Son muchos y variados los problemas que en la actualidad se han acumulado en la ciudad, debido en buena parte a la falta de planeación y a la inoperancia e ineficiencia de quienes tienen su dirección y administración.
Entretanto, se repiten los errores por parte de unos funcionarios que no atienden ni escuchan las sugerencias de los ciudadanos que reclaman con justa razón un verdadero cambio en la política y en la ejecución de las obras públicas como en la prestación de los servicios a cargo del Estado.
Varios son los ejemplos que podemos traer a colación para demostrar la inoperancia e ineficiencia con las que la administración asume la solución de los problemas, tal como sucede por ejemplo, en el caso de la semaforización que cada vez que llueve sale de servicio generándose con ello grandes congestiones vehiculares en todos los puntos cardinales de la ciudad; a la vez que la semaforización inteligente no ha ayudado con la descongestión del tráfico automotor particularmente en el sur de la ciudad.
A lo anterior, se suman las circunstancias de que la administración no dispone de los recursos suficientes para financiar el costo de las obras y servicios, particularmente los relacionados con la educación, la salud, la vivienda, el saneamiento básico, etc., y debe en consecuencia acudir al crédito del sector financiero, incrementándose con ello la abultada deuda que tiene el distrito que pronto se descargará sobre los hombros de los caleños a través del incremento de los impuestos, tasas y contribuciones. De esta manera serán los ciudadanos los que paguen los platos rotos que nos dejan las salientes y entrantes administraciones.
Otro ejemplo de la desidia y de la ineficacia administrativa lo constituye lo que sucede con el alumbrado público hasta hace poco en manos de una empresa contratista que se comprometió a cambiar las antiguas luminarias por otras con mejoras especificaciones técnicas, dejando buena parte de la ciudad sumida en la oscuridad por falta de dichos elementos.
Con el rezago existente debido a la no terminación de las obras como la avenida Ciudad de Cali o la avenida Circunvalación y las faltantes obras del plan de las 21 mega obras, que seguramente la administración del alcalde Eder no las terminará, queda demostrada la inoperancia de las administraciones anteriores y de la del alcalde Eder.
Para colmo de males, el gobierno nacional a través de la superintendencia de servicios públicos se niega sistemáticamente a entregarle a la ciudad la empresa de servicios varios EMSIRVA declarada en insolvencia y posible liquidación desde hace más de 20 años y no obstante, haberse llegado a un acuerdo con la mayoría de sus acreedores.
Entretanto, EMCALI atraviesa por una situación de crisis financiera particularmente relacionada con el componente de telecomunicaciones que arroja pérdidas millonarias anualmente, a la vez que la empresa debe asumir el costo de la energía que adquiere en la bolsa de acuerdo con los precios del mercado, después de haber sido generadora de energía con la cual se abastecían la zona urbana y rural de Cali.
Esta situación podría agravarse aún más en la medida en que se incrementen los gastos administrativos y se amplíe cada vez más la contratación para satisfacer las ambiciones de la clientela política del alcalde Eder.
Y de ahí, la necesidad de exigirle al alcalde Eder que no se dedique a construir obras no prioritarias, sino que cumpla con los compromisos adquiridos y ejerza conjuntamente con sus funcionarios un mayor control sobre el desarrollo y ejecución de los planes y programas contenidos en el plan de desarrollo distrital.
ADENDA: La administración distrital debe garantizar de manera oportuna y eficiente la prestación del servicio de transporte escolar a los niños@ y adolescentes, para lo cual debe prever y prevenir cualquier situación que altere o haga nugatorio la prestación de dicho servicio. Esta, con más de 13 meses en el ejercicio de sus funciones, resultó ineficiente e ineficaz en la gestión que debía cumplir la secretaría de educación en lo referente al transporte escolar para los niños que residen en el área rural, zona de ladera y en lugares alejados al centro educativo dentro del área urbana. Los requisitos y trámites legales previos a la contratación administrativa no pueden considerarse un obstáculo dilatorio para la gestión pública, utilizando esta circunstancia como pretexto para apelar a la contratación directa, es decir, sin licitación pública. Lo anterior, pone en riesgo la transparencia, objetividad y moralidad de la administración pública, fuera de que con base en la figura de la “urgencia manifiesta” termine utilizándola para contratar en forma “exprés” y directa, toda clase obras, bienes y servicios que requiera el ente territorial en este caso el distrito de Cali. El alcalde, quizás previendo una investigación disciplinaria y fiscal, en un aparte del decreto de la “urgencia manifiesta”, advierte a la secretaria de educación que apelar a esta figura puede constituir una conducta grave que amerite la respectiva investigación. Le corresponde al Concejo Distrital citar a debate de control Político relacionado con estos hechos, que sientan un mal precedente en torno a la contratación directa o a “dedo” convertida en tendencia general dentro de la concepción del Estado contratista.
