El tercer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali, actualmente en trámite, no puede repetir la flexibilidad, las omisiones y los errores de los dos instrumentos anteriores, aprobados en 2000 y 2014. Mucho menos después de la tragedia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que dejó 154 personas fallecidas. Esta pérdida de vidas debería imponer un imperativo categórico a la institucionalidad caleña: en el ordenamiento del territorio, la protección de la vida humana, animal y vegetal debe prevalecer sobre las rentas y los intereses económicos asociados a la propiedad del suelo.
El nuevo POT debe asumir, de manera seria, responsable y vinculante, el riesgo sísmico de Cali, cuya existencia está respaldada por evidencia científica y por estudios que la propia institucionalidad conoce desde hace más de dos décadas. No se trata de un riesgo desconocido ni de una amenaza imprevisible. Es un problema identificado desde hace años que, pese a ello, no ha sido incorporado con suficiente rigor en las decisiones de ordenamiento territorial.
El primer POT de Cali fue aprobado en el año 2000 mediante el Acuerdo Municipal 069. Un año antes, el terremoto del Eje Cafetero, de magnitud 6,1, había dejado un saldo trágico de 1.185 personas fallecidas. En este contexto, el POT de 2000 reconoció expresamente que Cali presentaba un alto riesgo sísmico. Sus artículos 214, 232 y 233 establecieron la necesidad de realizar estudios de microzonificación sísmica y, a partir de sus resultados, desarrollar investigaciones especializadas para modelar escenarios de riesgo. Asimismo, se contempló la obligación del alcalde de contratar un estudio para evaluar las viviendas existentes y determinar las medidas de reforzamiento estructural necesarias.
Los estudios de microzonificación sísmica, adelantados posteriormente por el DAGMA e INGEOMINAS, concluyeron en 2005 y formularon recomendaciones fundamentales: establecer una normativa específica de diseño y construcción para Cali con base en el mapa de microzonificación; crear una Red de Acelerógrafos de Cali (RAC), con al menos seis acelerógrafos por cada una de las diez microzonas identificadas; y profundizar los estudios sobre la vulnerabilidad de las edificaciones, las estructuras vitales y el riesgo sísmico de la ciudad.
Sin embargo, estas determinaciones no fueron incorporadas oportunamente por el Municipio. Casi una década después, mediante el Decreto 411.0.20.0158 del 18 de marzo de 2014, los estudios fueron adoptados formalmente para su aplicación en los diseños y construcciones de la ciudad. Esta norma también estableció que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal debía compilar los estudios de clasificación sísmica y los estudios sísmicos particulares realizados en sitio, como insumo para actualizar la microzonificación. Igualmente, dispuso que esta regulación debía actualizarse con la información suministrada por la RAC. El problema es que dicha red hoy no está en funcionamiento.
El POT de 2014 volvió a limitarse a plantear la gestión de los estudios de microzonificación sísmica. Y ahora, doce años después y tras la tragedia del 10 de agosto de 2026, el POT formulado por la administración del alcalde Alejandro Eder vuelve a plantear, en su artículo 80, una disposición esencialmente similar: “gestionar” la actualización de la microzonificación sísmica cuando exista nueva información.
Después de más de dos décadas, seguir hablando de “gestionar” la actualización de los estudios resulta insuficiente. Cali debe actualizar de inmediato sus estudios sobre riesgo sísmico, pero, sobre todo, necesita ordenar su territorio a partir de ese conocimiento. La evidencia científica debe traducirse en decisiones vinculantes sobre restricciones, estándares constructivos, condiciones de ocupación del suelo y medidas efectivas de prevención y mitigación.
El problema es político: ¿qué intereses han prevalecido cuando Cali decide cómo, dónde y bajo qué condiciones puede crecer? Durante años, la valorización del suelo, la expansión inmobiliaria y la generación de rentas han terminado imponiéndose sobre la gestión integral del riesgo. Por estas razones, el debate sobre el POT no es exclusivamente técnico; es, fundamentalmente, un debate sobre el modelo de ciudad y sobre los intereses que deben orientar su ordenamiento territorial.
En este contexto, el decreto legislativo publicado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para comentarios tampoco constituye una respuesta adecuada. La tragedia no puede convertirse en una oportunidad para flexibilizar los instrumentos de planificación territorial en beneficio de los sectores financiero, inmobiliario y constructor. Mucho menos puede utilizarse como justificación para establecer mecanismos de “POT express” que reduzcan los tiempos, controles y deliberaciones necesarios para decisiones que comprometen el futuro de la ciudad.
La emergencia puede exigir rapidez en la reconstrucción, pero la tragedia no puede ser utilizada para debilitar la planeación ni para convertir el riesgo en una oportunidad de negocio.
Cali necesita un POT que corrija las omisiones acumuladas durante décadas y convierta la evidencia científica en determinaciones concretas y obligatorias sobre el diseño, la construcción y la ocupación del territorio. El crecimiento urbano no puede estar subordinado exclusivamente a las expectativas de rentabilidad del suelo y del mercado inmobiliario. Debe responder a criterios de seguridad, sostenibilidad, equidad territorial y reducción del riesgo.
Después de 154 vidas perdidas, aprobar un nuevo POT como si nada hubiera ocurrido sería mucho más que un error de planificación. Sería una decisión indolente e inhumana: significaría desconocer décadas de advertencias y desaprovechar una oportunidad histórica para cambiar la forma en que Cali ordena su territorio.
En un Estado Social de Derecho, la vida y el interés general deben prevalecer sobre la renta del suelo. La propiedad tiene una función social; el territorio no puede ser ordenado para proteger negocios a costa de la vida.
* Concejal de Cali
