traslada a los ciudadanos que pagan sus impuestos y que como se dice en el argot popular son los que “pagan los platos rotos” de la deuda, el despilfarro de los recursos y de la corrupción generalizada.

Es necesario recordar que el alcalde Eder recibió de la pasada administración de Jorge Iván Ospina una deuda que sobrepasa el billón de pesos, en tanto que éste recibió del ex alcalde Maurice Armitage una deuda aproximada a los seiscientos mil millones de pesos para obras que no se terminaron y que en definitiva no cumplieron con los objetivos y fines para los cuales fueron ejecutadas.