Los sectores económicos y gremiales del país no solo están decepcionados con el bajo crecimiento de la economía en un 0.6% del Producto Interno Bruto -PIB-, sino que han entrado en un estado de incertidumbre, el cual se expresa de una manera concentrada en la vida política de la sociedad, agravándose con ello dicho estado y aumentándose la desconfianza respecto del crecimiento y desarrollo de la economía del país para el año 2024, cuando en el 2022 creció 7.3% y en el 2021 creció el 10.8% del PIB.
Este hecho obedece a diversos factores internos y externos que difícilmente se pueden superar en medio del avance de la crisis general del capitalismo global y de la propia incapacidad de su clase dirigente para solventar las dificultades que se presentan.
En el caso concreto de Colombia, el estancamiento de la economía en varios sectores de la producción (construcción de infraestructura, industria manufacturera, comercio), además del descenso de la inversión, la reducción de las exportaciones y de la demanda de consumo interno, han generado un gran impacto económico y social, no obstante el llamado de dichos sectores económicos al gobierno del presidente Petro para que tome las medidas necesarias y urgentes para reactivar la economía a partir de implementar la estrategia de las relaciones público-privadas, con el fin de generar mayor crecimiento y empleo formal.
El gobierno viene anunciando que presentará al congreso de la república una nueva reforma tributaria cuyo objetivo es el de ofrecer un tratamiento diferencial y más beneficioso para las personas jurídicas que para las personas naturales, además de garantizarles seguridad jurídica a los inversionistas y mayores estímulos por ejemplo, en tratándose de la construcción de nuevas viviendas; para lo cual sin embargo, será necesario que el anco de la República continúe bajando las tasas de interés y se modere la inflación para lograr que el plan de reactivación económica pueda materializarse en acciones concretas en materia de política pública, como lo demandan los gremios y empresarios privados.
Como es sabido, la política goza de cierta independencia respecto de la economía, en tanto que aquella ejerce una gran influencia sobre esta, pudiendo llevarla a su estancamiento en función de una determinada política fundamentada en supuestos y consignas de carácter reformista y demagógico, desligada del verdadero conocimiento científico y de la experiencia práctica e histórica que deben servir de guía al gobierno de turno para sacar avante la economía del país, lo cual es posible con la intervención del Estado como actor del proceso económico y garante del bienestar general de la sociedad.
De esta manera es factible limitar el carácter espontáneo de la economía capitalista y conseguir, por ejemplo, que la propiedad privada cumpla con la función social y ecológica definidas en la Constitución y garantizando la participación de los ciudadanos en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales de que trata el Estado Social y democrático de Derecho que rige en el país.
Entretanto, hacemos un llamado a las fuerzas políticas y sociales democráticas y progresistas para que exijan sus derechos y libertades, conformando para ello un proceso de unidad, organización y lucha social para tales fines, contando para ello con los recursos constitucionales y legales de que disponen los ciudadanos que consideran que la Paz, la democracia y el bienestar social son posibles en Colombia con la participación decidida de las grandes mayorías del pueblo colombiano.
