La presentación de la segunda reforma tributaria del presidente Gustavo Petro ante el Congreso, con la meta de recaudar más de 26 billones de pesos, abre un debate de fondo sobre la justicia fiscal, la sostenibilidad económica y el modelo de Estado que requiere Colombia. Más allá de las cifras y de los ajustes técnicos, lo que está en juego es la necesidad de estructurar un sistema tributario que cumpla con los principios consagrados en la Constitución: equidad, eficiencia, progresividad y transparencia. Y esto el pueblo de Colombia, no lo observa
Cualquier reforma tributaria debe comenzar con una verdadera lucha contra la corrupción, en normas penales y un gasto público, que sea bien planidicado y austero, porque cualquier esfuerzo de recaudo será insuficiente si no se enfrenta de manera estructural la corrupción. En Colombia, la desviación de recursos públicos mediante contratos amañados, clientelismo y redes de captura del Estado representa una fuga millonaria que debilita la confianza ciudadana. Una reforma tributaria que no ataque la corrupción solo trasladará más cargas a los contribuyentes, sin garantizar mejoras reales en la calidad de vida. La lucha contra la corrupción debe convertirse en el complemento esencial de una política fiscal responsable. Y es fácil, es observar como lo han logrado los paises , con unos índices de transparencia y sus reformas disciplinarias y penales
En Colombia es excesiva la Burocracia, por lo tanto muy costosa y con exagerados gastos de funcionamiento, luego una reforma debe dar el marco para disminuir el tamaño del estado y estructurar un plan de buscar en 4 años de eficiencia del aparato estatal. El gasto de funcionamiento, que en ocasiones supera ampliamente la inversión social y productiva, refleja un Estado inflado y poco eficiente. Ministerios, agencias y entidades con funciones duplicadas generan una burocracia costosa que drena recursos que deberían destinarse a salud, educación, infraestructura y seguridad social. Una reforma integral debe proponerse reducir esa estructura, simplificar trámites y promover la digitalización, con el fin de liberar recursos hacia la inversión productiva.
Hacia un Estado pequeño y eficiente, encima de tanta desorganización e ineficiencia. En Colombia, pareciera que no les interesa. El ideal no es un Estado ausente, sino un Estado pequeño en tamaño pero grande en eficacia. La eficiencia administrativa significa que los impuestos recaudados se transformen en bienes y servicios tangibles para la sociedad: hospitales en funcionamiento, escuelas con calidad, vías adecuadas, programas de empleo y seguridad social efectiva. Cuando el ciudadano percibe que sus aportes retornan en bienestar, la cultura tributaria se fortalece y la evasión se reduce.
De otro lado, el sistema tributario colombiano históricamente ha mostrado debilidades en su progresividad. Mientras amplios sectores de la población de ingresos medios y bajos asumen cargas mediante impuestos indirectos, grandes capitales y sectores empresariales gozan de beneficios, exenciones o mecanismos de evasión que erosionan la base fiscal. La reforma debería, por tanto, reorientar el peso del recaudo hacia quienes más capacidad económica tienen, asegurando que se cumpla el principio de equidad y que se fortalezca la legitimidad social del sistema. Y también hay sectores que están muy gravados comparativamente como aparece en el mundo.
La segunda reforma tributaria del presidente Petro tiene la oportunidad de trascender la mera necesidad fiscal de recaudar 26 billones. El verdadero desafío es diseñar un articulado y un sistema que cumpla los principios constitucionales y que, en coherencia, derrote los males estructurales que han limitado el desarrollo del país: corrupción, burocracia excesiva y un gasto público que privilegia el funcionamiento sobre la inversión. Solo así podrá construirse un Estado eficiente, legítimo y capaz de responder a las demandas de equidad y desarrollo sostenible que exige la sociedad colombiana. Sería el gran triunfo del Congreso , exigir legal y tributariamente , unas normas que defiendan al contribuyente de tanto abuso fiscal , que no permite lograr una inversión, para un gran desarrollo económico y social.
Solo es evaluar el PIB per cápita de algunos paises latinoamericanos vs uno en via de desarrollo ( España ), porque mide el desarrollo económico y social del pais, refleja la riqueza promedio producida por habitante, impactando ingresos, servicios y calidad de vida. Y allí, nos da vergüenza y gigante tarea tributaria :
Pib per cápita de Colombia de 6,873.42 USD, frente a Chile 14,579.40 USD, Argentina 13,593 USD , Costa Rica 14,866.58 USD. Y esto latinoamericano, compárelo con España de 30.000.00 USD. Por lo que se observa, nunca llegaremos en latinoamerica a unos indicadores como España.
Lo sensato es : Aprobar la reforma SI, pero con condiciones taxativas, es decir con requisitos y condiciones, que deben cumplirse estricta y detalladamente, que no son flexibles, deben ser claras, precisas y limitantes. La aprobación se da bajo un marco normativo condicionado
