La visión de la Cali de nuestro tiempo encarnada en las políticas de los gobiernos de turno desde la década de los 80 del siglo pasado, corresponde a la idea de convertirla en un gran centro de la actividad turística y de servicios de la Cuenca del Pacífico. Para ello, se han ejecutado planes, programas y una serie de medidas que vienen desarrollándose paulatinamente en la ciudad contando para ello con el concurso de varios sectores económicos, políticos y gremiales que participan en la elaboración y posterior ejecución de proyectos urbanísticos, centros comerciales, complejos habitacionales e institucionales, que marcan la pauta de la nueva ciudad turística y de servicios que se construye como alternativa de progreso y desarrollo al igual que en otras ciudades en el país, sin promover el bienestar general mediante el progreso y desarrollo social
Para llevar a cabo dicha transformación, la administración adelanta desde hace algún tiempo varias acciones aparentemente legales con las cuales se busca hacer realidad la visión que se tiene de convertir a Cali ante todo en una gran urbe, cuyo crecimiento y desarrollo social dependan en lo fundamental de la actividad turística a escala regional y de la economía de los servicios, las cuales aunque demandan de un plan integral conteniendo diferentes aspectos en materia económica, política, social, cultural, ambiental, etc., no se ha llevado a cabo reduciendo la función pública a la parte urbanística en sus diferentes expresiones.
Dicha visión turística de la ciudad conlleva necesariamente la obligación de las autoridades de convocar a los caleños para que sean estos los que en última instancia tomen las decisiones correspondientes sobre el presente y futuro de la ciudad, ya que no es aceptable desde ningún punto de vista que se pretenda imponer una determinada visión so pretexto de mejorar la condición económica y social de los ciudadanos y contribuir al progreso y desarrollo de la comunidad, en tanto que no se trata de beneficiar a algunos sectores económicos que ven en esta ocasión la oportunidad para acrecentar sus capitales y rentas por cuenta de los nuevos planes de renovación urbana del centro de la ciudad, que se adelantan con el beneplácito y actuación de las autoridades del distrito, que vienen introduciendo cambios en el uso del suelo urbano y rural y amenazando con desalojos masivos de sus viviendas a varias poblaciones, tal como sucede en la actualidad con los habitantes del sector de brisas de los Cristales, apoyándose en el proyecto de acuerdo 053 de 2025 del Concejo Distrital que declara de utilidad pública varios terrenos de dicho sector, los cuales son ocupados desde los años 60 del siglo pasado; o con lo que se viene ejecutando en ciudad Paraíso.
Lo preocupante de lo anterior, es que la secretaría de Vivienda y Planeación , así como la empresa de Renovación Urbana EDRU, se valen de su autoridad para hacer realidad las decisiones que se toman por el alcalde Eder y el Concejo, que conjuntamente acuerdan de manera unilateral, la toma de decisiones y medidas que de acuerdo con su voluntad e intereses son ejecutadas en contra de los intereses y necesidades de una comunidad que se siente perjudicada y que demanda de la solidaridad de todos los caleños frente a este tipo de decisiones que poco o nada contribuyen a garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos de los ciudadanos.
Las decisiones sobre el presente y futuro de la ciudad, además de estar fundamentadas en un plan integral que atienda las necesidades de todos los caleños debe ser objeto de la consulta y participación de los ciudadanos como autores y actores de su propio destino histórico.
ADENDA: La actitud asumida por el alcalde de Cali conjuntamente con alcaldes de las 4 principales capitales de departamento, de viajar a los Estados Unidos deNorteamérica para solicitarle al gobierno de ese país que no descertifique a Colombia, constituye a todas luces una intromisión indebida en los asuntos de competencia exclusiva del presidente de la república, quien de acuerdo con la Constitución es el encargado y el responsable del manejo de las relaciones internacionales con otros gobiernos, con lo cual, las decisiones de los alcaldes, además de constituir una injerencia indebida en asuntos que no son de su competencia, es una violación flagrante del principio de legalidad que obliga a todos los funcionarios del Estado a ejercer sus funciones en el marco estricto de la Constitución y la ley, dejando en claro que cualquier decisión que se tome por fuera de sus competencias es susceptible de ser considerada como una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, que incluso acarrea sanciones disciplinarias y penales.
Por otra parte, resulta por demás ignominioso que algunos sectores políticos y sociales estén abogando porque el gobierno norteamericano no descertifique al país con el argumento de que Colombia dejará de recibir ingentes recursos económicos que afectaría nuestra economía y desarrollo, al igual que la ayuda que se recibe por parte de los americanos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
Esta circunstancia pone de presente la dependencia que mantiene el país sujeto a los designios de la política de los gobiernos republicanos y demócratas que se suceden en USA y que el alcalde Eder conjuntamente con la mayoría de los miembros del Concejo Distrital aplauden como una medida necesaria e indispensable para impedir la descertificación.
