La posesión del presidente Abelardo De La Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo abre una oportunidad para que Cali y el Valle del Cauca reconstruyan una relación estratégica con el Gobierno Nacional. Más allá del acto protocolario, este momento exige liderazgo político y capacidad de gestión del alcalde Alejandro Eder y de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quienes deben encabezar una agenda institucional unificada que represente los intereses del suroccidente colombiano. La escasa representación vallecaucana en el nuevo gabinete ministerial, especialmente la ausencia de una cartera como Ciencia, Tecnología e Innovación, obliga a redoblar esfuerzos para posicionar las prioridades regionales. El mensaje electoral de 2026 debe interpretarse como un mandato para recuperar influencia, competitividad y capacidad de interlocución con el nuevo Gobierno, dejando atrás años de distanciamiento institucional.
Acuerdo entre la Nación, Cali y el Valle del Cauca
La posesión presidencial debe convertirse en el punto de partida de un gran acuerdo entre la Nación, Cali y el Valle del Cauca, sustentado en proyectos concretos y resultados medibles. La región, una de las mayores aportantes al PIB, al comercio exterior, al sector agroindustrial y a la logística nacional, necesita una agenda que priorice seguridad, infraestructura, innovación, empleo y transformación tecnológica. No puede repetirse la experiencia de los últimos años, cuando la confrontación política debilitó la gestión y redujo el respaldo nacional a las necesidades del suroccidente. Es el momento de que el alcalde y la gobernadora hablen con una sola voz, construyan una alianza regional sólida y promuevan un modelo de corresponsabilidad con el nuevo Gobierno, orientado a recuperar la confianza, fortalecer la inversión pública y privada y mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los vallecaucanos.
La historia se repite
La quiebra fiscal volvió a Cali en el 2026, en 1999, sepultó el Metro. El Gobierno Nacional, mediante el ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, obligó al municipio a firmar un Plan de Desempeño con sus acreedores para recuperar la viabilidad financiera. El CONPES del Metro de 1997 quedó convertido en papel muerto. Como compensación llegaron algunas obras viales y, en 2002, nació el MIO como sustituto del sistema férreo. Veinticuatro años después, el balance es demoledor: un sistema sin cierre financiero, en quiebra técnica, subsidiado permanentemente y administrado bajo la responsabilidad compartida de Metrocali, alcaldes, Concejo y organismos de control. Cali cambió un Metro por un modelo que nunca logró ser sostenible.
La verdad fiscal entierra el Tren de Cercanías
La historia vuelve a poner a Cali frente al mismo espejo. El nuevo Gobierno Nacional ha anunciado que revelará la verdadera situación de las finanzas públicas. Si ese principio se aplica al Distrito, será imposible ocultar la inviabilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo y la quiebra fiscal advertida por el propio alcalde entre 2023 y 2024. Durante más de veinte años se financiaron déficits con deuda, subsidios, acuerdos fiscales y rescates al MIO, mientras crecían las obras inconclusas y las obligaciones sin respaldo. En esas condiciones, el Tren de Cercanías corre el mismo destino del Metro: ningún proyecto ferroviario sobrevive cuando las finanzas públicas están quebradas.
Este 2026, Cali debe ser intervenido
Nuevamente Marco fiscal de mediano plazo inviable, en consecuencia Cali, debe ser intervenido fiscalmente. Los proyectos estratégicos no fracasan por falta de estudios ni de discursos; fracasan porque las cuentas no cuadran. Durante dos décadas fue más rentable vender ilusiones que corregir el desorden fiscal. Se anunciaron megaproyectos, se contrataron consultorías y hasta se premiaron iniciativas que hoy carecen de soporte financiero. Pero los bancos, los inversionistas y el nuevo Ministerio de Hacienda no evalúan promesas: evalúan balances. La salida comienza por reconocer la realidad. Si en 1999 la verdad fiscal acabó con el Metro, en 2026 detiene el Tren de Cercanías. Solo entonces Cali podrá reconstruir su credibilidad, sanear sus finanzas y aspirar, con responsabilidad y no con propaganda, a tener un verdadero Metro hacia 2034.
Carta abierta al Presidente de la República
Cali necesita un rescate nacional, llegó al límite por 20 años de malas decisiones públicas. La ciudad enfrenta una crisis fiscal, financiera, económica, social y administrativa que exige una intervención del Estado. Basta proyectar el Marco Fiscal de Mediano Plazo con todos sus pasivos para demostrar que el modelo actual es insostenible. El MIO terminó siendo un sistema inviable y dependiente de subsidios; las Megaobras dejaron nueve proyectos inconclusos tras quince años de incumplimientos, mientras miles de contribuyentes siguen esperando. A ello se suma una deuda de $3,5 billones. Cali no necesita más créditos ni más burocracia; necesita ajuste fiscal, reducción del gasto público y una lucha implacable contra la corrupción.
