Cali, sus habitantes y la Base Aérea Marco Fidel fueron sacudidos por un brutal atentado terrorista que dejó un saldo trágico de 8 muertos y 76 heridos. En flagrancia fueron capturados Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, quienes fueron presentados ante un juez de garantías y enfrentan cargos que incluyen terrorismo, atentado contra la seguridad nacional y poner en riesgo vidas inocentes.
Ante la ausencia de control por parte del líder constitucional de la policía, que es el alcalde para prevenir actos terroristas, y la gravedad de estos hechos, se exige una respuesta contundente del gobierno nacional, la justicia colombiana y el alcalde Alejandro Eder, tanto para explicar lo ocurrido como para prevenir futuras tragedias. Esta es una oportunidad crucial para actuar con firmeza, garantizar la no impunidad, y honrar el derecho de las víctimas a obtener justicia y reconocimiento. La sociedad colombiana no puede permitir que estos crímenes queden en la sombra de amnistías o procesos de paz que, en la historia reciente, han demostrado ser insuficientes para garantizar responsabilidad, como evidenció la desmovilización de las FARC bajo el gobierno de Santos. Casos como Iván Márquez, Santrich, etc, quien tras acogerse a la paz retornaron a los delitos e ilegalidad, evidencian la vulnerabilidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Estos mecanismos generan una profunda ofensa y revictimización para quienes han sufrido directamente la violencia. La justicia debe ser un escudo que ampare a las víctimas y un cimiento para la reconstrucción de la convivencia. En este sentido, el caso de Yonda Ipía y Obando debe ser un faro norte caleño, demostrando que la búsqueda de la paz requiere un justo equilibrio con la exigencia de responsabilidad. Ningún proceso de paz puede ni debe eximir de castigo a quienes cometen delitos graves contra la humanidad y la seguridad nacional. Obviamente que los responsables del atentado a 13 policías al derribar el helicóptero en Amalfi, – Antioquia, mientras realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos, deben tener igual reproche y castigo.
Es fundamental que estos casos motiven al Estado a fortalecer su compromiso con las víctimas del conflicto armado, respetando sus derechos fundamentales e implementando una justicia efectiva y ejemplar. De este modo, se evitarán las experiencias injustas y peligrosas del pasado y se mantendrá firme la defensa de la sociedad frente al terrorismo y la violencia.
Hoy, Cali es un polvorín en medio de la crisis
Causada por la violencia que se extiende desde Jamundí, el norte del Cauca, Buenaventura, el Pacífico y el suroccidente colombiano. Frente a esta realidad, el alcalde Alejandro Eder, debe liderar la planificación para proteger a los habitantes de la ciudad. El punto de partida debe ser la unión de todos los caleños en un acto en el Concejo, invitando a las Juntas de Acción Local (JAL), Juntas de Acción Comunal (JAC), unidades residenciales y a la comunidad en general, para presentar un programa convincente y sostenible a largo plazo.
Este plan debe tener como eje central la restitución de la verdad como elemento de cohesión, especialmente en un contexto marcado por la quiebra fiscal de Cali, la inviabilidad del MIO y las megaobras pendientes, que representan una estafa de la alcaldía hacia los caleños.
La ciudadanía ha carecido de una verdad clara y efectiva por 2 decadas en el MIO, 15 años en valorización y 6 años en la quiebra fiscal. Para que se recupere la confianza en los alcaldes y las instituciones. Solo recuperando la verdad y la justicia, Cali podrá avanzar hacia una convivencia pacífica y segura.
