El Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) es el instrumento que organiza las acciones del municipio para prevenir el delito, proteger derechos y mejorar la convivencia en Santiago de Cali. En la práctica, funciona como una hoja de ruta que articula prevención, control del delito, fortalecimiento institucional y atención a víctimas, con metas definidas para el periodo 2024-2027.
¿Cómo se implementa como programa en Cali?
El PISCCJ parte de objetivos estratégicos claros: prevención, control, investigación y reparación. Estos se convierten en proyectos concretos como patrullaje focalizado, programas de prevención en colegios, fortalecimiento de la investigación criminal y modernización tecnológica de las unidades operativas.
La ejecución del plan recae en varias instituciones que actúan de manera coordinada: la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Policía Metropolitana, la Fiscalía, la Personería y entidades de los sectores salud y educación. Estas trabajan en red con comunidades y organizaciones barriales. Para operar, el PISCCJ cuenta con respaldo normativo mediante decretos y acuerdos municipales, además de un plan presupuestal que define prioridades y recursos.
Un componente central es la focalización territorial. El plan prioriza comunas y sectores donde se concentran riesgos como microtráfico, violencia, desempleo juvenil o deterioro del espacio público. Allí se aplican intervenciones integrales que combinan presencia policial, programas sociales, acciones de cultura ciudadana y mejoras urbanas. Este enfoque busca evitar respuestas únicamente represivas y atender las causas del conflicto y el delito.
¿Qué experiencias ha dejado en los últimos dos años?
Durante 2023 y 2024, Cali avanzó en la formulación y ajuste del PISCCJ bajo el proyecto “Cali Segura 2024-2027”. En este periodo se fortalecieron protocolos de coordinación entre instituciones y se consolidaron espacios como las Casas de Justicia y los Comandos de Atención Inmediata (CAI).
Entre los resultados observados se encuentran mejoras en los canales de denuncia y atención a víctimas, estrategias focalizadas contra estructuras criminales en sectores específicos y campañas de cultura ciudadana orientadas a la convivencia. También se promovieron acciones preventivas dirigidas a jóvenes en barrios priorizados.
Sin embargo, persisten retos importantes: dificultades de articulación entre entidades en algunos momentos, limitaciones presupuestales y la necesidad de mejorar los sistemas de seguimiento para medir el impacto real de las intervenciones y ajustar las acciones.
La participación ciudadana ha sido otro elemento relevante. La formulación del plan incluyó mesas territoriales y aportes de actores locales. En varios barrios se implementaron modelos de seguridad comunitaria que integran líderes sociales, policía de proximidad y programas sociales. Los resultados han sido variables, pero muestran mejores efectos cuando hay continuidad y acompañamiento institucional.
¿Cómo puede la ciudadanía pedir ayuda?
Existen rutas claras de atención. La Secretaría de Seguridad y Convivencia, ubicada en el Centro Administrativo Municipal, es el principal punto de orientación y coordinación. También se puede acudir a las Casas de Justicia para conflictos comunitarios, violencia intrafamiliar y conciliaciones, o a la Fiscalía y la Personería para denuncias y acompañamiento legal.
La Alcaldía cuenta además con líneas telefónicas y canales digitales para atención a víctimas y seguimiento de casos. En situaciones de emergencia, siempre se debe llamar a la Policía a través de las líneas oficiales.
Recomendaciones prácticas
- Denunciar los hechos: sin denuncias formales la acción institucional es limitada.
- Participar en juntas de acción comunal y mesas de seguridad.
- Conocer las rutas de atención y conservar pruebas cuando sea necesario.
- Usar los canales oficiales para consultas y seguimiento de casos.
En síntesis
El PISCCJ es el marco que permite convertir diagnósticos en acciones concretas de seguridad y convivencia en Cali. Los avances recientes muestran que la coordinación institucional y la participación ciudadana son claves. La sostenibilidad de los resultados dependerá de recursos suficientes, evaluación permanente y confianza entre autoridades y comunidades.
