La administración del alcalde Eder a través del Departamento de Planeación considera que sí bien es cierto el espacio público es de uso común y su ocupación es una limitación al ejercicio de este derecho colectivo, ha decidido entregarle el uso de vías públicas, parques, plazas, etc., a particulares en lo que constituye una extralimitación en el ejercicio de las funciones públicas y una vulneración al artículo 82 de la Constitución Política, que a la letra dice: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.
En Cali como en otras entidades territoriales se han expedido regulaciones integrales sobre el aprovechamiento económico del espacio público. La Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del año 2018 unificó su posición frente a la improcedencia del contrato de arrendamiento de bienes de uso público. En este caso, la ocupación del espacio público para ejercer una actividad comercial constituye un contrato de arrendamiento así eufemísticamente se le dé otra denominación.
De esta manera, en la ciudad se empezó a parcelar el espacio público en una equívoca visión de lo que debe ser la gestión en cuanto al espacio público que incluye el mantenimiento; restringiéndoles a las personas en general su uso de acuerdo al tipo de espacio como son las vías, plazas, andenes, parques, etc.
El artículo 7º del Decreto 1504 de 1998 cataloga EL ESPACIO PUBLICO como “el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno de los principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial”
Desde la administración Eder se dice que de lo que se trata “es de regular entre una serie de labores que son las más comunes o recurrentes que se dan en el espacio público en Cali y en la conservación de un equilibrio y contraprestación, lo que se busca es que se pueda hacerle un aporte a la ciudad por el uso del espacio público de manera “temporal”, lo que no deja de ser más que un pretexto para justificar la privatización del uso del espacio público.
Así las cosas, con la aplicación de esta medida, la administración entregará a los particulares el uso del espacio público para que atiendan sus necesidades de trabajo a cambio del pago de una suma dineraria que dependerá del área del espacio parcelado.
De acuerdo con la reglamentación del uso del espacio público aprobada en e año 2022 se podrá cobrar por la realización de eventos deportivos que se lleven a cabo en las vías públicas, la instalación de campamentos y ocupaciones temporales con obras en construcción, la celebración de eventos en algún parque de la ciudad, entre otras actividades de carácter comercial y recreativas. De lo anterior, se exceptúan las ventas ambulantes o informales de comerciantes se dedican a dicha actividad y con quienes se dice “no están incluidos en dicha regulación ya que cuentan con una política pública en la que se viene trabajando de manera articulada desde la administración distrital”.
De esta manera, el camino emprendido por la administración tiende a subordinar el interés general a los intereses de aquellos negociantes del espacio público que se lucran con la explotación de los bienes públicos, contando para ello con el beneplácito de las autoridades que en su afán de recaudar nuevos recursos no les importa si con ello se violan los derechos colectivos de los ciudadanos.
ADENDA: Cali está llena de basuras ocupando el espacio público, sin que se tomen medidas y controles para que las empresas prestadoras cumplan los horarios y con la campana anuncien la llegada del vehículo que les permita a los usuarios del servicio sacar las bolsas, evitando que perros o indigentes las rompan regando desperdicios en andenes y zonas verdes. Faltan campañas educativas desde la alcaldía para que los usuarios reciclen en la fuente. La gestión de lo público no puede reducirse a publicidad proyectando una imagen de la ciudad alejada de la realidad.
