Mientras para los empresarios de la ciudad, el alcalde electo debe atender prioritariamente el problema de la inseguridad urbana, este se ha comprometido a reconciliar los espíritus de los caleños sobre la base de tender la mano incluso a sus adversarios políticos, tal como lo hizo recientemente con el excandidato Roberto Ortiz quien manifestó estar dispuesto a colaborar con el gobierno en su gestión administrativa encaminada a sacar a Cali del estado de postración en que se encuentra en la actualidad.
Aunque la necesidad de reconciliar a los caleños entre sí constituye un propósito del alcalde electo, dicha posibilidad no debe identificarse con la realidad misma que en fin de cuentas es la que determina lo que puede ser posible y lo que no puede ser, circunstancias estas que no dependen únicamente de los deseos y de la voluntad política del gobernante, mientras no se creen las condiciones concretas y objetivas para lograr el buen suceso de dicho propósito las cuales deben ser reales y no simplemente formales, generándose con ello un ambiente aparentemente ilusorio que poco o nada tiene que ver con dicha realidad.
El alcalde electo ha manifestado que el primer reto que tiene es el de garantizar la seguridad en la ciudad para lo cual convocará un consejo de seguridad con participación de todas las autoridades civiles, de policía y militares para tratar este asunto y definir una nueva política a seguir en el inmediato futuro. Así mismo afirma que el segundo reto que enfrentará es el de la movilidad con la recuperación del transporte masivo MIO de la ciudad, el cual se encuentra en estado de insolvencia debido a su crisis financiera, técnica y operativa. En tercer lugar, el alcalde electo manifiesta que avocará el problema de la educación que en la ciudad arroja uno de los peores índices en esta materia particularmente en lo que se refiere a la educación básica y media. También expresó que la Cámara de Comercio de Cali y sus afiliados colaborarán con su gestión administrativa para sacar adelante los objetivos del plan de desarrollo y del fortalecimiento empresarial para mejorar el clima de negocios en Cali para el 2024
Quienes confían en el “renacer de Cali” con el alcalde electo Eder y aspiran a que se produzca un cambio radical en el manejo de la Hacienda Pública, la infraestructura, la educación, la salud y en general los asuntos de la gestión pública, confían en buena medida en las promesas y compromisos adquiridos por el señor Eder, sin entender que su proyecto de gobierno demanda de determinados medios tanto financieros como fiscales, conjuntamente con una visión clara del presente y futuro de la ciudad, para lo cual debe contar con la unidad y organización de las fuerzas democráticas y progresistas de la capital y del propio gobierno nacional comprometidas con los cambios para conseguir que aquellas propuestas se materialicen en la práctica social para bienestar de todos los caleños.
De todas maneras, es necesario advertir que no basta con formular un nuevo plan de desarrollo, sino se ejercen rigurosamente las tareas convenidas con los ciudadanos, a quienes se les debe garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones respecto de aquellos proyectos de interés general.
No sobra agregar que los caminos del cambio y de la reconciliación que propone el alcalde electo deben privilegiar los intereses y necesidades de los ciudadanos caleños, hombres y mujeres que a través de la historia de la ciudad han construido la Sultana del Valle. Dicha prerrogativa debe estar por encima de los intereses de los grupos económicos que financian las campañas electorales y de esta manera obtienen retribuciones con cargo al erario público, el desarrollo de proyectos urbanísticos en función de su rentabilidad y en detrimento de la ciudad y de los derechos colectivos de los ciudadanos particularmente relacionados con el deterioro de las fuentes hídricas, la sostenibilidad del medio ambiente y paisajístico de Cali.
Así mismo, la política de la nueva administración deberá hacer un esfuerzo y tomar las medidas para lograr que la gestión administrativa sea realmente transparente y participativa, tal como lo ordenan la Constitución Política y la ley en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
