Parafraseando las palabras del presidente Franklin Delano Roosevelt, el día después del ataque japones a la base de Pearl Harbor el 8 de diciembre de 1941, quien expresó que; “Ayer, una fecha que vivirá en la infamia, Estados Unidos fue atacado repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio del Japón”, fue lo mismo que le sucedió a Colombia esta primera semana de Abril (2024).
El presidente Petro atacó “repentina y deliberadamente” al sistema de salud, en revancha al hundimiento de la reforma a la salud, esperpento legislativo, que, pese a las múltiples instancias promovidas por la dirigencia política en diálogos para lograr consenso, jamás fueron escuchadas. Tomó la decisión unilateral, a través de la Superintendencia de Salud, intervenir las EPS Sanitas y la Nueva Eps. Finalizando la semana, la EPS Compensar, solicitó su propia liquidación, en razón a la inviabilidad que el actual sistema compensatorio arroja.
En el primer caso, la empresa controladora de Sanitas, la española Keralty, consideró la toma de control “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”. No cabe duda que en su junta directiva, personas como las exministras Mónica de Greiff y María Claudia Lacouture, estuvieran alejadas de la situación que esbozó la Supersalud para motivar la intervención. Ante la queja formulada por el representante legal enfatizando la arbitrariedad e ilegalidad ante la Procuraduría Nacional, esta última actuó en derecho y dio inicio a procesos disciplinarios contra el superintendente de salud, Juan Carlos Leal.
Lo que sucederá a futuro serán batallas legales entre los afectados contra el estado colombiano. Multimillonarios perjuicios causados serán apenas el abrebocas de las sendas demandas que afrontará el estado en perjuicio del erario, al cual contribuye fiscalmente la económica formal. Algo similar ya vivió el país en la década de los años ochenta con la nacionalización del sector financiero, situación que al final, el estado terminó vendiendo los activos del sector a precios irrisorios, aprovechado por compradores internacionales, quienes a los pocos años vendieron con márgenes astronómicos.
Con la intervención de la Nueva EPS, de la cual el 49% es de propiedad del estado, el gobierno Petro pretende consolidar el manejo mayoritario de los recursos del ADRES, entidad receptora de los aportes de usuarios y transferencias del mismo estado.
No obstante, lo acontecido, el problema de fondo, resultante en la descapitalización de las entidades, causado por la inequidad entre el costo real de atención, que no alcanzan a cubrir la prestación del servicio al reconocimiento del estado, o sea la UPC (Unidad de Pago por Capitación), no está resuelto.
El caso de las EPS Famisannar, intervenida el año pasado, su situación continua bajo el mismo patrón, con una condición de ventaja para la entidad consistente en no atender las obligaciones contraídas con anterioridad a la intervención, en perjuicio de las entidades prestadoras de servicio, el grupo de médicos, enfermeras y colaboradores que prestaron la atención, inclusive abarcando etapas de COVID.
Es un claro ejemplo que la intervención no es la solución.
Tampoco, y es lógico poner en duda, la capacidad técnica, administrativa y operacional de la Supersalud, para operar las entidades intervenidas. Lamentablemente la demanda global de personal capacitado en el sector salud redundará en éxodo de este importante eslabón que Colombia preparó y que los países receptores aprovecharán.
Sería interesante conocer cuál es la EPS que atiende y cubre el tratamiento del mismo presidente Petro, quien se observa, ocultando pérdida de cabello, hinchazón corporal y efectos psicológicos de confusión y delirio, utilizando sombrero o cachucha permanente, signos inequívocos del procedimiento al cual es sometido.
La obstinación ideológica e improvisación ha llevado al sector a cuidados intensivos.
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
