Una mirada política, administrativa y constitucional al sometimiento del
Concejo Municipal frente a los alcaldes y sus proyectos inviables
Durante las últimas tres décadas, Cali ha vivido una crisis estructural en su gobernabilidad local. El poder político de los alcaldes ha convertido al Concejo Municipal —institución concebida constitucionalmente como órgano de control y deliberación democrática— en un apéndice administrativo, sin autonomía ni función fiscalizadora real. Este fenómeno de cooptación política, que atraviesa gobiernos de todos los partidos y colores, ha tenido consecuencias devastadoras para la ciudad: proyectos inconclusos, endeudamientos injustificados, y una democracia local cada vez más erosionada.
Desde la Constitución de 1991, estableció la independencia funcional entre el Concejo y el Alcalde, como garantía de equilibrio de poderes locales. El artículo 313 asigna a los concejos la función de dictar normas, aprobar planes de desarrollo y ejercer control político, mientras que el alcalde, conforme al artículo 315, ejecuta esas políticas. Sin embargo, en Cali esta relación se distorsionó al punto de convertirse en una relación de subordinación política, en la que los concejales terminan respondiendo más a intereses burocráticos que al mandato ciudadano.
Ejemplos sobran. Desde el colapso técnico , administrativo y financiero de Termoemcali, hasta los proyectos inviables del MIO Apolinar, las 21 Megaobras Ospina I , el Corredor Verde Guerrero II, Mi Comunidad es EscuelaArmitage , los cinco parques de Ospina II, y los actuales proyectos incluidos en los paquetes de endeudamiento de $35 billones 2024–202, como el Bulevar de la Sexta, el Parque Central Cañaveralejo o el tren de cercanías, todos han compartido una constante: falta de estudios técnicos, cierres financieros débiles y ausencia total de control político efectivo. O es que el tren de cercanías, nacerá con un proyecto con un mercado inviabiable por el MIO.
Cada administración ha heredado los errores de la anterior y los ha cubierto con nuevos anuncios, sin rendición de cuentas ni sanciones , de sus entes de control Concejo, Contralor y Personero de Cali.
El problema de fondo no es únicamente técnico o económico, sino institucional y legal. La práctica de “comprar” apoyos en el Concejo mediante cargos, contratos o burocracia ha convertido la política local en un mercado de favores. Como se ha visto recientemente en la aprobación del endeudamiento mas grande de la historia
La Alcaldía de Alejandro Eder prometió el fon del continuismo, se regresó hace mas de 1 año a lo tradicional y ahora ha priorizado mantener su coalición mayoritaria, en lugar de garantizar la independencia de los concejales. Los rumores sobre una posible ruptura en los acuerdos políticos desataron movimientos internos que confirman el viejo patrón: los intereses burocráticos pesan más que el mandato constitucional.
Esta situación es profundamente inconstitucional, por tres razones fundamentales:
- El alcalde no puede controlar ni imponer decisiones al Concejo. Esto vulnera el principio de separación de poderes y la autonomía de la corporación pública.
- Los concejales no son subalternos políticos del alcalde. Su papel es representar a la ciudadanía y ejercer control político, no obedecer directrices del ejecutivo.
- El reparto de cargos o contratos como mecanismo de alineación política es un acto de corrupción institucionalizada, contrario al deber de transparencia y probidad administrativa.
A pesar de esta evidencia, el Concejo de Cali nunca ha ejercido una moción de censura en los últimos veinte años, ni siquiera frente a los múltiples escándalos y fracasos administrativos. Lo ocurrido con el secretario de Seguridad, Jairo García, no pasó de ser un espectáculo político sin consecuencias reales. Mientras los concejales sigan teniendo “precio” en puestos o en contratos, la ciudad seguirá sin control político ni transparencia.
Las preguntas al Concejo, que evidencian la cooptacion:
- Por que el Concejo , no revisa y hace revisar imparcialmente la inviabilidad fiscal de Cali, probada desde el 2017, en el Marco Fiscal de mediano plazo, aprobado ese año, con endeudamiento incluido ( Armitage)
- Lo mismo Ospína II, en 2 endeudamientos del 2020 y el 2023
- Idem Eder, en el endeudamiento aprobado 2024.
- Por que no se demanda penal y civilmente a Caliescribe, quien ha sostenido la quiebra fiscal de Cali , lo que sería panico financiero.
- Por que el Concejo no hace un balance real de la estafa de Valorizacion Cali, 2008 – 2025.
- Por que el Concejo le huye al debate real del MIO , su quiebra tecnica desde el 2007
- Por que el endeudamiento de Eder por $3.5 billones no compromete ninguna obra, como obligacion de hacer, es decir, no hay relacion de obras a realizar , en el acuerdo distrital aprobado en el 2024.
Cali sigue enfrentando una parálisis institucional alimentada por la cooptación política del Concejo. Esta subordinación anula la democracia local, impide la fiscalización de los recursos públicos y perpetúa el ciclo de proyectos inviables y promesas incumplidas. La ciudadanía pide un Concejo autónomo, deliberante y fiscalizador, no un brazo burocrático del alcalde. A recuperar la dignidad institucional de la capital del Valle del Cauca.
