Gasto excesivo y bajo ingreso

Una mirada de nuestro sistema tributario nos indica que en Colombia si bien es cierto se volvió habitual incrementar el gasto público mientras los ingresos no crecen lo suficiente para atender las necesidades del Estado, generándose un gran déficit fiscal y presupuestal que afecta la inversión y la atención que debe prestar aquel en materias fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, etc.

En este sentido, las innumerables reformas tributarias aprobadas, muy poco o nada contribuyeron a acabar con los desequilibrios que se generan con la aplicación de este modelo tributario, que como se dice coloquialmente, “ya no aguanta más una nueva reforma tributaria”, tal como lo propone el gobierno del presidente Petro.

Lo peor de este asunto es que cualquier reforma tributaria o ley de financiamiento que se apruebe en el Congreso, no solo agravaría la situación económica de los contribuyentes saturados con el peso de las cargas tributarias del orden nacional y territorial, sino que además no contribuirá a resolver los graves desequilibrios existentes en materia fiscal que afectan las finanzas del Estado colombiano.

El Estado gasta cada vez más en el funcionamiento del aparato burocrático y la contratación oficial de prestación de servicios -PS- con los cuales se vincula a la clientela política, los sobrecostos de las obras de infraestructura que se realizan en asocio con el sector privado y del dinero que se pierde en medio de la corrupción, la evasión y la elusión de los impuestos.

Este panorama se agravó desde un principio y durante toda la época de pandemia por el COVID-19 siendo necesario aumentar el gasto para atender las necesidades derivadas de esa situación calamitosa, además de atender los subsidios en favor de los estratos más pobres del país y estabilizar los precios de los combustibles y de ECOPETROL conjuntamente con las obligaciones contraídas con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, lo cual continúa afectando las finanzas públicas.

Por otra parte, se advierte la tendencia a reducir los impuestos con los que se gravan las rentas de capital, en tanto se extiende la base gravable a los contribuyentes que dependen fundamentalmente de su trabajo para su subsistencia, siendo constreñidos a pagar elevados impuestos como propietarios de sus viviendas y pequeños y medianos negocios a nivel territorial, a la vez que se incrementan los impuestos indirectos que como el IVA gravan en igual proporción a ricos y pobres que adquieren bienes y servicios en el mercado, incluyendo algunos que hacen parte de la canasta familiar, vulnerándose los principios constitucionales a la equidad, la progresividad y la justicia tributaria.

De lo anterior vale la pena preguntarse sí el gasto excesivo y los bajos ingresos que percibe el Estado obedece como afirman algunos analistas, a su debilidad administrativa para reducir y sancionar a los evasores de los impuestos o tal vez se debe a la tolerancia social frente al fraude fiscal o quizás a la complejidad de la regulación tributaria, etc.

Aunque dichos factores contribuyen a entorpecer el buen funcionamiento del sistema tributario colombiano, lo cierto es que los grandes monopolios nacionales e internacionales que operan en Colombia no pagan la totalidad de sus impuestos, en tanto gozan de ventajas tributarias, subsidios, exenciones y deducciones concedidas por el Estado a través de leyes y decretos de los gobiernos de turno y con los cuales se privilegian sus intereses y los de las clases dirigentes del país que eluden el pago de los impuestos. Ahora bien, la cuestión es que, si tienen que pagar algunos impuestos, el gran capital no tiene inconveniente en hacerlo siempre y cuando les autoricen trasladar su valor a los precios de los bienes y servicios que ofrecen en los mercados de venta afectando sustancialmente a los trabajadores, a las clases medias y en general a la población, con lo cual estas disminuyen su capacidad de compra y con ello la demanda solvente en general.

No es aumentando los impuestos como se podrán resolver los graves problemas que afronta el país, ni tampoco aumentando el gasto en burocracia se podrá disponer de los recursos necesarios para atender las enormes necesidades que demanda el crecimiento económico del país y en general el mejoramiento de las condiciones en que hoy vive el pueblo colombiano.