Para algunos expertos en urbanismo, el estado que presentan las ciudades en Colombia concuerda con un proceso de desarrollo urbanístico espontáneo y desordenado el cual se manifiesta de diferentes formas, casi siempre relacionadas por ejemplo, con la ocupación irregular del territorio, la deficiente calidad de los servicios públicos, el incremento de la inseguridad y de la violencia urbana, el deterioro del transporte público, el aumento del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda e incluso la posibilidad de racionamiento del agua en varias ciudades, tal como sucede en la actualidad con la capital de la república, todo lo cual impide la construcción de un orden urbanístico que influya positivamente en las condiciones socio económicas y socio políticas de la sociedad.
La ausencia de una visión integral conlleva a que los gobernantes de turno solo se ocupen de elaborar planes de desarrollo y de ordenamiento territorial destinados a formalizar algunos aspectos del desarrollo urbanístico en función de los intereses de determinados sectores económicos y sociales, dejando de lado el bienestar del conjunto de la comunidad que habita el territorio.
La pregunta que cabe formularse en la actualidad es sí, ¿con la oferta de algunos servicios como los de tener una “ciudad inteligente o Smart city” y segura, se pueden superar los graves problemas que afrontan la ciudad y sus habitantes en materia de seguridad; entretanto crece exponencialmente la población urbana y con ello la demanda de servicios básicos fundamentales como el agua y el saneamiento básico en gran parte del territorio de las ciudades? Y si además, ¿las condiciones económicas y sociales de sus habitantes mejorarán de tal manera que en poco tiempo se pueda estar ganando la batalla contra la inseguridad, el desempleo y la informalidad?.
¿Qué pasará con las conclusiones de la COP16 y sí será posible implementarlas mediante políticas económicas y sociales y de protección del medio ambiente natural y de su biodiversidad?
Está claro que en las grandes ciudades del país, la complejidad de los problemas se acentúa a causa de las contradicciones y conflictos económicos y sociales con los cuales no será fácil lograr la adopción y el cumplimiento de nuevas metas y regulaciones que permitan garantizar en la práctica por lo menos cierto equilibrio entre el crecimiento de la población con el incremento de sus necesidades y la oferta de bienes y servicios que ofrecen las ciudades y el medio ambiente natural.
Por otra parte, la visión que se tiene del desarrollo urbanístico no puede en ningún caso estar separado de las condiciones que ofrece el medio natural y la biodiversidad, lo cual debe estar reglamentado en los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo económico y social, que desde luego no son suficientes para garantizar los cambios que se requieren, en tanto que las reformas que se introducen a dichos planes no solo deben hacerse con la participación de los ciudadanos sino además teniendo en cuenta las ventajas comparativas y competitivas que ofrecen las ciudades, a la vez que es necesario identificar los efectos negativos que se producen con el desarrollo urbanístico, a fin de lograr su mitigación o su no realización.
Y de ahí la necesidad de adoptar una nueva política que trascienda los esquemas actuales del proceso urbanístico que transcurre en medio de la espontaneidad y solo le sirve a aquellos mercaderes del progreso que operan en los territorios, sin importar los intereses y necesidades vitales de las ciudades y de sus habitantes.
