La vida está llena de altibajos, de momentos en los que nos encontramos en la encrucijada entre el pasado y el futuro. Tener una segunda oportunidad significa poder cerrar un ciclo, aprender de los errores y comenzar de nuevo con renovadas fuerzas y esperanza. Es en esas segundas oportunidades donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza, esa capacidad infinita de reinventarnos y salir adelante, sin importar cuán difícil haya sido el camino recorrido. Una segunda oportunidad, nos recuerda que el pasado no define nuestro destino, y que siempre podemos decidir cambiar, mejorar y enmendar errores; nos brinda la posibilidad de reescribir nuestra historia.
Entonces, dicho lo anterior ¿Todos merecemos una segunda oportunidad? En Colombia, la Constitución y el marco legal reconocen el derecho a la reparación y a la segunda oportunidad para las personas que han cometido errores, siempre y cuando estos no hayan afectado derechos de terceros. La legislación contempla principios de rehabilitación y resocialización, promoviendo que las personas puedan reintegrarse a la sociedad tras cumplir con las obligaciones y sanciones correspondientes; además, la Ley de Justicia y Paz y otras normativas, promueven la segunda oportunidad, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se demuestre la voluntad de reparación; es decir, si un ciudadano colombiano ha cometido errores que no han afectado a terceros, generalmente sí merece una segunda oportunidad, en tanto cumple con las condiciones establecidas por la ley para acceder a mecanismos de reparación, rehabilitación o reincorporación social.
Pero, y ¿Qué sucede con quiénes han violado los derechos de manera física, psicológica, afectando y destruyendo comunidades?
La violación de derechos humanos, ya sea de manera física, psicológica o mediante acciones que afectan a comunidades enteras, representa una de las principales amenazas a la dignidad y el bienestar de las personas en todo el mundo. Estas conductas no solo causan sufrimiento inmediato, sino que también generan efectos duraderos que pueden desestabilizar sociedades enteras, perpetuar ciclos de violencia y obstaculizar el desarrollo social y económico.
Las agresiones físicas, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual y otros actos de terrorismo, dejan cicatrices visibles e invisibles en las víctimas, heridas que marcan para siempre. Además del daño corporal, estas acciones pueden causar perturbaciones psicológicas profundas, como trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión. La sociedad en la que ocurre una violación de derechos físicos, también sufre, pues genera miedo, desconfianza y un clima de inseguridad que limita la participación social y el desarrollo colectivo.
La violencia psicológica, que incluye amenazas, humillaciones, persecuciones, manipulación y discriminación, es igual de destructiva que la física, son heridas invisibles que persisten siempre; las víctimas, experimentan pérdida de autoestima, aislamiento social, dificultades en el rendimiento laboral o escolar y problemas de salud mental. Cuando estas violaciones afectan a comunidades, contribuyen significativamente a la fragmentación social, generan sentimientos de impotencia y fomentan un ambiente de hostilidad que impide la cohesión social necesaria para el progreso y crecimiento social.
Cuando los derechos de un grupo o comunidad son violados, las consecuencias trascienden a nivel individual y afectan la estructura social en su conjunto. La desconfianza hacia quienes nos representan, hacia las instituciones, el aumento de la violencia, la migración forzada y la ruptura de relaciones comunitarias son algunos de los efectos que pueden derivarse de estas violaciones, causando la erosión del tejido social. Además, en contextos donde las violaciones son sistemáticas, se genera un ciclo de violencia que perpetúa la vulnerabilidad y dificulta la reconciliación.
Quienes violan derechos humanos de manera física o psicológica deben ser responsables de sus acciones. La justicia, a través de mecanismos jurídicos, busca sancionar a los responsables y brindar reparación a las víctimas. Sin embargo, en muchos casos “selectivos” la impunidad prevalece, lo que solo alimenta la percepción de que estos actos pueden repetirse sin consecuencias y perpetuar la cultura de violación.
La cuestión de si es o no apropiado que el Estado y quienes nos representan, ofrezcan segundas “oportunidades” a individuos que han cometido delitos graves, es un tema complejo que involucra consideraciones jurídicas, éticas y sociales. En Colombia, un país con un largo historial de conflicto armado, violencia y procesos de justicia transicional, en algunos casos engavetados, esta discusión adquiere particular relevancia.
