El tema de la penalización de los violadores de niños es uno de los más sensibles y debatidos en Colombia. En las últimas décadas, sigue un aumento alarmante en los casos de abuso sexual infantil, lo que ha llevado a un clamor social por la necesidad de implementar sanciones más severas para estos delitos. La propuesta de aplicar la pena de muerte o la cadena perpetua para violadores de menores ha generado un intenso debate en la sociedad colombiana.
La violencia sexual contra niños y adolescentes es un flagelo que impacta profundamente. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, miles de casos de abuso sexual infantil son reportados anualmente, lo que evidencia la magnitud del problema. La sociedad exige respuestas efectivas que brinden protección a los más vulnerables y que, a la vez, disuadan a potenciales agresores.
La pena de muerte, aunque ha sido parte de disputas, es controversial y está prohibida en Colombia desde 1900. Históricamente, se considera que la aplicación de la pena capital no disuade el crimen; además, la posibilidad de condenar a inocentes y la falta de un sistema judicial perfecto, efectivo, son argumentos en contra de su implementación. La medida podría ser vista como una solución simplista ante un problema complejo, además de que contradice los principios de protección de derechos humanos en los que se basa el estado Colombiano.
La Constitución de 1991 establece el derecho a la vida como inviolable y la intolerancia a la pena de muerte. Sin embargo, en los últimos años ha habido debates y propuestas relacionadas con la cadena perpetua, especialmente para delitos graves como la violación de menores. La Ley “Gilma Jiménez”, aprobada en Colombia en 2019, no establece la pena de muerte para violadores; en realidad, esta ley busca endurecer las penas para los delitos de abuso sexual y violencia contra menores de edad. La implementación y los aspectos legales de esta ley han enfrentado discusiones en el ámbito judicial, y su constitucionalidad ha sido objeto de revisión. Fue impulsada por la senadora Gilma Jiménez en respuesta a la creciente preocupación por la violencia sexual en el país, especialmente contra niños y niñas. Ella mujer valiente, inteligente, persistente, nos perpetuó esta importante frase que encendió las alarmas y obligó a mirar éste aberrante delito : “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, no se cansaba de repetirla una y otra vez…
La cadena perpetua, por otro lado, ha sido considerada como una respuesta más equilibrada. Desde 2016, la legislación Colombiana contempla la posibilidad de cadena perpetua para actos sexuales en contra de menores de edad, aunque la aplicación es un tema de discusión constante. La idea es que al imponer una pena tan severa, se garantice que los delincuentes no vuelvan a cometer crímenes similares una vez cumplidas sus condenas. La cadena perpetua podría actuar como un elemento disuasivo, aportando una sensación de justicia para las víctimas y sus familias. Sin embargo, también se debe considerar su efectividad a largo plazo en la reducción de la criminalidad, así como las condiciones del sistema penitenciario colombiano, que en muchos casos son inadecuadas y propensas a la sobrepoblación y la violencia al interior de las mismas.
La implementación de penas más severas también plantea cuestiones éticas sobre la rehabilitación y la reintegración social. La sociedad debe cuestionarse si el objetivo del sistema penal es simplemente castigar o también rehabilitar a los delincuentes. Excluir la posibilidad de reintegración podría perpetuar un ciclo de violencia y marginación. La falta de mano firme judicial conlleva a que ciertas consideraciones éticas y sociales, permitan “suavizar” las condenas, permitiendo una rebaja de pena o en el peor de los casos la libertad que conlleva a reincidir SIEMPRE. No hay una medida que nos permita establecer el daño Psicológico, físico y mental que causa tan aberrante delito en las víctimas que son secuelas de por vida, absolutamente inmedibles.
El dilema entre la pena de muerte y la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia es complejo y requiere enorme voluntad política abarcada urgentemente desde diferentes perspectivas: legal, social y ética. Si bien es esencial garantizar la protección de los menores y proporcionar justicia a las víctimas, también es crucial construir un enfoque integral que aborde las raíces del problema, fomente la educación, y promueva una cultura de respeto y protección hacia los derechos de los niños. El camino hacia una solución duradera debe evitar las respuestas simplistas, evasivas, que lo único que define es agravar el delito, más bien buscar abarcar todos los aspectos que rodean este doloroso y aberrante fenómeno social.
El clamor es contundente, a grito entero, alucinante, pero no pueden los ejecutores de las leyes seguir dando vueltas a una problemática tan grave como es éste aberrante delito, hay que actuar y ya, de forma definitiva. No se pude seguir permitiendo que la impunidad y la falta de firmeza en la aplicación de las leyes, conlleven a tomar justicia por manos propias. Acá no cabe condición social, acuerdos de paz, religión, condición sexual de género, ante éste execrable delito. ¿O es que terminaremos con leyes que favorecen a los victimarios…
Habrá que seguir con la lupa puesta..!
Comunicadora y Periodista - [email protected]
