La renovación urbana del centro de la ciudad de Cali denominada “Ciudad Paraíso” se convirtió con el paso del tiempo en un inmenso fracaso para la ciudad y para quienes habitan y trabajan en el sector objeto de dicho proceso urbanístico, además de causarles graves perjuicios a propietarios de sus viviendas y comercios, particularmente en el caso del barrio San Pascual, cuyos habitantes podrán ser desarraigados por las autoridades distritales o judiciales.
La motivación de la administración que promovió la ejecución de dicho Plan de renovación urbana fragmentado en 4 planes parciales desarticulados entre sí y correspondientes a las zonas de los barrios El Calvario, San Pascual, Sucre y Ciudadela de la Justicia, se fundamentó en la idea sofística de que dicho barrios habían entrado en un proceso de deterioro irreversible, afectándose con ello otros sectores del centro de la ciudad, circunstancia que por lo demás condujo a que las autoridades hicieran caso omiso de la existencia de una mayoría poblacional de familias honestas y trabajadoras, integrantes de varias generaciones que mediante sus esfuerzos y escasos recursos lograron construir sus propias viviendas y pequeños negocios clasificados como estrato 3 que posteriormente los funcionarios de Planeación los bajaron a estrato 1 con el fin de reducir el avalúo de sus predios y rebajar el precio de sus propiedades, después de lo cual se adelantó la negociación, previa declaración de utilidad pública para obligar a sus habitantes a vender sus viviendas en favor del municipio y adelantar la renovación urbana por parte de la EMRU hoy EDRU.
En la actualidad los habitantes del barrio San Pascual se encuentran en un verdadero limbo jurídico pues no saben a ciencia cierta que pasará en el inmediato futuro con sus viviendas, en tanto la nueva empresa de renovación urbana no ofrece ninguna explicación al respecto, al tiempo que la administración del alcalde Alejandro Eder tampoco se pronuncia sobre el futuro de este proyecto urbanístico respecto de dicho barrio y de sus habitantes a quienes no se les escucha en sus reclamos y peticiones acordes con sus derechos constitucionales y legales.
Dicha situación ha contribuido a que no exista ninguna interlocución y por tanto alguna alternativa de solución, mientras tanto se deteriora aún más su entorno urbanístico y social en razón de la prórroga por 10 años hasta el mes de marzo de 2028 del Plan Parcial San Pascual, generándose con ello graves perjuicios materiales y morales que demandan de las autoridades una indemnización por estas actuaciones contrarias a la ley y a la Constitución Política.
El mencionado Plan Parcial San Pascual que hoy se encuentra estancado, no solo no cumple con los principios y objetivos constitucionales y los consagrados en la ley 388 de 1997, sino que además ha propiciado el desarraigo de los habitantes de los barrios El Calvario y de una parte (dos manzanas) del barrio San Pascual, a quienes después de varios años de efectuada la negociación aún se les adeuda una parte del precio de la venta forzada, en tanto que muchos de sus antiguos habitantes terminaron hacinados en otros barrios del centro de la ciudad como el barrio San Bosco convertido en un nuevo sector deprimido y tugurizado de la capital en plena zona céntrica.
Consideramos como un aspecto prioritario y esencial avocar cuanto antes la revisión de dichos planes parciales por parte de las autoridades distritales con el fin de darle solución concreta a sus habitantes a fin de que dicho Plan de renovación urbana totalmente fracasado y calificado por el ex alcalde Ospina como fallido se ajuste a la realidad articulándose con los otros tres planes parciales y con la ciudad para desarrollarlo acorde con los intereses individuales y colectivos de los habitantes en armonía con el interés general, individual y el progreso general de la ciudad de Cali.