Lo que sí es inapropiado, inaceptable, reprochable y vergonzante, ha sido la actuación del presidente Gustavo Petro en días pasados en una tarima junto a personas vinculadas a actividades ilícitas en Medellín, esto ha provocado una profunda indignación en la ciudadanía colombiana; este acto, ha puesto en entredicho la imagen de autoridad y compromiso que el mandatario ha querido “proyectar”, generando dudas sobre las decisiones que toma y las alianzas que establece. La percepción de que un líder nacional pueda estar en contacto o en compañía de individuos con antecedentes delictivos, resulta a toda vista censurable para muchos, quienes consideran que esto desmejora aún más la actual y débil credibilidad del Estado y su aparente lucha contra el crimen. La indignación no solo se centra en el incidente en sí, sino en lo que representa: apología, tolerancia e indiferencia hacia la ilegalidad, lo que podría tener consecuencias muy graves para la seguridad y el orden social en el país. Sin embargo, en ocasiones, algunos sectores de la sociedad tienden a “romantizar, normalizar o justificar” las conductas de aquellos que, en su búsqueda de poder o supervivencia, han causado daño, sufrimiento y destrucción. Es fundamental entender que esta actitud, lejos de ayudarnos a resolver los problemas sociales, solo perpetúa un ciclo de violencia y dolor. Los actores del delito, a menudo aparecen en la narrativa popular como personajes heroicos o como símbolos de resistencia contra un sistema que los oprime. Esta visión, sin embargo, es peligrosa y equivocada. Detrás de cada acto delictivo hay víctimas reales: familias desmembradas, niños que pierden su infancia, comunidades que viven en el miedo constante, mujeres abusadas de todas las formas, etc. La violencia genera un impacto devastador que trasciende la figura del delincuente y afecta a toda la sociedad.
Celebrar, aceptar o justificar conductas ilícitas, contribuye a normalizar la violencia y a disminuir la gravedad de los actos delictivos. Cuando se idolatra a quienes han causado daño, se envía un mensaje equivocado a las nuevas generaciones: que el poder, el dinero fácil o la fuerza son caminos aceptables para alcanzar el éxito. Esto puede llevar a un aumento en la impunidad y en la aceptación social del delito, dificultando los esfuerzos por construir sociedades más justas y seguras.
El sistema judicial colombiano ha implementado diferentes mecanismos para promover la justicia, la reparación y la reconciliación, especialmente tras el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros programas de justicia transicional, buscan equilibrar la necesidad de justicia con la de construir paz duradera. Sin embargo, estos mecanismos también han sido objeto de controversia y fracaso, particularmente cuando se trata del juzgamiento de delitos graves.
Las violaciones de derechos humanos en sus distintas formas, dejan heridas profundas que afectan tanto a individuos como a comunidades enteras. La búsqueda de justicia, reparación y prevención es un compromiso colectivo que requiere la participación activa de toda la sociedad para construir un mundo más justo, respetuoso y humano. Solo mediante la conciencia, la firmeza, autoridad y acción conjunta, se podrá reducir la recurrencia de estos actos y promover un entorno en el que los derechos de todos sean plenamente respetados. Importante enaltecer, retomar y dignificar a nuestras FFMM, la transparencia y acciones firmes que refuercen la confianza en nuestras instituciones y en quienes las representan.
Las opiniones están divididas, hay quienes creen que sí debe haber una segunda oportunidad, mientras que otros creen que estas segundas oportunidades son injustas y muy peligrosas.
La decisión de otorgar segundas oportunidades a personas involucradas en delitos graves en Colombia debe ser tomada con cuidado, con pinzas, asegurando que los mecanismos de justicia sean transparentes, respeten los derechos de las víctimas y prioricen la seguridad pública. Es fundamental encontrar un equilibrio que permita la rehabilitación de los delincuentes sin menoscabar la justicia y la dignidad de las víctimas. La sociedad colombiana debe seguir debatiendo y perfeccionando sus políticas para garantizar que la búsqueda de paz y justicia sea efectiva y equitativa para todos.
Entonces…¿Es justo y ético otorgar una segunda oportunidad a individuos que, habiendo cometido delitos que afectan gravemente a la sociedad, podrían quedar impunes, o debemos priorizar la protección y la justicia social sin comprometer la seguridad de todos?
Habrá que seguir con la lupa puesta…!
Comunicadora y Periodista - [email protected]
