Algunos sectores sociales del país han convertido la política en una forma de lucha con agravios personales sin argumentos políticos, económicos, para enfrentar y perseguir a sus contradictores, con las consecuencias que esto implica desde el punto de vista de la utilización del poder del Estado y del manejo institucional de la justicia.
El caso del ex presidente Uribe es uno de tantos ejemplos que se pueden citar de judicialización de la política y en general con todos aquellos opositores a los gobiernos de turno, independientemente de su ideología política. Así mismo, se puede citar como ejemplo de politización de la justicia, el bloqueo institucional contra varios de los proyectos de ley y decretos del gobierno del presidente Petro, con lo cual se pone de presente dicha práctica por parte de algunos tribunales que utilizan argumentos de diversa índole para justificar sus actuaciones y en muchos casos para judicializar a determinados dirigentes políticos que actúan desde diversas orillas partidistas y a quienes se les sindica de la comisión de diversas violaciones de la ley.
Otro ejemplo lo constituye lo que sucede con el examen en la Corte Constitucional con la ley de pensiones aprobada por el Congreso de la República la cual es objeto del examen de constitucionalidad en el alto tribunal respecto del cual se advierte un sesgo político en el trámite de este control.
Actualmente cobra especial interés el examen del decreto presidencial sobre el incremento del salario mínimo en favor de los trabajadores asalariados, suspendido por el Consejo de Estado, suscitando toda clase de reacciones en favor y en contra, que trascienden el campo meramente jurídico para convertirse en un acontecimiento político de gran connotación desde el punto de vista social en razón de los efectos que traería en momentos en que en el país tiene lugar la campaña electoral para elegir los miembros del Congreso de la República y el nuevo presidente de Colombia.
Entre tanto, en la edición del 18 de febrero del diario El Tiempo aparece una entrevista al presidente del Consejo de Estado doctor Alberto Montaña Plata, quien manifestó que la decisión de suspensión del decreto presidencial por parte del Consejo de Estado, tan solo tiene por objeto solicitarle al señor presidente ajustar el salario mínimo a la fórmula establecida en la ley, concediéndole un plazo de ocho días para cumplir con esta orden.
Igualmente, afirmó que el Consejo de Estado no toma decisiones con el propósito de favorecer a ningún sector de la población, al tiempo que sus providencias se ajustan en un todo a la Constitución y a la ley y en este caso al artículo 8 de la ley 278 de 1996 y “no con carácter político” y mucho menos en contravía de los derechos fundamentales.
La utilización de la política en la justicia no solo ha contribuido a su deterioro sino a generar un gran caos que se refleja en las providencias de los jueces y magistrados, en tanto que los dirigentes políticos se ponen al servicio de las viejas y nuevas estructuras políticas interesados en mantener el statu quo o en realizar acciones políticas que solo generan cambios para que todo siga igual, utilizando la justicia para luchar contra sus contradictores y restringir el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos en tanto se oponen a sus pretensiones o por el contrario, a conceder toda clase de gabelas y garantías para quienes se dejan manipular y utilizar políticamente
