Lograr la total descentralización administrativa

Desde hace varios meses el presidente del Senado Iván Name con varios dirigentes políticos, gobernadores y alcaldes, difunden la idea de lograr una mayor autonomía para las regiones que integran la totalidad del territorio nacional, atinentes al manejo de los recursos del presupuesto nacional y no como actualmente sucede bajo la influencia determinante del poder central.

Según los promotores de esta iniciativa, de lo que se trata es de lograr la total descentralización administrativa lo cual no implica romper la unidad nacional ni tampoco retomar el viejo cauce del Federalismo de la Constitución de Rionegro del siglo XlX.

No obstante las expectativas que ha despertado dicha propuesta con el apoyo de alcaldes y gobernadores, la misma tendrá que superar muchos obstáculos derivados del centralismo burocrático y tecnocrático del Estado, en tanto la Constitución Política de 1991 le otorgó al ejecutivo nacional nuevos poderes con los cuales se robusteció el poder central que hace que la gobernabilidad gire en torno a las decisiones que toma el presidente de la República como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa del país.

En este momento un grupo de expertos con participación de ex funcionarios de Planeación Nacional, de la Federación de departamentos y municipios y de otras organizaciones dedicadas a estudiar el modelo actual de relacionamiento entre el poder central y el poder regional y local en lo atinente al manejo de las rentas, las competencias de los entes territoriales y la participación de los ciudadanos en el desarrollo de las regiones, consideran viable y necesarios los cambios en estos temas con el fin de garantizar una auténtica descentralización y autonomía regionales.

Para tal efecto, elaboraron un grupo de propuestas sobre la redistribución de los impuestos nacionales dirigidos a satisfacer las necesidades de aquellos departamentos y municipios que como los de la Guajira y el Chocó no tienen un porcentaje de ingresos suficientes derivados de los impuestos nacionales que se recaudan en sus territorios, para satisfacer las necesidades básicas fundamentales en sus territorios.

Para lograr dichos propósitos y enfrentar los desequilibrios regionales se requiere ante todo delimitar el poder central, lo que implicaría modificar la Constitución en lo atinente a la concentración y centralización política de los órganos ejecutivos, incluyendo el poder centralizado de alcaldes y gobernadores.

Más que justa y conveniente la autonomía regional constituye un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo económico y social de las regiones y de la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, la cual debe convocar a las fuerzas políticas y sociales de carácter democrático a apoyar dicha iniciativa que facilitará el progreso en general de las regiones.

Lo ideal sería que de acuerdo con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, las regiones autonómicas se constituyeran además en regiones socio-económicas capaces de jalonar la producción, distribución, intercambio y consumo de toda clase de productos, bienes y servicios a todo lo largo y ancho de la geografía colombiana para satisfacer no solo las necesidades del mercado interno sino de todo el país.