Cuando Colombia conmemora un año del atentado que le costó la vida al senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el país debería estar concentrado en fortalecer las instituciones democráticas, rechazar la violencia política y garantizar una campaña electoral en condiciones de respeto y equilibrio. Sin embargo, el debate nacional vuelve a girar alrededor del presidente Gustavo Petro y sus reiteradas intervenciones en el escenario electoral.
Diversos sectores políticos y analistas han cuestionado que el mandatario utilice con frecuencia sus discursos, redes sociales y apariciones públicas para defender posiciones afines a su proyecto político y atacar a dirigentes de la oposición. Para sus críticos, esta conducta desdibuja la obligación constitucional de neutralidad que debe caracterizar al jefe de Estado durante los procesos electorales.
La controversia adquiere una dimensión internacional con el viaje del presidente a Estados Unidos para intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus detractores consideran que, en un momento en que Colombia enfrenta desafíos de seguridad, violencia política y desaceleración económica, el mandatario opta por proyectar conflictos ideológicos en el escenario global antes que concentrarse en resolver las urgencias nacionales.
Las críticas aumentan por sus reiteradas referencias al presidente estadounidense Donald Trump y a sectores políticos de ese país. Para la oposición colombiana, estas intervenciones no solo generan tensiones innecesarias con el principal socio comercial y estratégico de Colombia, sino que también terminan trasladando al ámbito internacional la polarización que domina el debate interno.
En lugar de enviar mensajes de unidad tras un año marcado por el recuerdo de la muerte de Miguel Uribe Turbay y por las preocupaciones sobre la seguridad de los dirigentes políticos, Petro vuelve a ubicarse en el centro de la controversia política. Sus críticos sostienen que cada discurso internacional se convierte en una nueva plataforma para confrontar adversarios ideológicos, tanto dentro como fuera del país.
A ello se suma la discusión sobre los resultados de la denominada Paz Total. Aunque el Gobierno la presenta como una estrategia para reducir la violencia, sus opositores afirman que persisten graves problemas de orden público en varias regiones y que los grupos armados ilegales continúan representando una amenaza para la estabilidad institucional.
A un año de la tragedia que enlutó la política colombiana, el país necesita señales de reconciliación, respeto democrático y liderazgo institucional. La pregunta que plantean los sectores críticos es si el presidente está ejerciendo el papel de jefe de Estado de todos los colombianos o si continúa actuando como el principal protagonista de una campaña política permanente, dentro y fuera de las fronteras nacionales.
