La Política Pública de Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana de Santiago de Cali establece el marco técnico y político para enfrentar la violencia, la inseguridad y los conflictos de convivencia con una visión de mediano y largo plazo. Su principal instrumento operativo es el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), que organiza objetivos, líneas de acción y metas para orientar los recursos y la actuación institucional en el territorio.
¿Cómo se hace como programa en Cali?
La formulación del PISCCJ parte de un diagnóstico territorial que identifica los principales delitos, comportamientos contrarios a la convivencia y factores de riesgo por comunas y corregimientos. Este análisis permite definir prioridades y focalizar la intervención pública.
Con base en ese diagnóstico se establecen ejes estratégicos como la prevención social, la prevención situacional, la investigación e inteligencia, la atención a víctimas y el acceso a la justicia. Cada eje se traduce en acciones concretas, con responsables institucionales, presupuesto y metas para un periodo determinado, en el caso más reciente, el horizonte 2024–2027.
La metodología incorpora lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, trabajo interinstitucional y espacios de participación ciudadana. Esto busca que las medidas respondan a las necesidades locales y no se limiten a acciones aisladas.
El PISCCJ funciona como programa cuando la política se convierte en proyectos específicos: iniciativas de prevención en barrios priorizados, fortalecimiento tecnológico para la investigación, mediación comunitaria, campañas de cultura ciudadana y coordinación permanente con la Policía Metropolitana, la Fiscalía, la Personería y organizaciones sociales. El plan también incluye mecanismos de seguimiento y evaluación que permiten medir avances y ajustar las acciones durante su vigencia.
¿Qué experiencias hay en los últimos dos años?
Entre 2023 y 2025 se registraron avances y dificultades. En planificación y gestión de información se fortalecieron los sistemas de seguimiento, con reportes periódicos sobre delitos, comparendos y alertas territoriales, lo que permitió priorizar intervenciones por zonas.
También se consolidaron rutas de atención para población vulnerable y se desarrollaron acciones de prevención situacional e inteligencia policial y judicial en puntos críticos de la ciudad. Sin embargo, situaciones como alteraciones del orden en eventos masivos y problemas persistentes de convivencia en algunos sectores evidenciaron limitaciones en la articulación institucional y en la continuidad de los recursos.
Los informes oficiales del PISCCJ señalan que los resultados son más sostenibles cuando existe coordinación constante entre las entidades y seguimiento a los compromisos adquiridos.
Lecciones clave
La experiencia reciente muestra que la prevención es más efectiva cuando combina acciones sociales —como trabajo con jóvenes y comunidades— con medidas situacionales, como iluminación, recuperación del espacio público y patrullaje focalizado. La participación comunitaria y la publicación de indicadores por territorio fortalecen la confianza ciudadana. La coordinación entre el gobierno distrital, la Policía, la Fiscalía y las entidades de atención sigue siendo un factor determinante.
¿Cómo pedir ayuda?
Para solicitar atención, orientación o denunciar hechos que afecten la convivencia, se pueden seguir estas rutas:
- Secretaría de Seguridad y Convivencia de Cali: brinda información sobre programas, proyectos y rutas del PISCCJ a través de los canales oficiales de la Alcaldía.
- Emergencias o delitos en curso: comunicarse con la línea 123 o con la Policía Metropolitana de Cali.
- Orientación legal y conflictos comunitarios: acudir a las Casas de Justicia o a la Personería Municipal.
- Violencia de género o atención a víctimas: consultar las rutas de atención distritales y departamentales habilitadas para estos casos.
Al solicitar ayuda es recomendable llevar evidencias, registrar fechas y lugares, y exigir un número de radicado para hacer seguimiento. El control ciudadano es clave para que la política pública y el PISCCJ funcionen como herramientas reales de respuesta institucional.
En síntesis, la Política Pública y el PISCCJ en Cali convierten diagnósticos en programas operativos. En los últimos dos años han mejorado la planificación y la información disponible, pero aún enfrentan retos de articulación y sostenibilidad. El acceso efectivo a la ayuda depende tanto de las rutas institucionales como del seguimiento que realice la ciudadanía.
