La discusión sobre el segundo fracaso del alcalde Alejandro Eder no es un asunto menor: es una reflexión sobre la coherencia entre planeación, ejecución y responsabilidad política en la gestión urbana de Cali. El problema no radica solo en cuántas obras se entregan, sino en cuáles, cómo y bajo qué condiciones financieras e institucionales se dejan a la ciudad.
El plan de inversión cercano a $3,5 billones, hoy sujeto a ajustes, evidencia una debilidad: la falta de un marco claro, aprobado y priorizado de proyectos. La no aprobación integral del listado de obras por parte del Concejo de Cali generó incertidumbre donde las obras “entran y salen”, afectando la transparencia y la confianza pública. La planeación, que debería ser el cimiento del desarrollo urbano, se convierte en una variable sujeta a presiones fiscales y decisiones cambiantes.
El alcalde proyectado realmente a entregar 6 grandes obras, dejará sin concluir las más complejas: puentes, intersecciones, estaciones de transporte y corredores estratégicos. Y lo peor, sin cumplir con el déficit de obras de sus antecesores. Esta asimetría no es casual. Las obras que se terminan son, en su mayoría, de menor complejidad técnica y riesgo financiero, mientras que las de mayor impacto en movilidad quedan trasladadas al siguiente gobierno. Igual que lo realizado por el alcalde Ospina I y Ospina II, nos dejó en ambas administraciones con muchos elefantes blancos.
Es obvio que no se está gobernando para transformar la ciudad, si para mostrar resultados en el corto plazo, porque no resolvió el alcalde Eder los problemas estructurales de ciudad. Cuales: MMMP inviable, viabilidad del MIO, cumplimiento con la valorización y sus obras, un plan de largo plazo, que lo ofreció como gobernante. Y nos dejará sin hoja de ruta para los 500 años, en el 2036.
El riesgo fiscal agrava el panorama. La reducción temporal del empréstito a $2,0 billones “por prudencia” y su posterior incremento reflejan falta de consistencia en la estrategia financiera. Esto no solo compromete la ejecución, sino que deja abierta la posibilidad de obras inconclusas o futuras adiciones presupuestales, trasladando cargas al siguiente periodo. La historia de las 21 megaobras recuerda cómo proyectos mal estructurados terminan en deudas prolongadas y menor confianza.
Más allá de la infraestructura, el impacto es institucional. El incumplimiento de promesas de campaña en lucha contra la corrupción, despolitización y eficiencia se suma a la percepción de improvisación. La ciudadanía no solo evalúa obras, sino la credibilidad del gobierno. Y cuando las expectativas superan los resultados, el saldo es pérdida de legitimidad, que se prueba en más de 16 meses de caída libre en aprobación ciudadana, quedando solo en el 19.9%.
Aun está a tiempo de rectificar , pero si esta tendencia se mantiene, el legado será el de una ciudad con obras inconclusas, y una ciudad inviable fiscal, económica y socialmente. El fracaso no es solo es político, es administrativo y estratégico. Porque gobernar una ciudad como Cali no es inaugurar proyectos, sino cerrar brechas. Y hoy, esas brechas avanzan más rápido de lo que las obras logran cerrarlas. Es observar que 300 kms de rehabilitar vías, no tapa los 1.600 kms de huecos, lo mismo en la pesima calidad educativa, el desorden de las motos, la semaforización del siglo pasado, o la creciente inseguridad o lo adeudado fiscalmente que crece y nadie para , etc.
Pobre Cali, administrado como un pueblo grande, que nadie vigila , solo se hincha.
