Bloqueos, vandalismo y caos urbano marcaron las marchas mientras el país enfrenta una grave crisis de homicidios y masacres.
Las recientes protestas propalestinas registradas en Colombia durante este octubre del 2025, han dejado al descubierto un profundo contraste entre la indignación ciudadana por conflictos internacionales y el silencio colectivo frente a la violencia interna que desangra al país. En ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, cientos de manifestantes, y estudiantes, salieron a las calles en respaldo a la causa palestina, pero las jornadas estuvieron marcadas por bloqueos, disturbios y hechos vandálicos que afectaron gravemente la vida urbana.
En Cali, las principales vías del sur fueron bloqueadas a la altura de la Universidad del Valle, con daños en establecimiento de comercio, mientras que en el norte y el occidente también se presentaron cierres que paralizaron el tránsito y el transporte público. En Bogotá, las protestas fueron con daños urbanos y a edificaciones, buscando nuevo estallido, finalmente se dispersaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad, colapsando la movilidad y obligando a la fuerza pública a intervenir en varias ocasiones. Medellín y Barranquilla no fueron la excepción, concentraciones en parques, avenidas y universidades terminaron con disturbios, daños a infraestructura y enfrentamientos con el ESMAD.
Aunque la mayoría de manifestantes defendieron su derecho a la protesta y expresaron solidaridad con el pueblo palestino, lo cierto es que muchas de las acciones sobrepasaron los límites de la manifestación pacífica, afectando derechos de terceros y la tranquilidad de miles de ciudadanos. Lo paradójico es que protestas no se ha visto reflejado frente a la profunda crisis de violencia que atraviesa el país.
En 2025, Colombia ha registrado 59 masacres con 194 víctimas al 18 de septiembre, 77.719 personas afectadas por desplazamiento forzado y 81 asesinatos de defensores de derechos humanos. Cauca y Valle del Cauca, regiones donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales siguen dejando un rastro de muerte y desplazamiento.
El panorama en el Catatumbo (Norte de Santander) no es menos alarmante. Los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC han dejado decenas de muertos, policías y soldados, comunidades enteras desplazadas y poblaciones confinadas en condiciones humanitarias críticas. Sin embargo, estas tragedias han pasado con escasa reacción social, sin marchas masivas ni protestas en defensa de las víctimas.
La contradicción resulta evidente, mientras miles bloquean calles por un conflicto a más de 10.000 kilómetros de distancia, la violencia que ocurre a diario dentro de las fronteras colombianas no despierta interes. Este fenómeno revela una desconexión preocupante entre la agenda social y la realidad nacional, alrededor de la Paz Total del presidente Petro, pero la indignación se dirige con fuerza hacia lo externo mientras lo interno permanece en el abandono.
Las protestas propalestinas, más allá de su legítima motivación política, han evidenciado un desequilibrio en la conciencia colectiva, un país dispuesto a levantar la voz por causas lejanas, pero que guarda silencio ante el derramamiento de sangre que ocurre en sus propios territorios. Busquemos un compromiso local para que la lucha por los derechos humanos empiece por casa.
