Vallecaucanos somos una región rica pero subutilizada y sin estrategia común. El Valle del Cauca representa cerca del 9 % del PIB nacional y es una de las economías más importantes de Colombia. Sin embargo, esa fortaleza contrasta con un bajo PIB per cápita, altos niveles de desigualdad, informalidad laboral y enormes brechas sociales. A ello se suma una preocupante ausencia de representación en el nuevo Gobierno Nacional: cerca de veinte altos funcionarios han sido designados y ninguno es vallecaucano. La bancada parlamentaria ha permanecido desarticulada durante meses, mientras la polarización entre izquierda y derecha terminó debilitando la agenda regional. Es momento que los nuevos congresistas , con la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali lideren un gran acuerdo político, empresarial y social que devuelva al Valle una voz unificada ante la Nación, identificando un gran proyecto de región.
Leer mensaje de las urnas y redefinir prioridades
Las elecciones transformaron el mapa político regional y nacional. Persistir en las mismas agendas de proyectos, sin interpretar ese mensaje ciudadano sería un error estratégico. La población reclama, antes que grandes anuncios, educación de calidad, empleo formal, seguridad, vivienda para los obres y mejores oportunidades para los jóvenes. Proyectos como el tren de cercanías mantienen importancia, pero hoy las prioridades sociales son otras. Antioquia, Bogotá y la región Caribe avanzaron gracias a consensos institucionales que el Valle no logró construir. El nuevo escenario democrático exige abandonar las disputas estériles y formular una agenda común que permita atraer inversión nacional y recuperar competitividad.
Aeropuerto, símbolo de crisis y oportunidad
El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón refleja la paradoja del Valle del Cauca. Aunque atiende el enorme corredor económico conformado por Cali, Buenaventura, Buga y todo el suroccidente colombiano, su infraestructura resulta insuficiente para una región de esa dimensión. La nueva concesión contempla inversiones cercanas a 4,3 billones de pesos que permitirían duplicar la capacidad, pasando de siete a quince millones de pasajeros anuales, sin exigir recursos fiscales nacionales. La experiencia con Aerocali dejó litigios, arbitrajes y una modernización incompleta. Hoy la prioridad debe ser una infraestructura aeroportuaria moderna, durable y competitiva, capaz de impulsar el comercio, el turismo, las exportaciones y la reactivación económica regional.
SOS al nuevo Gobierno y pacto por el Valle
El nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo inició su campaña en Buenaventura y Cali y la cerró en Buga, un mensaje político que el Valle debe aprovechar con inteligencia. La exministra y ex senadora , Susana Correa, por su cercanía con el nuevo Gobierno y su liderazgo regional, podría convocar a la gobernadora, al alcalde, a los gremios, empresarios y a los congresistas que se posesionan el 20 de julio para construir una agenda sin exclusiones. Salvar el MIO, fortalecer la seguridad, modernizar el aeropuerto, elevar la calidad educativa, el desempleo en los municipios vallecaucanos y profundizar el canal de acceso a Buenaventura deben convertirse en mínimos regionales. La unión de los vallecaucanos dejó de ser un discurso: es la condición indispensable para que la Nación vuelva a invertir decididamente en el Valle del Cauca. Y no les de miedo conversar, hay 6 representantes del Pacto Histórico y 7 de derecha, hay solo 9 senadores, 5 de derecha y 4 de izquierda. Esperar que la confrontación del poder regional y local, se demora 1 año, que se inscriban los candidatos
Patria Milagro: Agenda de alto nivel para recuperar la confianza
La gira del vicepresidente electo José Manuel Restrepo por Washington estuvo marcada por una intensa agenda con las principales instituciones del Gobierno de Estados Unidos y de la comunidad financiera internacional. Con el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio; el Departamento del Tesoro, dirigido por Scott Bessent; el Departamento de Energía, con Chris Wright; el EXIM Bank; el Banco Mundial; el BID; el Fondo Monetario Internacional; la Corporación Financiera Internacional (IFC); la MIGA; la Oficina del Representante Comercial (USTR) y miembros del Congreso de Estados Unidos permitieron presentar la estrategia económica del gobierno entrante. A ello se sumaron encuentros con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, centros de pensamiento como el Atlantic Council y empresas tecnológicas como Google, construyendo una agenda integral para fortalecer la confianza internacional, atraer inversión y abrir nuevas oportunidades de cooperación para Colombia.
