El alcalde Eder dio a conocer a los caleños a través de los medios de comunicación varios anuncios relacionados con la ejecución de una serie de iniciativas y proyectos de obras aplazados por diferentes razones particularmente de carácter financiero.
En primer lugar, se tata de adquirir una nueva flota de buses eléctricos para el MIO con los cuales se sustituyen los buses que prestan el servicio de transporte urbano en la ciudad de Cali.
De esta forma se actualiza el parque automotor, lo que aparentemente significa un avance y mejoramiento de este servicio público que se le entrega a los operadores privados para el cumplimiento de dicha función de transporte público.
De esta manera se conserva la alianza público privada. No obstante, los resultados de una gestión que trajo como consecuencia la crisis del sistema en su conjunto desde el punto de vista económico, financiero y operativo, ésta se podría agudizar en el inmediato futuro con el mantenimiento del mismo sistema.
Como ha sucedido en el pasado, los grandes beneficiados siempre han sido los transportadores privados, que se valen de los acuerdos que realizan con los alcaldes de turno, con los cuales apalancan sus negocios mediante la financiación con los recursos fiscales del presupuesto distrital que a su vez se nutre de los impuestos, tasas, contribuciones que pagan los caleños.
En este caso, la pregunta que se hacen los caleños es, ¿acaso no sería mejor que el manejo y control del transporte masivo se municipalizara y no continuar en manos de los empresarios del transporte que tradicionalmente lo han manejado con la complacencia de los alcaldes que ha tenido la ciudad?
Otro de los aspectos que inquietan a los caleños es aquel que tiene que ver con la ejecución de obras ordenadas que nunca se ejecutaron y que hacen parte por ejemplo, del plan de las 21 mega obras, como la construcción del puente de Chipichape, la vuelta de occidente, etc., cuyo costo en la actualidad ha superado con creces las expectativas financieras que se tenían y que de alguna manera se trasladarán de manera indirecta a los contribuyentes como ha sucedido en el pasado con las obras de infraestructura construidas en la ciudad, al margen de la opinión de los caleños con quienes no se discute sobre su conveniencia y utilidad, en tanto, se impone a partir del querer y la voluntad del gobernante que en última instancia representa y defiende intereses de clase, grupo social o individuales.
Nuestra exigencia desde la veeduría que representamos es que dichas iniciativas y proyectos de interés general se decidan con los caleños de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en las leyes del país que privilegian el derecho inalienable y soberano de participar en las decisiones que se toman en la ciudad que afectan sus intereses económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, etc., que de no ser así deterioran la paz, la convivencia social, el progreso y el bienestar general.
ADENDA: El retiro intempestivo del Minhacienda de la reunión de la junta del Banco de la República y la posibilidad de no regresar, paralizará el funcionamiento de dicho organismo.
La política monetaria y crediticia del banco se toma de acuerdo con las decisiones que en materia de política macroeconómica adopta el gobierno nacional, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la ley. Por el contrario, con la decisión del ministro de retirarse de la junta se genera una situación anómala de rompimiento de las relaciones entre el gobierno y los miembros de la junta directiva del Banco de la República.
De esta manera se impone la concepción neoliberal de aumentar la tasa de interés que beneficia al sector financiero, en tanto que, la posición del gobierno radica en la necesidad de reducir dicha tasa para beneficiar el crédito en favor de pequeños y medianos empresarios, decisiones estas que serán aprovechadas por los diferentes partidos y candidatos con fines estrictamente electorales.
