El atentado ocurrido contra el batallón Pichincha en Cali no es un hecho aislado: es la confirmación de una tendencia peligrosa. Un cilindro bomba lanzado al interior de la base militar no detonó, pero otro explotó en un bus cercano, dejando heridos y generando pánico urbano. Más grave aún que el hecho en sí es lo que revela:
había alertas, antecedentes y patrones repetidos. Y aun así, el ataque ocurrió.
Cali no está frente a una sorpresa, sino ante una falla. Una falla institucional.
La ciudad viene acumulando señales: atentados recientes, operaciones frustradas, presencia creciente de disidencias armadas en el suroccidente y una presión constante desde el norte del Cauca. Incluso en 2026 ya se habían frustrado varios ataques antes de este ([Gobierno de Caldas][2]). Es decir, el riesgo era conocido. El enemigo no improvisa; planifica. Pero la respuesta estatal sigue reaccionando, no anticipando.
El caso del batallón Pichincha es especialmente delicado porque no se trata de un objetivo cualquiera: es una instalación militar en zona urbana. Eso implica protocolos reforzados de inteligencia, control perimetral y vigilancia preventiva. Sin embargo, según la información disponible, los atacantes lograron acercar un vehículo, usarlo como plataforma de lanzamiento y huir. Ese nivel de ejecución no solo habla de capacidad criminal, sino de vacíos en seguridad.
Aquí surge la pregunta incómoda: ¿falló la inteligencia, la prevención o la coordinación?
Porque cuando existen alertas previas y las había, la seguridad no puede limitarse a la reacción posterior. La función del Estado es evitar que el hecho ocurra. Y en este caso, no lo logró. No basta con ofrecer recompensas después ni con condenas institucionales. Eso es gestión del daño, no gestión del riesgo.
Cali se está reinsertando en dinámicas de conflicto armado que parecían contenidas. La ciudad ya vivió atentados similares en 2024 y 2025, algunos con consecuencias fatales y civiles afectados. Hoy, el patrón se repite: ataques con cilindros, uso de vehículos como plataforma, impacto en zonas urbanas. No hay innovación criminal, hay persistencia. Y frente a eso, la respuesta estatal parece episódica.
El problema de fondo no es solo militar, es urbano y político. Cali es una ciudad con desigualdad, economías ilegales, corredores estratégicos hacia el Pacífico y una institucionalidad en crisis. En ese escenario, la seguridad no puede depender únicamente de operativos. Requiere inteligencia territorial, control del entorno y, sobre todo, coherencia entre gobierno local, fuerza pública y nivel nacional.
El atentado de hoy reabre una discusión que no puede seguir aplazándose: la seguridad en Cali no está fallando por falta de fuerza, sino por falta de estrategia.
Si había alertas y aun así ocurrió, el problema no es la amenaza. Es la capacidad de anticiparla. Y eso, en términos de ciudad, es lo verdaderamente alarmante.
