Lo ocurrido con el terremoto del 10 de agosto 2026 en varias regiones del país, constituye un hecho natural al cual es imposible resistirse por tratarse de un fenómeno que corresponde a una fuerza mayor comparable con otros sucesos naturales que se presentan en la naturaleza tales como, por ejemplo, los maremotos, huracanes, etc.
El terremoto dejó destrucción de viviendas, centros comerciales, escuelas, hospitales, edificios públicos, lo cual debe servirles a las autoridades encargadas de realizar los estudios geológicos y geotécnicos para realizar a la mayor brevedad posible los códigos y normas respectivas para por lo menos tratar de mitigar en el futuro los efectos de los fenómenos naturales que desde luego, son imposibles de prever y de prevenir, más allá de lo que la experiencia y el conocimiento científico nos permiten conocer.
Por otra parte, además de contar con modernos protocolos en construcción que ofrezcan una mayor seguridad , es necesario que las autoridades ejerzan un mayor control y vigilancia sobre las construcciones que se realizan en las ciudades por cuenta de constructoras encargadas de la realización de obras públicas y privadas que en algunos casos operan a bajos costos en su ejecución, colocando en grave riesgo la seguridad de las personas que ocupan por ejemplo, apartamentos y otra clase de construcciones como escuelas o centros de salud, etc.
En medio de la adversidad de las familias que sufrieron el impacto del terremoto, es necesario destacar el espíritu de solidaridad de los colombianos conjuntamente con la labor que cumplen las autoridades a todos los niveles de la administración pública.
En cuanto a la reconstrucción de las ciudades será necesario elaborar un gran plan integral que cubra los diferentes asuntos relacionados en primer lugar, con la situación económica y social de los damnificados como un aspecto prioritario para resolver. Así mismo, es indispensable que las nuevas construcciones que se levanten en el territorio nacional afectado con el sismo se construyan con las nuevas normas de sismorresistencia y estudios geotécnicos del suelo en el que se levantarán.
Se trata de no repetir errores teniendo en cuenta la reciente experiencia y la de naciones vecinas situados en el área de influencia del “cinturón de fuego del Pacífico” y por tanto con posibilidades de enfrentar nuevos terremotos, no siendo la sismicidad el único riesgo para el país con costas sobre el mar Caribe y el Pacífico, la Amazonía, etc., que lo hacen vulnerable a riesgos de inundaciones, huracanes, incendios, etc.
A los desastres naturales se suma la profunda desigualdad socioeconómica que no ha sido enfrentada por los gobernantes de turno más allá del asistencialismo propio de los populismos de izquierda y de derecha. De lo que se trata, es de no profundizar estas desigualdades en departamentos y municipios abandonados por el Estado como los del Chocó entre otros, San José del Palmar epicentro del terremoto del 10 de agosto.
Se trata de volcar la acción del Estado sobre aquellas ciudades y poblaciones como Buenaventura afectada ferozmente por el terremoto y abandonada desde siempre por los gobiernos nacional, regional y local. Así las cosas, llegó el momento para realizar las acciones necesarias e indispensables tendientes a recuperar la ciudad no solo en lo urbanístico sino, en lo relacionado con la parte social, económica y ambiental de los habitantes que se merecen una vida digna y un desarrollo sostenible de su territorio.
La participación de los bonaverenses en la reconstrucción de la ciudad es fundamental para lograr su recuperación atendiendo los intereses y necesidades de toda la comunidad, particularmente de los sectores más vulnerables y olvidados de la sociedad.