La Nación también debe asumir su responsabilidad con Cali
Durante los últimos años el Gobierno Nacional observó el deterioro de Cali sin impulsar un verdadero plan de recuperación. La violencia aumentó, el desempleo y la informalidad superan el 60 % de la población económicamente activa y la educación pública continúa rezagada frente a la privada. La respuesta debe ser estructural: un bloque especializado contra las organizaciones criminales, una Región Económica Especial que integre Cali, Buenaventura y Buga como plataforma exportadora, programas masivos de vivienda social en Ecociudad Navarro, soluciones definitivas de agua potable y una revolución educativa que fortalezca a maestros y estudiantes. Sin seguridad, empleo y educación de calidad, Cali seguirá perdiendo competitividad y expulsando oportunidades para miles de jóvenes.
La mayor obra del Gobierno será devolverle el futuro
El Tren de Cercanías es un proyecto estratégico, pero hoy no representa la principal urgencia de Cali. Antes de construir nuevas obras, el Estado debe rescatar las finanzas del Distrito, salvar el MIO y recuperar la confianza ciudadana. En 1999 la Nación intervino porque entendió la gravedad de la crisis fiscal; hoy los indicadores muestran un panorama aún más delicado. Por ello solicitamos una intervención fiscal extraordinaria liderada por el Ministerio de Hacienda y un Plan Integral de Rescate con metas obligatorias en seguridad, empleo, infraestructura, educación y saneamiento financiero. La mayor obra de este Gobierno no será inaugurar un tren, sino rescatar una ciudad que durante veinte años acumuló errores, obras inconclusas, endeudamiento y oportunidades perdidas.
OTROS CONFIDENCIALES
Presupuesto hipotecado por la deuda y el déficit estructural
El Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 confirma que Colombia ha entrado en una etapa de estrechez fiscal sin precedentes. Un presupuesto de $575,6 billones nace con un faltante explícito de $30,2 billones, sujeto a futuras reformas tributarias o nuevas fuentes de ingresos aún inexistentes. Más grave aún, la deuda del Gobierno Nacional supera los $1.167 billones, equivalente a más del 60% del PIB, mientras el servicio de esa deuda absorberá $118 billones, de los cuales $87,7 billones corresponden únicamente a intereses. En términos prácticos, uno de cada cinco pesos del presupuesto no financiará desarrollo, empleo ni infraestructura, sino obligaciones acumuladas por años de déficits fiscales. El Estado termina administrando su endeudamiento antes que el crecimiento del país, reduciendo progresivamente su margen de maniobra económica.
Menos inversión, más rigidez: la ruta hacia el estancamiento económico
La disminución de la inversión pública al 4,2% del PIB constituye una señal preocupante para el futuro productivo de Colombia. Mientras aumentan aceleradamente los pagos financieros, se sacrifican recursos destinados a carreteras, vivienda, educación superior, agua potable y competitividad regional. El gasto de funcionamiento permanece prácticamente congelado en términos reales, pues su crecimiento nominal resulta inferior a la inflación, y además está comprometido por obligaciones legales inflexibles como pensiones, salud, SGP, magisterio y nómina estatal. Este escenario evidencia un presupuesto sin capacidad de transformación, donde el margen para impulsar crecimiento es cada vez menor. Si no se emprende una reforma estructural del gasto público y de la sostenibilidad fiscal, el país corre el riesgo de consolidar un ciclo permanente de bajo crecimiento, mayor presión tributaria y deterioro de la confianza inversionista.
PROPAL: la liquidación de otro gigante industrial del Valle
La liquidación judicial de PROPAL, empresa del Grupo Carvajal con 64 años de historia, constituye mucho más que el cierre de una fábrica: simboliza la desaparición de uno de los pilares de la industrialización del Valle del Cauca. Nacida en 1957 como Pulpaco y puesta en marcha en Yumbo en 1961, fue pionera en transformar el bagazo de caña en papeles finos, integrando la agroindustria con la manufactura de alto valor agregado. Durante seis décadas generó miles de empleos, impulsó innovación tecnológica y fortaleció la economía regional. Su desaparición confirma la acelerada desindustrialización del Valle y evidencia el deterioro de las condiciones para producir en Colombia. Cuando una empresa emblemática, con trayectoria, conocimiento y capacidad exportadora termina en liquidación, el problema deja de ser empresarial y se convierte en un desafío estructural para la economía nacional.
Advertencia para el futuro industrial de Colombia
La inviabilidad de PROPAL fue consecuencia de una combinación de factores que ninguna estrategia empresarial logró revertir: caída de los precios internacionales del papel, competencia asiática, altos costos logísticos y energéticos, revaluación del peso, incertidumbre tributaria y reducción de los márgenes de rentabilidad. Tras múltiples planes de eficiencia, búsqueda de inversionistas y reestructuraciones laborales, la liquidación se convirtió en la única salida jurídica. El impacto trasciende a la empresa: golpea proveedores, transportadores, cultivadores de caña, contratistas y cientos de familias, además de debilitar la capacidad manufacturera del Valle del Cauca. La desaparición de PROPAL deja una lección ineludible: sin una política nacional de reindustrialización, competitividad e incentivos efectivos para producir, Colombia seguirá perdiendo empresas históricas, conocimiento acumulado y empleos de calidad que ningún sector de servicios podrá reemplazar plenamente.