Cooperación: Impulsar crecimiento, empleo e innovación
El balance de la misión fue ampliamente constructivo, al consolidar canales de cooperación con actores decisivos para el desarrollo económico del país. Con el FMI y el Departamento del Tesoro se avanzó en asistencia técnica para fortalecer la sostenibilidad fiscal; con el EXIM Bank se acordó preparar proyectos de infraestructura y conectividad; con el Departamento de Energía se abrió una agenda para seguridad energética y transición responsable; con el Departamento de Estado y el Congreso estadounidense se reforzó la relación bilateral en comercio, seguridad y democracia. Paralelamente, las reuniones con el Banco Mundial, el BID, la IFC y la MIGA facilitaron nuevas perspectivas de financiamiento, mientras que el acercamiento con Google impulsó programas de inteligencia artificial y transformación digital. En conjunto, estas gestiones proyectan a Colombia como un destino confiable para la inversión, la innovación, la generación de empleo y el crecimiento sostenible.
Cali: el colapso constitucional de gobierno y concejo
Durante treinta meses, la Alcaldía y el Concejo han evidenciado una preocupante degradación del modelo constitucional de gobierno local. La Constitución no creó un alcalde omnipotente ni un Concejo espectador; estableció un sistema de corresponsabilidad donde uno ejecuta y el otro controla. Sin embargo, en Cali esa arquitectura institucional terminó convertida en una ficción. El Ejecutivo impulsó decisiones de enorme impacto financiero mientras el Concejo, en lugar de ejercer un control político riguroso, avaló sucesivos proyectos y autorizaciones sin demostrar el nivel de exigencia que demandan los recursos públicos. El resultado es una ciudad con proyectos cuestionados, compromisos multimillonarios y una responsabilidad política compartida que durante años se intentó ocultar. El fracaso no puede atribuirse únicamente al alcalde: también compromete a quienes, teniendo el deber constitucional de controlar, prefirieron aprobar y después guardar silencio.
De órgano de control a notaría del poder
La mayor crisis institucional de Cali no radica únicamente en las decisiones del Ejecutivo, sino en la renuncia del Concejo a ejercer la función para la cual fue elegido. Durante años autorizó presupuestos, endeudamientos y modificaciones sin demostrar un control político proporcional a la magnitud de los riesgos fiscales asumidos. La aprobación del empréstito por 3,5 billones de pesos constituye el ejemplo más evidente de esa conducta: mientras cambian proyectos, cronogramas, prioridades y costos, persisten interrogantes sobre la suficiencia de los estudios que respaldaron la autorización. Cuando un concejo aprueba sin controvertir, sin exigir y sin corregir, deja de actuar como contrapeso constitucional y termina funcionando como una simple notaría política. Esa omisión tiene consecuencias jurídicas, fiscales y administrativas que no desaparecen con discursos ni con mayorías circunstanciales.
Juicio ciudadano y constitucional apenas comienza
La elección del nuevo alcalde y nuevo concejo, no juzgará únicamente la gestión de Alejandro Eder; evaluará 20 años de una forma de gobernar alcaldes y concejales, compartieron decisiones que hoy pesan sobre las finanzas y el futuro de Cali. Megaobras inconclusas, un MIO sin cierre financiero, valorización cuestionada y el mayor endeudamiento de la historia del Distrito conforman expediente político y constitucional que ningún actor podrá eludir. Los concejales que hoy aspiran a la Alcaldía deberán responder en nombre de todos los cabildantes, primero por su comportamiento como órganos de control: explicar qué objetaron, qué corrigieron y qué hicieron para impedir decisiones que comprometieron el patrimonio público. El verdadero debate no será el de las promesas electorales, sino el de las responsabilidades institucionales. Los ciudadanos y la justicia serán quienes determinen si hubo respeto por la CN o una cadena de decisiones que hizo cada vez más inviable a Cali.
Nuevo salvamento para un MIO, sistema quebrado
El Proyecto de Acuerdo 096 no representa una solución para el MIO; constituye un nuevo salvamento financiero de un sistema que fracasó desde su concepción y cuya inviabilidad quedó demostrada durante 20 años de operación. Destinar $330.000 millones del endeudamiento público para adquirir 339 buses, es insistir en la misma fórmula que aplicaron 4 alcaldes sin modificar las causas reales de la crisis. Cali pretende convertirse en propietario de la flota mientras mantiene intacto el modelo contractual que llevó al colapso técnico y financiero del sistema. No existe evidencia del cierre financiero definitivo del MIO, tampoco estudios que prueben su sostenibilidad operacional, económica, jurídica y social. Se pretende aprobar otra deuda sin demostrar cómo desaparecerán las pérdidas, cómo se repondrá la flota pública en pocos años, ni por qué ahora sí funcionaría un esquema que durante dos décadas solo ha producido déficits, subsidios crecientes y pérdida permanente de usuarios.
