Una historia que se repite en el tiempo y que tiende a expandirse más allá de los límites de “mi bello puerto del mar mi Buenaventura”, hoy en manos de las bandas de los shottas y los espartanos que en la realidad han sustituido al Estado con todas sus acciones criminales a nivel distrital, ha demostrado que las autoridades no han estado a la altura de las circunstancias para combatir el crimen organizado, el cual se ha extendido a varios de los municipios que integran los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó.
La experiencia práctica e histórica nos demuestra en este caso que el delito si paga, cuando además se cuenta con la anuencia de algunos funcionarios y dirigentes políticos que les deben sus cargos y realizan alianzas con las bandas de delincuentes que incursionan a la vez en la política y en los negocios, dándoles una apariencia de legalidad. Ya casi, a todos los ciudadanos les toca pagar la extorsión impuesta por dichas organizaciones criminales, a la par que los ciudadanos deben pagarles los elevados precios de la “carterización” de los productos, bienes y servicios que hacen parte de la canasta familiar.
Debemos preguntarnos hasta cuándo los propietarios de pequeños negocios, comerciantes y ciudadanos en general se dejarán extorsionar por los shottas y los espartanos, mientras que un sector minoritario dedicado al negocio del turismo y al comercio internacional de mercancías con sus puertos privados y zonas francas, poco o nada les interesa la situación que vive el pueblo bonaverense sumido en la pobreza y la desigualdad social.
Para algunos críticos de la política de la paz total, los acuerdos con los shottas y los espartanos ha sido un completo fracaso, en tanto que dichas organizaciones se han fortalecido al interior del territorio de la ciudad de Buenaventura y en otros espacios territoriales en donde sus habitantes deben pagarles impuestos por la entrada y salida de sus productos agrícolas.
Esta práctica por supuesto no es nueva pues viene de más de una década sin que las autoridades hayan podido ejercer un control y manejo de dicha situación.
Cualquier cambio que se introduzca por parte de las autoridades pasa por la necesidad de construir una nueva política de carácter integral, dirigida no solo a combatir al crimen organizado sino a rescatar a su población, particularmente de los jóvenes que son cooptados por las bandas de delincuentes, que los utilizan para la ejecución de sus actos criminales aprovechándose de que dichos jóvenes no tienen oportunidades de trabajo, educación, salud, cultura, utilizando para ello sus potencialidades para construir una nueva realidad social que conduzca a la aclimatación de la paz y la convivencia, conjuntamente con la recuperación de “mi bello puerto de mar mi Buenaventura”.
ADENDA: El nuevo experimento del alcalde Eder de peatonalizar el centro de la ciudad hace parte de varias de sus medidas improvisadas, ya que muy poco o nada contribuiran a mejorar la condición del peatón, en tanto que la estrechez de los andenes y la ocupación del espacio público por los vendedores estacionarios y ambulantes no les permite su desplazamiento ágil y seguro en el sector. Por el contrario, la peatonalización de varias calles y carreras conjuntamente con la plaza de Cayzedo generará mayor congestión al reducirse los espacios para la circulación de los vehículos que han aumentado inusitadamente en dicho sector generando mayores riesgos de accidentalidad que se agravará con la peatonalización de las carreras 4 y 5 con calles 13 y 10. Así mismo, el propósito del alcalde consiste en obligar a los vendedores ambulantes al pago de una suma por el alquiler del espacio público, medida ésta de corte alcabalero que no soluciona los problemas de las ventas ambulantes, de la movilidad, los andenes, recuperación de la malla vial ni ayuda a la peatonalización
