En el extenso y complejo entramado económico de Colombia, una de las sombras más persistentes es la ilegalidad. Desde el narcotráfico hasta la minería informal, pasando por el contrabando, trata de personas y el trabajo no regulado (entre tantos), la ilegalidad no solo es un desafío moral, sino que tiene implicaciones profundas y negativas para la economía del país.
En primer lugar, la ilegalidad crea distorsiones en el mercado que afectan la competencia. Las empresas legítimas, que operan dentro del marco de la ley y cumplen con sus obligaciones fiscales, se enfrentan a una competencia desleal por parte de aquellas que eligen evadir regulaciones y obligaciones tributarias. Esto genera un entorno en el que las empresas legales, deben bajar precios o ajustar sus estándares de calidad para sobrevivir, lo que a su vez afecta la inversión en innovación y desarrollo. La economía se estanca, y el talento se desvía hacia actividades ilegales que, aunque lucrativas y tentadoras a corto plazo, perpetúan un ciclo de dependencia y vulnerabilidad.
Además, lo ilegal encarece la economía a través del aumento de la inseguridad y la violencia. Actividades como el narcotráfico y el contrabando no solo atentan contra la integridad de las comunidades, sino que generan un clima de inestabilidad que desincentiva la inversión. Los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, ven con recelo un entorno donde la amenaza de la violencia y la extorsión son reales. Esta percepción de riesgo, se traduce en costos más altos para la operación de los negocios, donde las seguridades adicionales se vuelven una necesidad y, por ende, un gasto.
Otro aspecto crítico es la evasión fiscal que acompaña a la economía informal. Se estima que el trabajo no registrado, representa una porción significativa de la fuerza laboral en Colombia. Esto no solo reduce los ingresos del Estado, que son esenciales para financiar infraestructura, educación y salud, sino que también limita brutalmente las oportunidades de desarrollo a largo plazo. La falta de recursos para invertir en el bienestar social, perpetúa el ciclo de la pobreza, creando un terreno fértil para que la ilegalidad prospere.
Asimismo, la economía ilegal propicia el lavado de activos, lo que introduce una serie de complicaciones en el sistema financiero formal. Las entidades bancarias deben invertir enormes recursos para cumplir con las leyes y en prevenir el lavado de dinero, lo que encarece sus operaciones; en última instancia, estos costos se trasladan a los consumidores, encareciendo aún más la economía.
Y, ¿Qué decir del impacto ambiental? Conlleva la ilegalidad, especialmente en actividades como la minería ilegal, afectación de flora y fauna, esto no solo perjudica a las especies animales y vegetales que dependen de esos hábitats, sino que también disminuye la capacidad del ecosistema para mantener el equilibrio ambiental. Estas prácticas destruyen ecosistemas vitales, que también representan un costo económico en términos de pérdida de biodiversidad y recursos naturales. La destrucción del medio ambiente limita las oportunidades para el turismo, la agricultura sostenible y otras industrias que dependen de un entorno saludable y amigable.
La educación, es un pilar fundamental para cambiar la mentalidad de las comunidades y proporcionar a las nuevas generaciones las habilidades necesarias para acceder a empleos legales. Siempre lo he dicho y seguiré diciendo: “Una persona con buena formación y excelente educación, jamás será manoseada”, es decir, ni se compra ni se vende….!
De igual manera, es inminente, implementar con urgencia programas de formación técnica y profesional que puedan equipar a los jóvenes con herramientas para participar en la economía formal. Además, la educación sobre los riesgos y consecuencias de la economía ilegal puede ayudar a disuadir a futuros involucrados. Fomentar el emprendimiento local mediante la creación de microcréditos, formación empresarial y acceso a mercados, puede estimular la economía y la conciencia de lo legal.
Es fundamental que el Estado colombiano implemente políticas efectivas que fortalezcan el marco legal y promuevan la formalización de la economía. Fomentar la educación y la inclusión social son pasos cruciales e impajaritables, para combatir las raíces de la ilegalidad. Además, la cooperación internacional es vital, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que día a día desafían a nuestras instituciones, quedando una sensación o tufillo de desprotección por parte del Estado, ganado espacios importantes decreciendo el sistema económico.
Transformar la economía ilegal en Colombia es un reto. Al invertir en alternativas económicas, educación, infraestructura y políticas inclusivas, es posible construir un futuro donde las comunidades tengan acceso a oportunidades legales y sostenibles. Este cambio, no solo beneficiará a las personas involucradas en la economía ilegal, sino que también contribuirá al desarrollo integral del país. La participación activa de todos los sectores de la sociedad será clave para lograr este objetivo ambicioso pero necesario.
Lo ilegal no solo es un problema ético, sino un obstáculo económico que encarece la vida de todos los colombianos. Es de suma exigencia, un abordaje integral y estratégico que permita desmantelar las estructuras de la ilegalidad, creando un entorno donde la legalidad y la formalidad sean los pilares del desarrollo económico. Solo así se podrá construir un futuro próspero y sostenible para Colombia.
Pero…¿Cómo influye la cultura de la ilegalidad en diversos sectores de la sociedad colombiana y qué cambios son necesarios para construir un futuro más justo y equitativo para todos los colombianos?
Comunicadora y Periodista - [email protected]
