El centralismo burocrático y tecnocrático ha impedido el desarrollo de las regiones, generándose con ello un atraso que afecta a las poblaciones que viven en dichos territorios, particularmente en el caso de los departamentos y municipios de la Colombia profunda, sumida en la pobreza y la desigualdad económica y social.
Entretanto, los gobiernos de las capitales de los departamentos y demás municipios no cuentan con los recursos necesarios e indispensables para atender las necesidades de sus habitantes. Esto se debe a que los ingresos de los municipios provenientes de sus impuestos no les alcanza para atender sus necesidades, en tanto que la nación les devuelve una pequeña parte de los impuestos nacionales por concepto de renta y patrimonio que se generan en los municipios.
En el marco de la asamblea de Asocapitales 2026 su director Andrés Santamaría Garrido en reportaje de El Tiempo afirmó que “se enviaron una serie de propuestas a los candidatos presidenciales, además de manifestar que los alcaldes se sentían abandonados por el gobierno nacional dejando a los entes territoriales en busca de alternativas financieras para poder terminar los proyectos viales y de infraestructura y tener que afrontar los riesgos que se ocasionan con los cambios climáticos que han generado grandes fenómenos naturales que afectan a las poblaciones de varios de los municipios y departamentos del país”.
Por otra parte, manifestó que la presencia del Estado en las regiones es insuficiente para atender dicha problemática al tiempo que no existe una articulación entre el gobierno central y los gobiernos territoriales.
El hecho real es que ha sido muy difícil mantener un diálogo con el gobierno nacional para resolver los diferentes problemas que se presentan, como tampoco contar con los recursos financieros para solventar las necesidades de los territorios.
Igualmente, ha sido insuficiente la presencia del Estado en los territorios para combatir la criminalidad organizada dedicada al tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y el atraco callejero entre otras conductas antisociales.
El entrevistado manifestó que con la ley de competencias que cursa en el congreso de la república, se han presentado muchos desacuerdos entre los representantes de los entes territoriales y el gobierno nacional, los cuales tendrán que discutirse con el próximo gobierno que se instale en la casa de Nariño como es lo relacionado con la generación de nuevos ingresos fiscales para los departamentos y municipios y la creación de nuevos tributos que les permitan a los entes territoriales solventar sus necesidades relacionadas con el gasto social y la inversión, además de atender los asuntos atinentes con el cambio climático y la protección de las fuentes hídricas que sirven para proveer de agua potable a las comunidades.
Así mismo se afirma la necesidad de que las autoridades puedan estar más conectadas con el exterior a fin de atraer inversión extranjera para impulsar el crecimiento y desarrollo de las regiones.
Aunque todas estas iniciativas han tenido la posibilidad de debatirse en las comisiones del congreso, su alcance fiscal y financiero no son suficientes para atender las necesidades que los gobiernos municipales deben afrontar en sus territorios de una manera integral y funcional, además de que gran parte de los recursos fiscales se despilfarran a través de la contratación de obras que poco o nada han contribuido a resolver los problemas de las comunidades.
Para lograr un verdadero cambio será necesario introducir una reforma constitucional que tenga por objeto modificar la forma como está organizado el Estado, conformado en la actualidad por territorios como los departamentos y municipios, que deben ser reemplazados por otras formas organizativas como serían las regiones, con las que se identifique al país, y con la suficiente autonomía regional en materia económica, política, financiera, administrativa para atender sus necesidades, en tanto que los tributos del orden nacional que se causen en las regiones deben en su mayor parte quedarse en estas para cubrir el gasto social y la inversión.
Un ejemplo palpable de los efectos negativos que ha generado el centralismo burocrático y tecnocrático, lo constituye el trato discriminatorio que se ha dado al departamento del Valle del Cauca y a la ciudad de Cali por los gobiernos del orden nacional, negándose a acompañarlos en la financiación de varios de los proyectos de interés general que se han proyectado.
Se trata en este caso de modificar la vieja y desueta forma de organización departamental y municipal como parte fundamental para proseguir por los senderos del progreso y del bienestar general para toda la comunidad de Cali y del Valle del Cauca.
ADENDA: El escándalo que se ha conocido sobre acoso sexual y laboral denunciado por varias periodistas que de tiempo atrás ha venido sucediendo en CARACOL TV, no solo ha indignado al país sino que se ha convertido en una alerta máxima sobre lo que sucede en varias organizaciones empresariales del sector privado e instituciones del Estado, en donde se impone una relación de poder de ciertos personajes que prevalidos de su autoridad abusan y disponen a su antojo de la autonomía y libertad de las mujeres subalternas sin que exista sanción alguna al respecto. En la medida en que sean develadas tales conductas antisociales, será posible avanzar en la lucha que libran las mujeres contra la concepción y culturas machistas de algunos hombres que incide en el ámbito de las relaciones sociales, familiares y laborales, poniendo en riesgo la convivencia entre los hombres y las mujeres y los principios de la igualdad, la solidaridad y dignidad de las mujeres y el respeto mutuo. Desde la Veeduría que representamos invitamos tanto a los hombres como a las mujeres, independientemente de su condición económica y social a denunciar y luchar contra este tipo de conductas reprobables y a generar las condiciones para que dichos comportamientos no se sucedan en ningún caso y no se menoscabe la integridad de la mujer
