Durante la campaña electoral el otrora candidato Alejandro Eder, hoy alcalde de la ciudad, ofreció toda clase de promesas a los caleños en torno a la realización de obras que hasta el momento ni siquiera se han iniciado, después de más de 13 meses de gestión al frente de la administración distrital.
Muy poco es lo que se ha realizado en materia de ejecución de obras públicas como sucede, por ejemplo, con las obras inconclusas en el sector de Siloé a cargo de EMCALI cuyo gerente asegura que el contrato para la construcción de obras de acueducto, alcantarillado e infraestructura cuenta con los recursos y la interventoría para continuar su desarrollo.
No obstante, ha pasado más de un año y las obras no se terminan afectando la calidad de vida de los habitantes de este sector de la ciudad, además de los problemas que se han creado en movilidad ante la parálisis de las obras. Lo insólito del caso es que el contratista solo se compromete “a reiniciar las obras en poco tiempo” y entregarlas a partir del 31 de julio de este año, no quedando la menor duda de que no es improbable que para dicha fecha no estén terminadas en su totalidad y se prorrogue el contrato, lo que implica costos adicionales, tal como ha sucedido en épocas anteriores, con otras administraciones.
Adicionalmente los comerciantes de la plaza de mercado de Siloé reclaman mejoras en la infraestructura eléctrica afectada con un incendio que dejó por fuera de servicio el fluido eléctrico en el sector.
Conjuntamente con esta situación, los caleños deben exigir del alcalde Eder que atienda con soluciones concretas y reales a los habitantes del Jarillón del Río Cauca que claman por una pronta solución que se ha dilatado en el tiempo.
Otra de las exigencias ciudadanas, reiteradas en los últimos 15 años particularmente al alcalde Eder desde su posesión, es devolverles a quienes pagaron la totalidad de la contribución de valorización por las 21 megaobras, la parte que les corresponde por las no construidas, de acuerdo con el decreto nacional sobre la contribución de valorización por cuanto constituye un pago de lo no debido; devolución que debe hacerse debidamente indexada. Contrasta esta situación con la manera acuciosa cómo en menos de 72 horas y en un momento de dificultad financiera para el distrito, el acalde Eder a través de sus funcionarios en el departamento de Hacienda ordenó devolverle al Club Campestre más de dos mil millones de pesos correspondiente al impuesto predial por los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 que según se dice, habían pagado al distrito de Cali sin estar obligados a hacerlo por ser un bien declarado de interés cultural BIC. Situación ésta que amerita un debate serio, riguroso, bien argumentado en lo jurídico, técnico y financiero sobre el “castigo” que como “solución” pretende darles a los propietarios de bienes BIC y entre otros, a los habitantes del barrio San Antonio de interés patrimonial, exonerados por el concejo distrital del pago del 50% del impuesto predial; discusión que debe hacerse igualmente sobre el patrimonio histórico de la Ciudad destruido en manos de intereses particulares y con ello la memoria de Cali, además de deteriorar el paisaje y el medio ambiente, patrimonio al que esta administración no ha prestado atención.
Así mismo será necesario que el alcalde Eder les explique a los caleños que pasará con el proyecto del tren de cercanías que no parece que tendrá principio ni final feliz, como también si se construirá el puente de Chipichape y a nueva vía al mar.
Por lo demás el señor alcalde Eder debe informar sobre los planes qué tiene a corto y mediano plazo para recuperar los ríos de la ciudad entre ellos el río Cali, sus bosques y fuentes hídricas que surten de agua a la ciudad, afectados con los procesos urbanísticos que se desarrollan en la zona rural, a propósito del compromiso del alcalde de concluir la construcción de la Vuelta de Occidente con lo cual se terminará causando un gran daño al medio ambiente natural y biodiverso del sector.
El alcalde no debe olvidar que el ejercicio de la función administrativa implica la defensa del interés general por encima del interés personal, en tanto que su obligación constitucional y legal consiste, además de sus funciones como alcalde de la ciudad, el de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en todos aquellos asuntos que los afectan directa e indirectamente en materia económica, política, social, administrativa, cultural, ambiental, lo que no se debe reducir a la simple comunicación con los ciudadanos que reclaman sus derechos y libertades para lograr el cumplimiento por parte de sus mandatarios de los objetivos del plan de desarrollo.L
