No hay evidencia de falsos positivos con política de seguridad democrática
La reciente actuación de la jurisdicción especial para la paz JEP ha dejado en evidencia una semana complicada para el gobierno del presidente Gustavo Petro. En un informe oficial, la JEP determinó que la política de “conteo de cuerpos” implementada por la brigada 4ª del ejército nacional no fue una política de estado, sino una práctica optada de hecho por los militares. Esto significa que no existió un respaldo formal en documentos oficiales, decretos o leyes, lo que plantea serían implicaciones sobre la responsabilidad del Estado en los llamados “falsos positivos”, donde civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate.
La vicepresidenta de la sala de reconocimiento de verdad, Catalina Díaz, subrayó que no hay evidencia que vincule estas prácticas con la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. Según Díaz, las ejecuciones extrajudiciales no estaban estipuladas como un objetivo oficial y se carece de documentos que indiquen que las bajas en combate eran un indicador de éxito dentro de la estrategia militar. Este hallazgo es fundamental, ya que refuerza la idea de que lo cometido durante el conflicto armado en Colombia fueron el resultado de decisiones individuales y no de políticas estatales sistemáticas.
La JEP ha imputado crímenes de guerra y lesa humanidad a 4 generales y 35 oficiales del ejército por su participación en ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2007. Estos exmilitares son acusados de ser responsables de asesinato y desaparición forzada de 442 personas, muchas de ellas campesinos que fueron torturados y falsamente acusados de ser guerrilleros. El Tribunal también ha señalado que, aunque existió un patrón en las ejecuciones extrajudiciales, no hay pruebas concretas que vinculen estos actos con órdenes directas desde el alto mando militar o presidencial.
Gobierno incumple en entrega de recursos del fondo Colombia en Paz
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha expresado su preocupación por el incumplimiento del gobierno en la entrega de recursos prometidos para el fondo Colombia en Paz. Ramelli enfatizó que sin estos fondos las operaciones del tribunal podrían verse comprometidas. A pesar de esta situación financiera, aseguró que continúan trabajando para emitir decisiones sobre los casos pendientes. La falta de recursos podría obstaculizar los esfuerzos por alcanzar justicia para las víctimas. Ramelli dejó claro que independientemente del apoyo financiero recibido, las sentencias se emitirán. El tribunal tiene la autoridad para actuar tanto por vías diplomáticas como judiciales, lo cual es fundamental para garantizar el derecho a la justicia para las víctimas del conflicto armado. Este compromiso con la verdad y la justicia es esencial para evidenciar hacia una paz duradera por Colombia.
Esto significa un impacto en la imagen del gobierno del presidente Petro, porque así se deslegitima las prácticas del pasado militar colombiano, plantea un desafío directo al modelo.
El presidente de la JEP ha señalado que la situación es desconcertante ya que el presidente Petro de criticar a la JEP, parece estar denunciándose a sí mismo ante la comunidad internacional. Esta percepción podría erosionar su autoridad y credibilidad cuando el gobierno debe asumir mayor responsabilidad para el cumplimiento del acuerdo de paz.