Concejo por 4ª vez, a financiar otro fracaso anunciado
La discusión en el Concejo confirmó que el verdadero problema del MIO nunca fueron los buses, sino un modelo institucional capturado por contratos inviables, improvisación administrativa y ausencia de decisiones estructurales. Persisten sin respuesta preguntas esenciales sobre los litigios con operadores, el impacto de la Ley 550, el costo real del mantenimiento y reposición de la flota, el crecimiento del transporte informal, la expansión del parque automotor de motocicletas y la inexistencia de un plan serio para recuperar la demanda perdida. Aun así, se pretende respaldar una nueva deuda con una sobretasa a la gasolina cuyo recaudo tenderá a disminuir por la transición energética. Aprobar este proyecto sin resolver esos vacíos significaría convertir nuevamente a los caleños en financiadores de un sistema que perdió viabilidad técnica, credibilidad ciudadana y legitimidad institucional. El problema no son 339 buses; el problema es un modelo agotado que continúa consumiendo recursos públicos sin ofrecer una solución real para la movilidad de Cali.
Otros confidenciales
El mayor fracaso del gobierno local
Ya Cali está con 5 candidatos a la alcaldia y tiene el deshonroso lugar, de haber ocupado el último lugar en calidad educativa entre las principales ciudades del país y es la evidencia de un fracaso estructural de la administración pública. Mientras el debate político gira alrededor de obras, endeudamiento, movilidad, seguridad o infraestructura, el verdadero indicador del desarrollo de una ciudad se encuentra en el aprendizaje de sus estudiantes. Las Pruebas Saber 11 de 2025, con un promedio de apenas 259 puntos y solo 250 en las instituciones oficiales, reflejan una crisis profunda del capital humano. Nos rajamos en lo publico y privado. Conforme a la Constitución, el alcalde administra y ejecuta las políticas públicas, mientras el Concejo aprueba presupuestos, ejerce control político y vigila la gestión. Si durante años los resultados educativos retroceden, ambos poderes han incumplido su responsabilidad constitucional. No existen excusas administrativas ni discursos políticos que puedan ocultar una realidad tan contundente: una ciudad que fracasa en educar a sus jóvenes compromete su futuro económico, social e institucional durante varias generaciones.
La peor herencia de la Alcaldía: educación pública
Durante más de dos décadas, Cali consolidó una enorme estructura administrativa educativa sin que ello se tradujera en mejores resultados académicos. La Secretaría de Educación administra 91 instituciones oficiales, cerca de 342 sedes, más de 6.500 docentes y directivos, decenas de rectores, coordinadores y centenares de contratistas, convirtiéndose prácticamente en una alcaldía paralela. Sin embargo, el crecimiento de la burocracia nunca estuvo acompañado por una política rigurosa de calidad, innovación pedagógica, formación docente, evaluación permanente o modernización curricular. Mientras otras ciudades avanzaron en ciencia, tecnología y fortalecimiento institucional, Cali permaneció atrapada en una lógica de ejecución presupuestal y contratación, sin transformar el aprendizaje en las aulas. El verdadero indicador no es cuánto dinero se invierte ni cuántos funcionarios existen, sino cuánto aprenden los estudiantes. Cuando el sistema oficial obtiene los peores resultados entre las grandes ciudades, queda demostrado que el tamaño del aparato administrativo no reemplaza la eficacia de la gestión pública ni justifica los recursos comprometidos.
Sin educación de calidad no habrá futuro para Cali
Los organismos internacionales coinciden en que la calidad educativa determina la productividad, la innovación, la competitividad y la movilidad social de una sociedad. Por ello, la pobreza, la informalidad laboral, el desempleo y el bajo crecimiento económico de Cali no pueden analizarse separados del deterioro de su educación pública. La ciudad perdió el papel que durante décadas cumplieron instituciones emblemáticas como Santa Librada, el Liceo Departamental Femenino, Eustaquio Palacios, la Normal Nacional y el Politécnico, cuyos egresados accedían masivamente a la Universidad del Valle y encontraban en la educación un verdadero ascensor social. Hoy ese modelo de excelencia prácticamente desapareció. La elección de 2027 debería centrarse en un compromiso verificable para recuperar la calidad educativa mediante un Plan Maestro con metas medibles, evaluación independiente y rendición de cuentas. Sin reconstruir el capital humano, cualquier promesa sobre desarrollo, seguridad o prosperidad será apenas un discurso político sin bases reales para transformar el destino de Cali.
