Colombia enfrenta una compleja realidad marcada por la persistencia de actos terroristas, la presencia de múltiples grupos armados ilegales y una crisis de seguridad que afecta a gran parte del territorio nacional. A pesar de proclamar una “Paz Total”, la situación dista mucho de ser pacífica. En 2025, la violencia continúa golpeando al país, evidenciada en atentados recientes como el contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue herido gravemente por un sicario adolescente, en un acto atribuido a las disidencias de las FARC, específicamente a estructuras como las comandadas por Iván Mordisco.
Las disidencias de las FARC, consideradas Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), mantienen un control territorial significativo, con presencia en al menos 123 municipios y un ejército estimado entre 5,500 y 7,000 combatientes. Estas estructuras combinan ideologías marxistas con actividades ilegales como narcotráfico, extorsión y minería ilegal. A ellas se suman otros actores armados como el ELN, el Clan del Golfo y diversas bandas criminales, que en conjunto mantienen una influencia criminal profunda en muchas regiones del país.
El Clan del Golfo, por ejemplo, ha intensificado su ofensiva contra la fuerza pública con un “plan pistola” que ofrece cuantiosas recompensas por eliminar policías, generando terror en municipios de Antioquia y otras zonas. Esta multiplicidad de actores criminales ha convertido a Colombia en uno de los países con mayor número de organizaciones criminales en el mundo, un fenómeno que no ha sido contenido eficazmente por las estrategias estatales previas, que se centraron en la desmovilización de las FARC y la lucha contra la coca, dejando de lado la diversificación y expansión de economías ilegales como la extorsión y la minería ilegal.
Esta compleja y violenta realidad ocurre en paralelo a un gobierno que, según críticos, se ha enfocado más en consultas políticas, asambleas constituyentes y en el gasto público que en la efectiva gestión de la seguridad y el orden. El presupuesto nacional para 2025, aunque presenta un aumento del 3.9% respecto al año anterior y una apuesta por la reactivación económica con justicia social y ambiental, también refleja un incremento considerable en gastos de funcionamiento y personal, lo que genera cuestionamientos sobre la eficiencia en la asignación de recursos frente a la crisis de violencia.
Colombia continúa atrapada en un conflicto multifacético donde grupos subversivos, narcotraficantes y delincuentes mantienen el control de numerosos municipios, desafiando la autoridad estatal y poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos. La “Paz Total” anunciada no se traduce en realidades concretas, sino en un escenario de violencia persistente y un Estado que parece más enfocado en procesos políticos y gasto que en la seguridad y el bienestar de su población. La captura y neutralización de estructuras criminales, la reducción del control territorial de estos grupos y una política pública integral que priorice la seguridad son urgentes para que Colombia pueda avanzar hacia una paz verdadera y duradera.
