Debería expedirse por parte del Gobierno Nacional, una circular vinculante ó directiva presidencial dentro de sus facultades constitucionales, estableciendo un estricto cronograma, dirigida a todas las entidades estatales, para que, se comprometan efectivamente en la protección, conservación y restauración del medio ambiente; no hay duda que, para poder lograrlo es esencial la articulación – coordinación interinstitucional, tan escaso en las entidades del Estado. La vigilancia de esa circular, debería quedar en manos de los entes de control, reportando a los jueces y tribunales según el caso en específico.
En anterior artículo, recordé lo escrito por la Corte Constitucional en la Sentencia T 622 de que declaró al Río Atrato, Sujeto de Derecho:
“las entidades estatales sufren de marasmo institucional – que es una notable falta de información, coordinación y articulación de funciones, jurisdicciones y competencias entre las mismas”.
Debería realizarse en especial, en las Corporaciones Autónomas, un espacio de reflexión sobre todo lo tratado en la Zona Azul y en la Zona Verde, donde tuvimos la oportunidad de escuchar profundos conceptos jurídicos, ambientales, sociales, étnicos, así se lograría mejorar las gestiones administrativas y en particular, cuando estamos padeciendo el cambio climático.
En varias ocasiones, he señalado que falta articulación y conocimiento de la Estructura del Estado y su funcionamiento, por parte de los servidores públicos, para que, de verdad, se dé una protección del medio ambiente.
Para el caso de Cali, llevamos varios años insistiendo en el cumplimiento de la Sentencia N° 31 del 12 de julio de 2019 que, declara al RIO PANCE SUJETO DE DERECHOS, pero cada día se le trata con violencia y desapego total por parte de las entidades oficiales, obligadas a la protección del río Pance. Triste y paradójico que una sentencia que es un instrumento de cumplimiento y de garantía de derechos, no lo sea, no se respete.
Con esta omisión, no solo se perjudica al río, sino que ocurre algo peor: se perpetua la desconfianza hacia el sistema judicial del país, pierde credibilidad, situación que afecta sin duda lo que es el Estado de Derecho y aleja al ciudadano del Estado en todas sus estructuras. El poder judicial, no puede existir sin la confianza y la fe de las personas. Sus sentencias deben acatarse, obedecerse sin miramiento alguno.
Esta anómala situación, está ocurriendo con todas las sentencias que han declarado a ríos y recursos naturales, como sujetos de derecho, por tal, también ha faltado de parte de los respectivos jueces, tribunales vigilancia de sus sentencias y juzgar por desacato, a las partes obligadas en hacer gestiones administrativas, para evitar el daño irreversible a la TIERRA.
