Políticos, empresarios y analistas advierten sobre los riesgos y las oportunidades
de convocar una Asamblea Constituyente a meses de las elecciones presidenciales
El reciente anuncio del Gobierno Nacional de convocar a una Asamblea Constituyente ha encendido un profundo debate político, económico y social. La propuesta, planteada a menos de un año de las elecciones presidenciales, divide opiniones entre quienes la ven como una oportunidad histórica para transformar el país y quienes la consideran un riesgo para la estabilidad institucional.
Desde la derecha política, partidos como el Centro Democrático y figuras conservadoras han expresado un rechazo. Argumentan que la iniciativa busca desestabilizar el orden democrático y podría tener un trasfondo electoral. Voceros de este sector han advertido que impulsarán mociones de censura contra los funcionarios del gobierno que respalden abiertamente el proceso, calificándolo como un intento de perpetuar el poder y de distraer la atención de los problemas económicos y de seguridad que enfrenta el país.
Diferente a los movimientos y partidos de izquierda, cercanos al gobierno, defienden la propuesta como un acto legítimo de soberanía popular. Sostienen que la Constitución de 1991, aunque moderna en su momento, ya no responde a las necesidades actuales de justicia social, equidad y participación. Para ellos, la Constituyente sería el espacio para repensar el modelo económico, garantizar derechos sociales y fortalecer la democracia participativa.
El centro político y la oposición moderada han optado por la cautela. Si bien reconocen que hay razones válidas para discutir reformas profundas, advierten sobre el riesgo de utilizar el proceso como una herramienta política coyuntural. Estos sectores exigen una deliberación amplia, institucional y transparente, que no ponga en juego la estabilidad democrática ni la confianza ciudadana en las reglas de juego electoral.
Por su parte, los gremios empresariales y los líderes del sector privado manifestaron preocupación ante el impacto económico que podría generar una reforma de este tipo en medio de la incertidumbre política. La ANDI señaló que el anuncio incrementa el riesgo del país y podría afectar la inversión extranjera y la generación de empleo. Los empresarios insistieron en que la Constitución de 1991 ha permitido el desarrollo de una economía moderna y abierta, por lo que consideran que cualquier modificación debe realizarse dentro de los cauces institucionales y con objetivos claros.
Analistas políticos advierten que la coyuntura actual no es propicia para abrir un proceso constituyente. Con una economía en desaceleración, inflación en aumento y niveles de polarización sin precedentes, temen que el debate sobre una nueva carta política derive en mayor división y desconfianza. En cambio, sugieren concentrar esfuerzos en fortalecer las instituciones, garantizar elecciones transparentes y promover un diálogo nacional que siente las bases de un consenso real sobre el futuro del país.
En Caliescribe hemos considerado la importancia de una constituyente , porque no debemos seguir siendo un país, sin planeación de largo plazo, con un PIB percapita de US7000, que indica que somos tercermundistas, un país con una gran desigualdad social, por lo que es importante un NUEVO CONTRATO SOCIAL. Pero convocar una Constituyente en vísperas de un cambio de gobierno puede interpretarse como un intento de reconfigurar el poder político, lo cual podría prolongar la incertidumbre y debilitar la gobernabilidad.
Colombia requiere reformas profundas, sí, pero también estabilidad, confianza y liderazgo responsable. Encontrar un equilibrio entre la necesidad de transformación y la urgencia de preservar el orden democrático. En momento, el llamado a la Constituyente parece más una jugada política que una solución estructural.
