El proyecto de presupuesto para 2026 presentado por el Ministerio de Hacienda de Colombia, que asciende a 556,9 billones de pesos, plantea serios interrogantes acerca de la sostenibilidad fiscal y la viabilidad política del Estado colombiano para el próximo año. Esta cifra récord, que representa el 28,9% del PIB nacional, no solo supera en 40 billones lo ejecutado el año anterior sino que no mantiene el crecimiento del gasto conforme a la inflación, acordada apenas un mes antes en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Por ello, lo imperioso es concertar un techo, ajustar gasto y ponerle cifras a la reforma tributaria, es lo indispensable.
Aumento del déficit y desbalance Fiscal
El nuevo presupuesto tiene un gasto primario (sin contar los intereses de la deuda) que se incrementa en más de 18 billones de pesos, elevando el déficit primario estimado del 1,4% al 2% del PIB para 2026, con el déficit fiscal total proyectado potencialmente llegando incluso hasta el 7,8% del PIB para 2025 y la deuda pública rondando el 63% del PIB, según análisis independientes. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y centros de pensamiento como Fedesarrollo han alertado sobre los riesgos de este crecimiento desmesurado del gasto, argumentando que se trata de una estrategia fiscal riesgosa que podría minar la confianza en la solidez de las finanzas públicas del país.
Un Presupuesto vs Reforma Tributaria
El componente más sensible y controversial del presupuesto 2026 es que depende fuertemente de la aprobación de una nueva reforma tributaria—la tercera del actual mandato con la que el gobierno espera recaudar 26,3 billones de pesos. Sin este ingreso, el presupuesto real ejecutable caería a cerca de $530,6 billones, generando la necesidad inmediata de grandes recortes en la inversión pública. El monto requerido por la reforma supera los valores típicos de reformas previas, que oscilaban entre $10 y $15 billones, lo que ha llevado a expertos como exministros y académicos a calificarla como la reforma más ambiciosa de la historia reciente de Colombia.
El pacto fiscal propuesto incluye modificaciones al IVA, ajustes al impuesto al consumo, cambios en impuesto de renta para personas naturales, nuevos gravámenes al carbono y afectaciones a sectores como juegos de azar, plataformas digitales, iglesias, carbón y petróleo. El objetivo declarado es cerrar el déficit presupuestal y asegurar la viabilidad fiscal, por lo que se debe concertar, y lograr acuerdos beneficiosos para el país.
El ambiente en el Congreso de la República es tenso tras la presentación del proyecto, con sectores de la oposición gremios y hasta miembros afines al gobierno señalando su imposibilidad práctica.
La estrategia del gobierno se juega en varios frentes:
- Aprobar, negociando intensamente en el Congreso para lograr la aprobación de la reforma tributaria, en medio de profundas divisiones políticas.
- Aplazar y refinanciar parte de las obligaciones de la deuda pública, una maniobra que otorga alivio temporal pero deja una factura mayor al próximo gobierno.
- Advertir que, de no aprobarse la ley de financiamiento, habrá “suspensiones de gasto” que afectarían la prestación de servicios y la inversión pública vital para el desarrollo del país.
¿Existe Alternativa?
Expertos en finanzas públicas han señalado que, ante el creciente peso de la deuda lo sensato sería ajustar el gasto público, eliminando partidas de baja eficiencia. Se mencionan recortes a contratos estatales, subsidios ineficaces, gastos diplomáticos y de funcionamiento innecesarios, como una ruta posible para contener el déficit sin asfixiar aún más a empresas.
También se ha propuesto reforma tributaria “pragmática”, sencilla, que simplifique procedimientos y mejoren la efectividad en el recaudo de la cartera morosa, cuyo monto es abultado, con nuevos tributos al alcance en la crisis que se avecina.
Presupuesto 2026 y reforma tributaria: Encrucijada compleja
Para la economía colombiana, porque tiene un déficit fiscal que crece y el gasto se expande, la sostenibilidad macroeconómica del país se vuelve cada vez más dependiente de consensos políticos amplios y de una capacidad de ejecución, que debe hacerse eficiente.
Las próximas semanas, el gobierno a negociar una reforma robusta y realista, se logra evitar un ajuste abrupto; si falla, el fantasma del recorte tendrá impactos sobre la inversión social y la estabilidad financiera. En todo caso, la urgencia de replantear la planeación fiscal y fortalecer la credibilidad institucional es impostergable para Colombia de cara a 2026 y los años posteriores.
