La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali ha concentrado su gestión de 2026 en contener el alza de muertes violentas, reestructurar su mando con un perfil militar y ejecutar controles operativos frente a eventos masivos y protestas. La salida de Jairo García y el nombramiento del Coronel (R) de la Fuerza Aérea, Javier Garcés Mosquera, marcó un cambio de rumbo institucional. La administración distrital asignó un presupuesto de 180.000 millones de pesos para esta cartera, enfocándose en tres ejes de intervención durante el primer semestre.
- El cambio de mando y el plan estratégico de seguridad
El alcalde Alejandro Eder reemplazó en enero a Jairo García por el Coronel (R) Javier Garcés Mosquera. Este ajuste buscó dar un enfoque de inteligencia militar y mayor articulación en las calles debido al deterioro del orden público al cierre del año anterior.
- Tecnología: Priorización de inversiones en cámaras de vigilancia con analítica de datos.
- Debates políticos: El Concejo de Cali cuestionó al secretario por la falta de una gobernanza territorial efectiva frente a las bandas de multicrimen asociadas al narcotráfico.
- Polémicas: Garcés generó críticas en medios locales tras comparar públicamente su planeación operativa con la serie de televisión “Los Magníficos”.
- Contención de homicidios y bolsa de recompensas
Cali superó la barrera de los 500 homicidios antes de finalizar el primer semestre de 2026, con un acumulado de 457 casos registrados únicamente entre enero y mayo. La cifra representó un aumento de 31 casos en comparación con el mismo período de 2025, rompiendo la tendencia a la baja que traía la ciudad.
- Ejecución de una estrategia de incentivos financieros a la ciudadanía para identificar estructuras criminales.
- Presupuesto ejecutado: La Alcaldía de Cali reportó el desembolso de 114 millones de pesos en pago de recompensas entre enero y marzo.
- Estructuras afectadas: Coordinación con la Fiscalía para desarticular grupos de microtráfico y extorsión, como la banda “Los Caínes” en la comuna 21.
- Impacto regional: El incremento de violencia se vinculó a los ajustes de cuentas de organizaciones armadas que operan en los Farallones y zonas rurales colindantes.
- Orden público, protestas y restricciones por elecciones
La secretaría diseñó protocolos específicos para mitigar el vandalismo en la infraestructura pública y coordinó las medidas de restricción de movilidad durante las jornadas electorales del año.
- Regulación del uso del espacio público y aplicación de sanciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
- Control de marchas: Activación de un protocolo de intervención posterior a la denominada “marcha de las antorchas” para evitar daños en bienes colectivos.
- Decreto de ley seca: Expedición del Decreto 0612 de 2026, el cual prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas a finales de mayo por los comicios presidenciales, fijando multas de hasta 933.000 pesos.
- Vigilancia e inspección: Restricción temporal del transporte de escombros, mudanzas y cilindros de gas en perímetros urbanos sensibles.
