El organismo participa en la coordinación de los canales de donación y acopio habilitados por la Alcaldía, mientras la distribución de la ayuda se articula con las dependencias encargadas de la atención de la emergencia
El Departamento Administrativo de Contratación Pública de Cali participa en las acciones institucionales activadas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026. Su intervención está relacionada con la organización de los procesos administrativos y contractuales que permiten atender las necesidades de la emergencia y con la divulgación de los mecanismos oficiales para canalizar donaciones y ayudas hacia la población afectada.
De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía, el Departamento Administrativo de Contratación Pública difundió el 12 de agosto un consolidado de los puntos oficiales de donación y acopio, además de las cuentas habilitadas y otros canales para entregar ayudas. La administración pidió a la ciudadanía verificar la información únicamente a través de medios institucionales.
La función del organismo debe entenderse dentro de la estructura general de respuesta del Distrito. El Departamento Administrativo de Contratación Pública tiene entre sus responsabilidades formular y ejecutar políticas relacionadas con la contratación de la Administración Central y orientar los procesos de adquisición de bienes y servicios. También coordina actividades relacionadas con el abastecimiento de bienes y servicios requeridos por las dependencias distritales.
Esta función adquiere importancia durante una emergencia porque la administración necesita adquirir bienes, contratar servicios y organizar recursos para responder a las necesidades de la población. La normativa colombiana contempla procedimientos especiales para situaciones de desastre y calamidad pública, con mecanismos que permiten atender de manera más rápida las necesidades generadas por una emergencia, bajo los controles establecidos por la ley.
Con corte al 17 de agosto, el centro de acopio reportaba 204,2 toneladas de ayudas entregadas, distribuidas mediante 280 despachos y 1.970 renglones de productos. De ese volumen, 156,3 toneladas fueron destinadas a 22 sectores de Cali, correspondientes a 17 comunas y cinco corregimientos, mientras 48 toneladas fueron enviadas a otros municipios del Valle del Cauca. En la operación participaron más de 3.000 voluntarios.
Un reporte posterior señala que la distribución llegó a 363,6 toneladas de asistencia humanitaria. De esa cantidad, 307 toneladas fueron asignadas dentro de Cali. En la zona urbana se registraron entregas en las comunas con mayores niveles de afectación, entre ellas la Comuna 19, con 55.455 kilogramos; la Comuna 20, con 29.933 kilogramos; la Comuna 13, con 21.862 kilogramos; la Comuna 2, con 19.924 kilogramos, y la Comuna 18, con 16.559 kilogramos.
En la zona rural fueron destinados 25.918 kilogramos de ayuda. También se reportó el envío de 56,6 toneladas a 19 municipios del Valle del Cauca y otras zonas afectadas. Entre los municipios mencionados están Buenaventura, Dagua, La Cumbre, La Unión, Yumbo y Trujillo.
La labor del Departamento Administrativo de Contratación Pública no consiste en sustituir a las dependencias responsables de la atención directa de los damnificados. Su papel está relacionado con facilitar y orientar los procesos contractuales que requiere la Administración Distrital para responder a la emergencia.
La declaratoria de emergencia nacional también abrió la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias en materia presupuestal, contractual y financiera para atender el desastre y avanzar en la recuperación. El Gobierno Nacional informó que estas herramientas pueden utilizarse para asistencia humanitaria, vivienda temporal, infraestructura, salud, educación y reconstrucción.
El balance nacional presentado el 21 de agosto registró 146.188 familias afectadas, 284.185 personas afectadas, 321 fallecidos, 4.595 heridos y 257 desaparecidos. También se reportaron 163.884 viviendas averiadas y 31.445 destruidas.
En este escenario, los procesos de adquisición y contratación deben responder a necesidades concretas de la emergencia y mantener los mecanismos de control correspondientes. La información oficial de Cali señala que la contratación en situaciones de calamidad se desarrolla bajo el régimen especial previsto en la Ley 1523 de 2012 y otras normas aplicables.
La participación de Contratación Pública en esta emergencia se concentra, por tanto, en apoyar la capacidad institucional para adquirir bienes y servicios, orientar procesos contractuales y contribuir a que los recursos destinados a la atención de la población afectada puedan ser gestionados bajo los procedimientos establecidos.
